Por Juan Luis Berterretche.
La mayor tabacalera del mundo había demandado Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, reclamando una cifra de U$A 25 millones por presuntos perjuicios producidos a la corporación por la política de salud del país implantada em el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora Phillips Morris deberá pagar a Uruguay U$S 7 millones por honorarios y costos de abogados. Con el juicio a un pequeño país la transnacional intentaba amedrentar a outras naciones que pretendiesen tomar medidas soberanas contra el tabaquismo.
El resultado del juzgamiento abre para el mundo un panorama diferente. De ahora en adelante hay un antecedente jurídico internacional que favorece a los países que decidan tomar medidas contra el cancerígeno vicio del cigarrillo.
Tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyaron al país contra la tabacalera. También algunos países del continente como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Igual que Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner y Brasil antes del golpeachment que impuso al usurpador Michel Temer en la presidencia. También Suecia y Australia habían publicitado su apoyo a Uruguay em este tema.
Envenenando poblaciones junto com Hollywood
Philip Morris fue fundada como una tienda de tabaco en 1847 en Londres. Se trasladó a EEUU en 1902 y a la década siguiente fue adquirida en su totalidad por capital estadounidense. Desde 1983, Philip Morris es la compañía tabacalera más grande del mundo. Sus ventas representan más del 15% del mercado mundial de cigarrillos, con su marca emblemática Marlboro.
En sociedad con las tabacaleras, Hollywood, en el siglo pasado intercaló escenas en sus filmes donde los protagonistas encendían cigarrillos en momentos culminantes de calma, emoción o meditación. De esta forma impusieron el vínculo entre fumar y los momentos trascendentes de la vida. Tres generaciones fueron sojuzgadas por el emponzoñado encanto del humo criminal de las tabacaleras. Pero cuando el cowboy de Marllboro murió con los pulmones destruidos, el cigarrillo dejó de ser charme y paso a ser sinónimo de cáncer. Y ahora el mundo trata de librarse de él.
Philip Morris tiene su sede matriz en Lausanne en Suiza para aprovechar beneficios de tributación y de circulación (lavado) de capitales. Y también para evitar la justicia estadounidense: el 6 de junio de 2001, un jurado de Los Ángeles (California) condenó a la empresa a pagar 3000 millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón terminal. Este es el caso más oneroso en un proceso judicial sobre cigarrillos y posiblemente el más grande de un individuo contra una empresa estadounidense.
A partir de estos publicitados juicios, el gobierno estadounidense cortó todas sus vinculaciones com las empresas tabacaleras y em especial con la mayor corporación del rubro. Existe una órden expresa del Departamento de Estado (USA) de no intervenir en ningún evento o actividad pública junto a los mercaderes de la nicotina.
Tramposos tratados
La demanda de Philip Morris al estado uruguayo se basó en los términos de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que Uruguay firmó con Suiza en 1988 y entró en vigencia en 1991. La tabacalera argumentó que el TBI la protegía frente a modificación de disposiciones legales que lesionen su inversión en el País. Y pidió U$S 25 millones de indemnización por los perjuicios que le infligió la campaña contra el tabaquismo que desarrolló el país a partir de la presidencia del oncólogo Tabaré Vázquez.
Uruguay tiene 26 TBI firmados, 25 de ellos suscriptos por los partidos tradicionales. El más antiguo proviene de 1988, con Países Bajos; luego fueron una seguidilla de sujeción al neoliberalismo de los gobiernos colorados y blancos pos-dictadura. El más nuevo de los TBI, de noviembre de 2005 fue firmado con el dueño del circo, en Mar del Plata cuando Astori y Vázquez, recién elegidos, fueron a rendir pleitesía a George Bush Jr. mientras la mayoría de los países de Latino América rechazaba el ALCA, Tratado de Libre Comercio (TLC) que EEUU quería imponer como un paquete cerrado al continente.
El Frente Amplio votó el TBI con EEUU luego de un enfático pedido de Vázquez que también pretendía someter al país a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Y esta genialidad de economía politica fue impulsada dos años antes de la explosión de las sucesivas burbujas de capital ficticio estadounidense y la crisis económico-social-global consecuente, que nos hubiera atraído a secuelas funestas para el país. Este es un buen ejemplo de la visión económica y política estratégica internacional del tándem Astori-Vázquez.
Los TBI son tratados envenenados por el enlace obligado con el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, un tribunal del Banco Mundial cuyo director lo nombra el presidente de EUA, es decir una institución para emitir fallos a favor de las corporaciones transnacionales, como lo há hecho hasta ahora. Ya la aceptación por parte de un estado -supuestamente- soberano de rebajarse a una igualdad de condiciones con una empresa, significa un atropello a la soberanía del país, pero además se rescinde el derecho a juzgar dentro del propio territorio nacional.
Los clientes más preciados del CIADI además de las transnacionales son los fondos de inversión, en especial los denominados buitres capaces por ejemplo de embargar en un puerto de Ghana la fragata Libertad, el buque insignia de la armada argentina, en represalia de una reestructuración de la deuda externa que intentaba defenderse de las actividades depredadoras del sistema de endeudamiento público impuesto por el FMI en los años 70-80.
En América Latina el record de arbitraje escandaloso del CIADI fue a favor de la empresa Bechtel, concedido tras su fuga de Cochabamba (Bolivia) expulsada por la población enfurecida en acontecimientos acaecidos entre enero y abril del 2000 y conocidos como la Guerra del Agua.
Dictámen de CIADI favorece “oportunamente” a Vásquez y Mujica
Toda la información anterior es muy importante para no sacar conclusiones equivocadas sobre el CIADI. Hasta ahora más del 90% de sus juicios han sido favorables a las corporaciones internacionales y en especial a aquellos donde el demandante es una empresa estadounidense. De modo que, frente a este resultado favorable para el país y outras naciones que luchan contra el cáncer, sería un grave error generalizar y otorgarles a los gobernantes frenteamplistas un voto de confianza en medio de un Ajuste Fiscal que perjudica principalmente a salarios y jubilaciones.
En medio de una crisis gubernamental asediada en la actualidad por reclamos, paros y movilizaciones contra el Ajuste hay que recordar que a pesar de la disminución de las tasas de tabaquismo en el país como resultado de las medidas tomadas por los gobiernos del FA, Uruguay continúa teniendo el más alto índice de cáncer del continente. Y en esto com seguiridad, las semillas bio-degradadas de Monsanto y outras corporaciones creadoras de transgénicos y vendedoras de agro-tóxicos tienen una responsabilidad indiscutible, como demuestran investigaciones en todo el mundo. Y el gobierno frenteamplista fue quien impulsó e impuso la soja y otras semillas transgénicas em el país, en la finalizada “fiesta de los commodities”.
Que el triunfo de Uruguay en el CIADI aliente una lucha más encarnizada tanto por los derechos de los laburantes y jubilados, como de impulso a los movimientos que defienden un medio ambiente saludable y batallan por la defensa de la Naturaleza.
Especial para desacato.info
