Direcionado por Agenda Radical.
Uruguai
Direitos Humanos: A renovada impunidade de ontem e de hoje
Declaración Política
Colectivo Militante – Comuna – Militantes Guevaristas – ProUnir
30 de mayo 2011
Como todos los 20 de mayo, decenas de miles de personas volvieron a recorrer la Marcha del Silencio. La consigna reclamaba “Verdad y Justicia, derecho de todos, responsabilidad del Estado”. En esta ocasión, la tristeza y la decepción se hicieron más patentes. Había razones de sobra para ello. Un día antes, el vergonzoso Parlamento había ratificado la continuidad de la Ley de Impunidad.
La enorme frustración que se palpaba, aún en su cortante silencio, era una prueba irrefutable. Es que la inmensa mayoría de los que volvían a marchar exigiendo la condena al terrorismo Estado, son votantes del Frente Amplio, adherentes de su programa y, en definitiva, depositarios de una esperanza. Y, nuevamente, han sido estafados.
A tal punto, que desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se denuncia categóricamente no sólo un “vacío aberrante” en la investigación de los crímenes de la dictadura, sino incluso un “retroceso” en la política de derechos humanos del gobierno de Mujica en relación al de Jorge Batlle:
“La discusión actual nos retrocede a antes de Batlle, porque se desestima algo que ya estaba saldado política y científicamente: no hubo una guerra y sí terrorismo de Estado”. (Entrevista a Ignacio Errandonea, Gimena Gómez Gadea y Eduardo Pirotto, semanario Brecha, 20-5-2011).
Esta frustración, no solo alcanza a la organización que, sin griterío de barricada ni exposición mediática, ha mantenido vigente a lo largo de los años la lucha contra la impunidad, demandando una y otra vez -tanto desde la movilización popular como ante distintos ámbitos institucionales-, Verdad y Justicia. Alcanza también a una generación de jóvenes que quieren enterrar la herencia impune del terrorismo de Estado. Son esos miles de jóvenes -comprometidos y militantes en el Plebiscito del 2009- que señalan con tono acusador al Presidente de la República:
“Mujica termina de militarizar el discurso desde la política. Pretende tener un sentido de unidad nacional, pero termina siendo una afrenta a la mitad de los uruguayos, que votamos por la anulación de la ley”. (“Jóvenes y Ley Caducidad”, nota y entrevistas en el semanario Brecha, 20-5-2001)
El vericueto politiquero del gobierno del Frente Amplio con relación a la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” -que bien podría ser visto como un folletín de telenovela si no se tratara de una ley nefasta-, ha dado un golpe demoledor a esa conciencia democrática que reclama Juicio y Castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Porque buscó salvar en todo momento -bajo la coartada del “mirar al futuro”- la integridad del aparato policiaco-militar del Estado. Es decir: no “demonizar” el de ayer, para legitimar el de hoy.
Buscando, otra vez, “dar vuelta la página”
De más de 400 represores involucrados en actos de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura -según listas elaboradas por las organizaciones que han reunido información-, apenas un grupo muy pequeño de militares y policías (una docena de los más “quemados”), pasaron a ocupar la “cárcel especial” de Domingo Arena, donde disfrutan de un amplio régimen de comodidades, visitas, y hasta un sitio en Internet para comunicar sus infames opiniones. A estos asesinos se les suma el encarcelamiento del ex canciller de la dictadura Juan C. Blanco (preso en Cárcel Central), el ex dictador Juan María Bordaberry (con “prisión domiciliaria”, o sea, en su propia casa), y el general Miguel Dalmao, acusado del asesinato de Nibia Sabalsagaray, y único militar en servicio procesado hasta el momento (detenido en la Guardia de Coraceros, quien recibió semanas atrás la visita de Mujica.”por razones humanitarias”).
En este cuadro general, una serie de hechos fueron sucediéndose. El intento de Mujica de liberar “por cuestiones humanitarias de edad avanzada” a los represores detenidos; la resolución de la Suprema Corte de Justicia que decretó la inconstitucionalidad de la ley en algunos casos (aunque vale aclarar que para esta misma Suprema Corte de Justicia, ninguno de los asesinos alojados en Domingo Arena, cometió crímenes de lesa humanidad, sino “homicidios muy especialmente agravados”, los cuales “prescriben” a los diez años); y sobre todo, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso Gelman”, la cual estableció que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
Como consecuencia de todo ello, apareció el “proyecto interpretativo” de la Ley de Caducidad” (que al pretender “interpretarla” en realidad la deja formalmente vigente) que se quiso hacer pasar como el equivalente a una anulación. Ya conocemos los cabildeos posteriores, el voto negativo de Saravia y la renuncia de Fernández Huidobro después de votar “por disciplina”. A renglón seguido vinieron los chantajes de Mujica, Astori y Vázquez para que no se votara la anulación de la ley con el argumento de que se hipotecaban “las chances electorales futuras del FA”. Una indecencia mayúscula.
