Por Enith Flores.
En tonos diversos y aún con palabras distintas, las ideas de los panelistas reflejaron una misma conclusión “no es un delito defender el agua y la pachamama que da de comer a todos/as, pues es la vida”.
Así se concluye luego de escuchar las intervenciones de la Mesa de Criminalización de la Protesta Social y el Derecho a la Alimentación, realizada en el marco del Encuentro Continental de los Pueblos Abya Yala por el Agua y la Pachamama, espacio donde se presentaron los resultados de la Misión de Verificación realizada, el viernes 17 y sábado 18 de este mes, por algunas comunidades del Azuay que registran conflictos mineros.
La mesa contó con la presencia de Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, Fernando Gutiérrez Defensor del Pueblo Nacional, Abel Arpi de la parroquia Santa Isabel, Wilson Escandon presidente del Comité de defensa de los 7 sentenciados en la parroquia de Nabon, Arnulfo Cañar presidente de la Junta de Agua de la parroquia San Bartolomé, estos tres últimos presentaron testimonios de las consecuencias que están sufriendo en la provincia de Azuay.
Para el Defensor del Pueblo la persecución a dirigentes sociales que defienden los derechos de la naturaleza y de la vida es grave y es necesario reposicionar los derechos humanos en una sociedad democrática, camino en el cual él está dispuesto a apoyar y vigilar el cumplimiento de los derechos y la Constitución existente en el Ecuador.
El tema de la criminalización de la protesta social no es algo nuevo de estos últimos tiempos, se lo ha vivido en gobiernos abiertamente derechistas y se lo está viviendo con el actual gobierno, por esta razón es urgente aunar esfuerzos entre las diversas organizaciones sociales, los indígenas, los negros, los campesinos , las mujeres, los jóvenes y más actores sociales junten esfuerzos que permitan hacer frente y visibilizar esta problemática, la CONAIE viene acompañando estos procesos y no así lo manifestó Humberto Cholango.
En este gobierno los indígenas no tenemos patria, así refleja Wilson Escandon la injusticia que se ha cometido con 7 líderes sociales que defendieron el agua en la parroquia Cochapata del cantón Nabon, hace un llamado a la solidaridad con este pueblo pues para ellos la injusticia no es un problema de los 7 sino de la comunidad entera, compromete al Defensor del Pueblo y al presidente de la CONAIE a tomar cartas en el asunto.
En San Bartolomé, la minera dijo que iba a dar adelanto para el pueblo, adelanto para las escuelas, para el colegio, para la iglesia, que iba a dar carreteros y esto jamás se dio, son los argumentos que da Arnulfo Cañar para no volver a permitir la instalación de la minería en la zona, que pretende ingresar nuevamente ahora cambiada de nombre nada más. Para ellos lo importante es su agua, su salud, su producción, ya perdieron demasiado en tiempos anteriores y aún no logran recuperarse totalmente.
Para Abel Arpi, lo fundamental es la socialización de la información sobre la realidad de lo que está pasando con las concesiones mineras en la provincia del Azuay, solo en Santa Isabel existen 35, hasta ahora se conocen casos emblemáticos nada más. Así mismo hace un llamado al presidente de la CONAIE a generar un proceso de unidad de los pueblos que hagan frente a la minería.
FIAN Equador
