Por Alejandro Haddad.
Durante el pasado año, 104 periodistas y 30 distribuidores han sido encarcelados en Turquía en el marco de la Ley Antiterrorista por supuestas vinculaciones con organizaciones ilegales. De los 134 trabajadores, 94 son kurdos.
En el contexto de la Ley Penal de Turquía (TCK, según la sigla en turco) y de la Ley Antiterrorista (TMK, según la sigla en turco), los periodistas son investigados por razones “políticas” en lugar de “legales”. Sobre ellos pesan acusaciones que los vinculas a organizaciones declaradas ilegales por el estado turco, sean éstas armadas o no.
La vaguedad de las acusaciones se materializa en el hecho de que solo 6 de los 134 detenidos fueron acusados y procesados por la producción y/o publicación de sus escritos. Ellos son Vedat Kursun, Ruken Ergün y Ozan K?l?nç del periódico kurdo Azadiya Welat; Erdo?an Altan y Kadri Kaya de la agencia de noticias DIHA; y Bedri Adan?r.
Sobre ellos se ha aplicado el concepto de prisión preventiva para prevenir situaciones como “presión sobre testigos”, “destruir, ocultar o cambiar evidencia” o el “peligro de fuga”. La tradición judicial turca, al igual que en América Latina, está acostumbrada a alojar tras las rejas a los supuestos delincuentes durantes meses, e incluso años, hasta tanto encontrar alguna prueba. El tiempo en prisión no será reconocido.
Penas que son condenas
De los 104 periodistas solo 27 han sido condenados mientras que otros 34 fueron detenidos sin indicios sólidos. La condena de 23 reporteros (dos de ellos del periódico Azadiya Welat) ha sido establecida en 167 años y diez meses de prisión, otorgándoles así una esperanza de vida longeva al tiempo que a otros 4 le decretaron el día de su muerte aplicándole condenas de cadena perpetua.
La justicia turca tiene la pena de pertenecer a un estado que niega la existencia de minorías étnicas. La ley detenta contra ellas en materia lingüística, territorial y cultural.
