Por Mariana Contreras.
Sí, patroncita
Sigue pasando: mujeres pobres, nacionales y extranjeras, documentadas e indocumentadas, agachando el lomo en el tras bambalinas del verano esteño. Los relatos hablan de abusos, maltratos, comportamientos delictivos o ilegales por parte de los empleadores. Las mujeres, obligadas o asustadas, callan.
Les dicen que vendrán a conocer el mar en un país del que muchas de ellas apenas escucharon el nombre. Vendrán a trabajar pero será como unas vacaciones, les dicen. Cada verano se cuentan por decenas las trabajadoras domésticas que llegan a Punta del Este junto a turistas, en su mayoría argentinos. Son paraguayas, bolivianas, peruanas, que viajaron a Argentina en busca de trabajo, que pasaron por los talleres de costura clandestinos, por las villas miseria porteñas, que quedaron sin trabajo y ancladas en un país que no es el propio.
Algunas trabajan todo el año para sus patrones, otras comenzaron apenas unos meses antes de venir a “veranear”, y otras fueron directamente “contratadas” para la temporada. Pasan la frontera uruguaya en calidad de turistas y luego trabajan clandestinamente. No tienen habilitación legal y los patrones no pagan sus aportes, por eso no cuentan con ningún beneficio ni protección durante su estadía. Al llegar, el dinero prometido puede verse reducido a la mitad, no tienen día libre ni tiempo de descanso: de día limpian, cocinan, cuidan a los niños. De noche también.
Hay casos en que sus empleadores han llegado a retenerles la documentación y los celulares, se les ha prohibido salir del apartamento y les racionan la comida. La mayoría banca, porque no tiene forma de volver a Argentina o a su país, porque se saben en infracción y porque desconocen en absoluto sus derechos. En algunas ocasiones las trabajadoras han quedado abandonadas sin recibir el pago correspondiente y sin posibilidades económicas de regresar a su hogar.
Welcome Home
Pasadas las siete de la tarde son más de 40 las personas reunidas en la sede de los canillitas de Maldonado. Son mucamas, porteros, trabajadoras domésticas, entre otros, cuyos sindicatos forman parte de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). Fue a través de la federación en Maldonado que las denuncias de trabajo de extranjeras en diverso grado de irregularidad se hicieron públicas. Para ellos es moneda corriente en el verano recibir información de que en tal o cual edificio una extranjera trabaja en situación de explotación.
El servicio de mucamas generalmente es contratado por la administración de un edificio. Las mujeres tienden camas, limpian baños, aspiran y ponen orden en los apartamentos. Trabajan en pareja y se estima que cada mucama realiza la limpieza de entre ocho y diez apartamentos por día. En ese trajinar es que entran en contacto con las trabajadoras domésticas “informales”, contratadas por los dueños o inquilinos de los apartamentos.
La mañana que Brecha estuvo en Maldonado, Marita -que es mucama- había prestado ayuda a una cocinera que desde las 4 de la mañana se sentía mal, aunque recién a las 11 sus patrones llamaron a la emergencia. Y para dar una idea de la mezquindad humana, cuantifica: “Te estoy hablando de apartamentos que salen un millón de dólares, y que se alquilan a 25 mil dólares mensuales”.
Cesar Teijón, delegado departamental de Fuecys e integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Maldonado (Sutem), contó que en estos días estuvieron en contacto con una trabajadora paraguaya a la que no se le permitía salir del edificio, pero de pronto la comunicación con ella cesó abruptamente y no han sabido más qué fue de su vida. Pocas semanas atrás estuvieron en contacto con una trabajadora peruana de 30 años, acusada por sus empleadores de romper la computadora, por lo que habían decidido no pagarle el salario hasta tanto no recuperaran el dinero equivalente a un aparato nuevo. Y dos días antes de que Brecha llegara a Maldonado, contó un trabajador, otra peruana partió a Buenos Aires con un pasaje que la familia para la que trabajaba le había dejado. Ellos se fueron antes, sin aviso, y le dejaron un boleto para varios días después. La mujer paró en casa de una mucama uruguaya. Tuvo suerte, comentan con ironía los trabajadores organizados a Brecha, en algunas ocasiones les dan el día libre y cuando vuelven la familia ya no está. Muchas de ellas son las que pasan a engrosar los asentamientos de la periferia, y luego se las ve vendiendo cualquier cosa en las ferias.
Teijón contó también que más de una extranjera llega a trabajar a Punta del Este con la esperanza de obtener el dinero que les permita contratar abogados para hijos que fueron atrapados actuando de “mulas” y que hoy están presos. Eso, más la falta de contactos en el país, la retención de los documentos y una cultura muy arraigada, del tipo: “Una que es pobre muchas veces tiene que agachar la cabeza ante gente de cuna de oro”, como dijo resignada una trabajadora que esperaba ser asesorada tras la asamblea, hace que las domésticas soporten muchas veces todo tipo de humillaciones.