Finalmente, Mujica (pese a las resoluciones de dos Plenarios Nacionales del FA,) encontró el mecanismo para detener este proyecto de falsa anulación, que igualmente molestaba a los militares. En combinación con ellos (según lo que reporta el propio presidente del Centro Militar), acordó que la salida adecuada era encontrar un legislador del FA que aceptara cumplir el papel de “rebelde” y no votara. La comedia que siguió entre Mujica y un Semproni dispuesto a “inmolarse”, sirvió al objetivo de encontrar un “chivo expiatorio” a la bronca y el desasosiego de miles de frenteamplistas y, al mismo tiempo, salvar la responsabilidad del presidente y del conjunto de dirigentes que defienden a capa y espada la continuidad de la impunidad en aras de la “unidad nacional”.
El 18 de mayo en Las Piedras, (un día después de condecorar con la “Orden del Ejercito” a Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Vázquez), Mujica volvió a insistir con “dar vuelta la página”. Sin titubeos, dijo:
“Sabemos que hay dolores ocultos, viejas que lloran por los huesos de sus hijos, mucho dolor e injusticia, pero no podemos trasladarles a las nuevas generaciones de militares nuestras frustraciones”. (La República, 19-5-2011)
Atrapado en la complicidad con los militares (a quienes se les adjudica, aprovechando el Bicentenario, una falsa “raíz artiguista”); comprometido por lo acordado por el Frente Amplio en el Pacto del Club Naval de 1984 (pacto que el Partido Comunista y el Partido Socialista defendieron contra otras fuerzas de izquierda que se opusieron); cómplice del maridaje entre las logias militares y algunos jefes tupamaros; el gobierno busca mantener lo esencial de la impunidad del terrorismo de Estado. Así haya que “explorar nuevos caminos”.
Es lo que termina de proponer, con su proverbial falta de decoro, Tabaré Vázquez: un “gran acuerdo político y social” para llegar a la “derogación” de la Ley de Impunidad. Atrás, obviamente, está aquella idea fracasada del “nunca más” el 18 de junio 2008. Es decir, la intención de desarticular la lucha de las organizaciones populares contra la impunidad y empezar un proceso de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas.
Criminalización de la pobreza y la protesta social
El gobierno, la derecha, los medios, hacen de la “inseguridad” el tema prioritario. Evidente: no se refieren a la inseguridad que genera el empleo precario y los bajos salarios. Tampoco a la inseguridad de una pobreza de masas, esa que afecta a más de 600 mil uruguayos debido a que la prometida “redistribución de la riqueza” todavía está en lista de espera. Ni a la inseguridad económica que obliga a cientos de miles de adolecentes y jóvenes a la deserción educativa. En resumidas cuentas: la terrible inseguridad de tener las “necesidades básicas insatisfechas” no integra el lenguaje securitario.
El gobierno, claro está, no puede reconocer que la “inseguridad ciudadana” se deba a una fractura social cada vez más dramática. Sería como reconocer la culpabilidad de su programa económico neoliberal y, al mismo tiempo, el fracaso de sus “políticas sociales”.
Por eso, hasta las consecuencias de la miseria social son reformuladas por el “progresismo”. Para el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la pobreza y la marginación social ya no pueden considerarse causas del “flagelo de la delincuencia”. Nada menos que un acto recordatorio del revolucionario Raúl Sendic (29-4-2011), el Ministro dio a conocer la teoría oficial sobre el problema:
“Del robo para comer se pasó a la rapiña y al copamiento para satisfacer la necesidad de consumo. Hoy lo robos no son producto de la pobreza, son producto de la sociedad consumista”. (El País, 2-5-2011)
O sea que para el gobierno, esas personas (sobre todo “jóvenes que ni trabajan ni estudian”) que no se avienen a venderse por un salario mínimo (para el caso que obtengan un empleo), son una nueva categoría de “inadaptado social”: el lumpen-consumista.
