La Cámara de Diputados aprobó en la tarde del martes 03/09, por 52 votos en 82 legisladores presentes, el proyecto de Ley de Minería de Gran Porte.
Aprobaron la ley de minería y un fiscal presenta recurso de inconstitucionalidad.
El Parlamento aprobó el proyecto de ley de minería de gran porte.
En la tarde del martes 03/09, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que ya venía con el voto afirmativo del Senado, por 52 votos en 82 legisladores presentes.
Votaron a favor los legisladores del Frente Amplio, el nacionalista Gustavo Borsari y el diputado del Partido Independiente Iván Posada.
El paso siguiente es que la ley pase al Poder Ejecutivo para que este la promulgue.
Según El Observador, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, que estuvo en el Parlamento durante la votación, dijo que el primer proyecto para aplicar con ley de minería seguramente será el de Aratirí.
Por su parte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que nuclea a varias organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto, anunció este martes el inicio de una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum la ley recién aprobada.
Aprobaron la ley de minería y un fiscal presenta recurso de inconstitucionalidad.
El fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, informó a Búsqueda del 5/9/13 que en las primeras semanas después que sea promulgada la ley de minería de gran porte, aprobada el martes 3 por el Parlamento, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la nueva normativa.
Viana dijo que “es inconstitucionalidad porque es una ley con nombre y apellido, viola el artículo 47 de la Constitución y viola también el principio de igualdad con la legitimación de los contratos de inversión”.
“Las leyes son normas generales y abstractas que no pueden ser promulgadas con un interés concreto. Sería grosero plantear la inconstitucionalidad y no decirlo cuando la ley tiene nombre y apellido como es esta con Aratirí”, afirmó.
El fiscal dijo que la normativa “legitima un daño” que, según él, se contradice con lo establecido por la Constitución, ya que el artículo 47 indica que “la protección del medioambiente es de interés general” y “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente”.
Además considera que legitimar los contratos de inversión es un “atentado contra los poderes del Estado porque suponen arbitrariedades, discriminaciones y beneficios a una empresa puntual, violando el principio de igualdad ante la ley”.
Viana enfatizó que “para la Fiscalía plantear la inconstitucionalidad de una ley es obligación”, pero “todos los ciudadanos también pueden hacerlo porque tienen un interés directo legítimo de que una ley no habilite un perjuicio al medioambiente”.
Fonte: Uy Press – Posta Porteña