Situaciones similares y peores -sospechan- pueden encontrarse en los chalés y chacras marítimas en las zonas cercanas a Punta del Este (José Ignacio, Manantiales o La Barra), donde las mujeres ni siquiera tienen contacto cotidiano con mucamas o trabajadores que vengan de afuera. Ese es un mundo aparte.
La mañana siguiente
Al ámbito institucional no llegó todavía ninguna denuncia concreta sobre la situación de trabajadoras domésticas explotadas, confirmó a Brecha Juan Andrés Roballo, director de la Inspección Nacional de Trabajo. Por lo tanto tampoco se conoce quiénes son los empleadores, más allá de la obviedad de que se trata de gente con alto poder adquisitivo.
Según consideró Roballo, el tema tiene diferentes ramificaciones: por un lado puede haber irregularidades laborales (registros en el bps con salarios subdeclarados, trabajo en negro, incumplimiento en los pagos, etcétera), y por otro se pueden dar situaciones de maltrato (empleadores que gritan o agreden a los trabajadores) que eventualmente configuren un delito. Y un tercer capítulo también delictivo: la retención de documentos o la imposición de permanecer en la casa. Cualquiera de estos temas involucra no sólo a trabajadores extranjeros, también a los nacionales. “Lo primero que requerimos para actuar son direcciones”, explicó Roballo. De otra manera es imposible hacer la inspección y, llegado el caso, dar cuenta a la justicia o al organismo del Estado competente.
En el Sutem y en el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (Sutd) señalan la imposibilidad de formalizar muchas de las denuncias porque no cuentan con una red capaz de sostener a las personas (en particular a las extranjeras) una vez que la bola empieza a rodar: cuando la denuncia cobra forma existen altas posibilidades de que la involucrada quede sin trabajo; si se trata de una trabajadora del Interior o del exterior “necesitamos tener previsto el alojamiento, la alimentación, el pasaje de regreso, y no contamos con nada de eso”, explicó Teijón. También hay casos en los que la involucrada se retracta por temor y el hecho entonces resulta difícil de comprobar.
Sonia, una de las representantes del Sutd, contó el caso de una trabajadora uruguaya que se comunicó para decir que “la estaban volviendo loca, que desde diciembre no la dejaban salir. Seguimos el caso con la Policía, que corroboró que la persona efectivamente trabajaba en la casa indicada; fuimos y logramos hablar con ella, pero extrañamente se echó para atrás y nos dijo que ya no trabajaba allí. Unos días después apareció en el sindicato para pedir disculpas, confirmar que todo era verdad, y nos dijo que había estado tan presionada y se sentía tan mal que finalmente renunció. Sus empleadores eran una familia inglesa”.
Intentando tejer la red, Fuecys de Maldonado se contactó con Migraciones, donde les informaron que si la trabajadora ingresó legalmente, entonces el tema no era de su competencia. En el Consulado de Perú les dijeron que no cuentan con alojamiento, aunque en Montevideo podrían coordinar con alguna institución. Tampoco cuentan con una política de repatriación para sus connacionales, por lo que no pueden hacerse cargo del regreso, según dijeron a Fuecys. En el Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco: les informaron que “si la persona está legal y sin problemas jurídicos, no la pueden expulsar ni sacar del país”.
Agujeros
Diva abandona la siesta en su casa del asentamiento Kennedy para atender a Brecha en un lugar del patio resguardado del sol. Es brasileña, ronda los 60 años y hace 40 que vive en Uruguay. Gruesa y de baja estatura, lleva el pelo entrecano recogido en una trenza larga. Diva es de esas mujeres a las que poca cosa les sorprende ya. La primera vez que trabajó fue a los 9 años, cuando cuidaba a otros niños en la playa, hijos de veraneantes con plata.
Después, cuando se mudó a Rocha, llegaban a su casa personas buscando domésticas. Le decían a su madre: “Dame una, para qué querés tantas”, en referencia a los 14 hijos que tenía. “Y yo me aprontaba la primera, porque era tanta el hambre…” Ahora no trabaja más, en parte por una trombosis en la pierna y en parte por “la estética”; nadie quiere ya personas mayores y pasadas de peso. También trabajó como doméstica en el campo, y sus empleadores le aseguraban que no le pagaban porque estaban guardando la plata para cuando se fuera; sabe de acusaciones infundadas de robos y de encierros varios. También sabe que lo de las extranjeras trabajando en malas condiciones es un asunto viejo. Alguna vez en la playa entabló conversación con alguna que le dijo “plata no vemos, porque venimos a conocer el mar”.