Cruel paradoja. En los años de lucha guerrillera el MLN destapaba los “ilícitos económicos” de la burguesía. Asaltaba bancos, casinos y camiones con mercaderías. Repartía ropa y comida en los barrios más pobres. Practicaba la expropiación de los expropiadores. Hoy, desde la fuerzas policiales que dirige uno de los suyos, lanzan “operativos de saturación” (razzias) contra las periferias de la desesperación donde se anida el “riesgo social de los excluidos”. Las armas, esta vez, sirven para atacar la “feudalización” del delito y consolidar la autoridad del Estado (capitalista) en las “zonas rojas”, donde habitan cientos de miles de personas empobrecidas que, por lo general, “no respetan la propiedad y los bienes de los otros”. Las declaraciones de Bonomi son toda una fotografía. Mejor dicho: expresan los límites de un modelo de “combate a la pobreza” cuando se renuncia, incluso, a distribuir una pequeña porción de la torta.
Los destinatarios de la política represiva son, en lo inmediato, las más pobres. A falta de una radicalización social y política; en la medida que las luchas sindicales son mantenidas, por la dirección del PIT-CNT, en el terreno defensivo; ante la dispersión de las fuerzas de izquierda clasista y revolucionaria; la amenaza central pasan a ser las “minorías malvivientes” o, como decía Marx, aquellos que rompen la monotonía de la sociedad burguesa: los criminales. ¿Y donde se reproducen estos sujetos enemigos de toda “convivencia ciudadana”? En los “guetos delictivos” de los barrios miserables y en los “asentamientos irregulares”. Donde, al decir de Martín Aguirre, editorialista de El País, se desarrolla una “favelización a la uruguaya”. Hacia allí -como reclaman el editorialista y sus amigos de la derecha- deben apuntar las baterías represivas del Estado.
Los últimos datos prueban la espantosa crisis social: 256.958 uruguayos y uruguayas sobreviven como pueden en los “asentamientos irregulares”, 5.000 más que en 2008. El 56% está “colgado de la luz”, más del 30% no accede al agua potable y apenas un 14% tiene saneamiento. (Estudio de la Ong “Un Techo para mi país”, 2010) Mientras que en Montevideo (cifras de la Intendencia Municipal), el 12% de la población total se encuentra en esa condición.
Como lo afirmábamos en nuestra Declaración Política de abril 2011:
“Lejos del discurso hipócrita de una ‘reducción de las vulnerabilidades sociales”, asistimos a una consolidación de la pobreza. Y las consecuencias ‘colaterales’ de este verdadero proceso de ‘desafiliación social’ están a la vista: marginación, mendicidad, insalubridad, desnutrición, analfabetismo funcional, prostitución, drogadicción”.
Es en esta geografía socio-urbana de inaudita pobreza, de familias quebradas por el hambre, de falta de presente y de futuro, donde se sitúa (y se reproduce) la raíz fundamental del llamado “problema de la inseguridad” y el “fenómeno de la delincuencia”. ¿”País de primera” dijeron? ¿Cómo pueden vivir decorosamente estos cientos de miles de compatriotas? ¿Donde están sus derechos a una vivienda digna, a la cobertura de salud, a la formación educativa, a los servicios públicos, a un salario que les asegure las necesidades sociales básicas?
Unos y otros -gobierno, blancos y colorados-, profesan la misma religión: sin represión no hay orden. Ni “buen clima de negocios”. En eso consisten las políticas de criminalización de la pobreza, las cuáles se apoyan en una estratificación social cada vez más elitista. Lo vemos en la segmentación urbana: por un lado los “barrios buenos” y por otro lado los “barrios malos”. En unos viven los “ciudadanos de bien” (por encima de cualquier pertenencia de clase), y en los otros aquellos que “roban por consumismo” y cometen “delitos contra la propiedad”.
Demás estaría decirlo: toda política de criminalización de la pobreza se asienta en la impunidad del aparato represivo. Y en la legitimidad del monopolio de la violencia por parte del Estado. Alcanzaría como muestra, recordar lo de la cárcel de Rocha: doce presos dejados morir a fuego lento. Ningún jerarca policial sancionado. Por el contrario, el gobierno rechaza la demanda judicial de los familiares alegando que como estaban dormidos al desatarse el incendio “no sintieron dolor”. Una inmoralidad pocas veces vista.
Para las “clases peligrosas” que viven en los márgenes del “consumo”, hasta la “Justicia” resulta una broma macabra. Basta con ver como se violan sistemáticamente los derechos humanos en las cárceles y comisarías. O tanto peor: el 65% de los 9.000 presos que hay en el país ¡no conoce el nombre del abogado de oficio designado para defenderlo!
