El episodio con el avión del Presidente boliviano expone casi tantas verdades como las revelaciones de Snowden. Estas verdades son tan reales como convenientemente ocultadas del escrutinio público. La cuestión sigue siendo, por supuesto, en qué medida el público realmente quiere conocerlas. Quizás las democracias desarrolladas dependen del consentimiento de las personas que, como lo dijo el salmista, “tienen boca pero no pueden hablar, y ojos que no pueden ver.”
En primer lugar, Snowden no es un prófugo de la justicia con una orden de detención de Interpol. Estados Unidos lo acusa de espionaje, lo que es un delito político que no cae bajo las categorías habituales que llevan a la detención y extradición a otros países. Refugiados políticos han sido enviados a sus países de origen, pero tales precedentes difícilmente pueden ser fuente de jurisprudencia. En 1939 la NKVD de Stalin, por ejemplo, entregó a comunistas alemanes, incluidos algunos judíos, a la Gestapo.
En segundo lugar, aun asumiendo que Snowden fuese un conocido criminal fugitivo de la justicia, no existe precedente de violación de la inmunidad diplomática del Presidente de un país a partir de una información, y ni siquiera de una sospecha, de que el fugitivo se encuentra a bordo del avión presidencial.
Esto contrasta marcadamente con la connivencia que en materia del uso de su espacio aéreo esos mismos países europeos han tenido con EE.UU. en su práctica de “entregas extraordinarias”. Esto también trae a la mente la pronta aceptación de las empresas financieras transnacionales, tales como Visa, Mastercard y PayPal, a la solicitud de EE.UU. de impedir la transferencia de fondos a Wikileaks, cuando ni Wikileaks o su fundador Assange habían sido condenados por delito alguno ante un tribunal de justicia (e incluso, si se les hubiese condenado tendría que haber sido por el delito político de espionaje).
En tercer lugar, este episodio muestra la creciente irrelevancia de los gobiernos nacionales. Las protestas del Presidente francés, François Hollande, por las actividades de inteligencia de EE.UU. en su país suenan huecas e hipócritas cuando el gobierno francés ordena cerrar el espacio aéreo de Francia para el avión del presidente boliviano, a menos que, por supuesto, los aparatos militar y de inteligencia de Francia mostraran una más fuerte lealtad a sus homólogos estadounidenses que al Presidente de su país.
O estos organismos están actuando con total independencia del gobierno nacional, recibiendo de manera rutinaria sus órdenes de la OTAN. Entidades supranacionales, como la Unión Europea o el FMI, así como gigantescos intereses de las empresas transnacionales se han acostumbrado a obviar a los gobiernos nacionales y los electorados que mantienen el regulado ritual de elecciones democráticas. Por eso no es de extrañar que los principales acuerdos comerciales internacionales sean hoy en día negociados en secreto.
Cuarto, la dificultad de Snowden para encontrar una tierra de asilo muestra cuán obedientes, con muy pocas excepciones, los países han devenido ante la única superpotencia mundial de la actualidad. Al parecer, esta obediencia a EE.UU. pisotea toda pretensión de mantener la ley y la justicia internacional.
Estas violaciones del derecho internacional fueron llevadas a cabo a instancias de un país que ha rechazado integrarse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que da muestras de una proverbial aversión a que sus ciudadanos, en particular su personal militar y político, sean sometidos a jurisdicciones extranjeras o transnacionales. De hecho, las revelaciones de Snowden y Wikileaks sólo confirman lo que los observadores informados han asumido desde hace tiempo: en la ausencia de un contrapeso internacional creíble, Washington comete cualquiera y todas las infracciones del derecho y de las convenciones internacionales, incluidas las leyes de la guerra.
De manera tácita la mayoría las élites occidentales cooperan más o menos con Washington. Esto no debería sorprendernos, ya que sus intereses estén más alineados con las elites de otros países que con los ciudadanos de sus propios países. Al parecer, esto no sólo pasa cuando se trata de imponer medidas de austeridad económica, incluso en casos como el gobierno de Hollande en Francia, elegido para defender la justicia social.
La inspección del avión de Evo Morales en la pista del aeropuerto de Viena ha puesto de relieve el derecho de los políticos, militares y de las elites empresariales para imponer su voluntad en Europa. No tiene sentido distinguir entre la abiertamente sumisa “Nueva Europa” al Este del río Elba, al resto del continente que ya ni siquiera trata de mantener las apariencias.
(Traducción: Alberto Rabilotta, para ALAI)
– Yakov Rabkin, del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal, Quebec, Canadá.