El año pasado al Kennedy llegaban “empleadores” ofreciendo 4 mil pesos para trabajar como doméstica. Hay veces que ofrecen 12 o 13 mil pesos, pero después terminan pagando 7 mil. Y como todo es “en negro”, es difícil que la gente reclame. “Igual, ahora están un poco mejor, porque hay gremio, y leyes del gobierno, pero todavía te gritan, te pegan”, cuenta ella, y agrega: “está bien que trabajen extranjeros, yo misma lo soy, si vienen de a uno, pero si los vas a buscar en masa…”. Lo dice en referencia a las palabras de Mujica sobre la necesidad de contratar mano de obra extranjera calificada. Para ella es toda una contradicción: “¿Cómo va a haber acá mano de obra capacitada si hay gente ganando salarios mínimos, o trabajando las 24 horas? ¿Así cuándo se van a capacitar?”.
Esquivando los charcos de agua estancada en las calles del Kennedy, Diva nos guía a la casa de una vecina “que el otro día me contaba de los gritos que le pega la patrona”. Pero ya no le grita más: hace una semana que la despidieron, cuenta ahora en la puerta de su casa la susodicha. Trabajaba desde hacía cuatro veranos, intermitentemente, para una familia argentina. De 9 a 15 horas, y aunque jamás salía temprano no le pagaban horas extras ni tenía día libre. Cobraba 600 dólares y nunca estuvo en caja. “La patrona pasaba los dedos por los muebles para ver si estaban limpios, gritaba porque decía que la camisa estaba mal planchada o algo mal lavado. Yo aguantaba y aguantaba, pero si me decía que algo estaba mal le decía que no. No pudo conmigo, y me mandó decir por la casera que no volviera porque necesitaba alguien con cama.”
“Se creen que sos la fregona, la esclava”, había dicho Diva un rato antes. Y eso fue justamente lo que no aguantó Daisy, que vive en el asentamiento de atrás de la Cilsa. Trabajó el año pasado como mucama en la Season Tower, al lado del Conrad. Su horario era de 9 a 17, con media hora para comer. Su salario era de 12 mil pesos nominales. “Teníamos que llevarnos la comida y el agua, y si en un apartamento nos regalaban una torta teníamos que pedir permiso a la encargada para comer”, cuenta Daisy. Cuando se retiraban del trabajo eran revisadas (cuerpo y pertenencias) para asegurarse de que nada faltaba. Daisy es de esas mujeres fuertes, que se enfrentan a lo que creen injusto. Dice: “Te escupen todo el día; comeré pan de la basura, pero mi dignidad bien para arriba”.
Según de dónde sean
El laudo para las trabajadoras domésticas es de 7.975 pesos por 44 horas semanales. En temporada, el pago por el trabajo varía según el empleador. Uno de los reclamos del sindicato es que pueda llegarse a un acuerdo para que durante la temporada se cobre un plus, porque de otra forma las trabajadoras que están empleadas durante todo el año corren con desventaja respecto a las zafrales. Durante el verano los salarios son variados, pero según los comentarios que Brecha recogió rondan los 12 mil pesos (nominales). Si el registro en el bps existe, es habitual la subdeclaración.
Durante la temporada generalmente el trabajo de las domésticas, mucamas y porteros se hace los siete días de la semana. Todos los trabajadores a los que Brecha consultó confirmaron que, aunque la ley lo habilite, no existe el descanso cuando hay zafra.
En el verano también hay quienes acceden a salarios de 20 mil y 30 mil pesos, cuando el trabajo es con cama adentro, según dijo la representante del sindicato. En algunos casos se cumple y en otros (como les sucede a muchas extranjeras) cuando van a cobrar el sueldo de pronto se redujo a la mitad. Un trabajador contó que, en el edificio donde cumple funciones, dos paraguayas cobran mensualmente 700 dólares entre las dos (su empleador es un empresario algodonero argentino), mientras que una uruguaya cobra 1.500 dólares.
Desde el BPS
En los últimos 45 días el BPS (Banco de Previsión Social) lleva realizadas 1.840 inspecciones, mil de ellas estuvieron focalizadas en el trabajo doméstico, explicó el presidente de la institución, Ernesto Murro. Los funcionarios recibieron 17 denuncias por irregularidades, 16 fueron confirmadas y hoy se negocia con los empleadores la forma de regularización.
Murró advirtió que en el último año creció la inmigración de trabajadoras bolivianas, peruanas, paraguayas, entre otras nacionalidades, que se emplean mayoritariamente como trabajadoras domésticas. Si la trabajadora ingresa al país como turista y luego entra “en actividad”, debe emitirse un permiso de permanencia temporal, algo contemplado en los convenios bilaterales. Con Perú todavía no se ratificó el acuerdo.
El BPS planteó al Mercosur que las trabajadoras domésticas puedan trasladarse sin dificultades por los países miembros, pudiendo permanecer hasta un año trabajando (hoy el período es de tres meses). Si una trabajadora está regularizada en el país de origen, los aportes continuarán haciéndose allí. Pero si está en negro, entonces deberá ser regularizada en Uruguay y los aportes se harán aquí.
Fuente: Brecha.com.uy