Las políticas de criminalización de la pobreza tienen un carácter contrainsurgente, de disciplinamiento social. Se trata de instalar en el imaginario popular el sentido de “orden” para que “nada se desmadre”; que todo transcurra en el marco del “Estado de derecho”; que ninguna acción de los y las de abajo rompa la “paz social”. Tiene, también, el sentido de una amenaza latente: la penalización de las luchas. Sobre todo de aquellas que transgreden la “auto-regulación” de las demandas y se zafan de las “negociaciones tripartitas” que se imponen en la “mesa de diálogo social”.
En este contexto, cualquier intento de radicalización política y social será reprimido a través de distintos mecanismos “institucionales”: declaración de servicios esenciales” (como en el conflicto de Adeom); a través de los decretos que permiten a la policía desalojar centros de trabajo ocupados; o por vía de leyes que penan las ocupaciones de casas y terrenos. Por otra parte, sobran los antecedentes de represión y hasta judicialización de luchadores sociales a lo largo de estos seis años de “progresismo”:
Los procesamientos por “sedición” a cuatro compañeros por la protesta en la Ciudad Vieja; la persecución y procesamientos a trabajadores municipales en el marco de la huelga de 2003; el desalojo de los trabajadores de Coprograf; el encarcelamiento por varios meses de un joven manifestante en las manifestaciones anti-Bush; los procesamientos y sanciones a estudiantes y docentes movilizados contra la ley de educación y en el liceo 62; las citaciones judiciales a militantes de la Plenaria Memoria y Justicia y del sindicato del Taxi, el desalojo de los caddies en huelga del Club de Golf; la represión contra integrantes del Ucrus (clasificadores); las amenazas de muerte y el procesamiento de la compañera Irma Leites, referente de la lucha contra la impunidad; el desalojo de los trabajadores de Ta-Ta que ocupaban un local.
El mensaje desde el poder es clarísimo. Las alteraciones de la “legalidad vigente” no se toleran. Ni la más mínima. Ahí está para demostrarlo el caso de Ney Thedy Pintos, “peludo” de Bella Unión, camarada de Sendic en las marchas cañeras. Desalojado de su tierra por la policía ha pedido del Instituto Nacional de Colonización (INC). ¿El delito? No poder pagar una deuda. Como para darle toda la razón al compañero José Rodas, presidente de UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas):
“En el gobierno hay una montaña de ex compañeros que anduvieron peleando con Sendic y que ahora están traicionando sus principios. ¿De qué izquierda hablan estos bandidos y sinvergüenzas? ¿Qué cambio han hecho? Sacan a la calle a un hombre viejo pero no les da el cuero para expropiar a los que hacen grandes negociados con la tierra. Los asalariados rurales son los últimos orejones del tarro en lo que tiene que ver con condiciones de vida, salarios, educación social y salud”. (Entrevista en El Observador, 30-4-2011).
Mejor definición del gobierno imposible. Por encima de cualquier necesidad social de de los trabajadores y de las capas más empobrecidas, se alza el interés del capital y la “garantía jurídica” de la propiedad. Ante cualquier “desborde del orden”, se impone el “principio de autoridad” del Estado. En este engranaje coercitivo de la dominación, la IMPUNIDAD del aparato represivo, de ayer y de hoy, juega un papel decisivo.
– Anulación inmediata de la Ley de Impunidad;
– Juicio y Castigo a los culpables de violaciones de derechos humanos, tanto en el periodo previo a la dictadura, durante la misma, y a los registrados en el periodo posterior;
– Desmantelamiento de todos los aparatos represivos y de espionaje;
– Eliminación de las FFAA, no tienen valor como servicio de defensa del país en caso de conflicto internacional y solo se explica su existencia como instrumento de contrainsurgencia;
– Indemnización a las familias de los presos asesinados en la cárcel de Rocha y castigo a los responsables policiales del crimen;
– Basta de torturas en el INAU. Desmantelamiento del sistema de encierro inhumano contra niños y adolescentes. Eliminación de los contenedores de lata en el INAU;
– No a la criminalización de la pobreza, ni de la protesta política y social;
– No a la baja de la edad de imputabilidad. Basta de persecución a los jóvenes;
– Despenalización del aborto. Por el derecho de las mujeres a decidir. Aborto libre y gratuito
