Por Ronnie Huete.
Ambientalistas hondurenhos que faz um ano denunciaram corte irregular de madeira, enfrentam perseguição penal do Ministério Público.
Tegucigalpa 8 de ago. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), alerta a la comunidad nacional e internacional el acoso de criminalización contra los defensores de derechos humanos en Honduras.
Este señalamiento criminal como lo llama el COFADEH, proviene desde el Ministerio Público (MP), institución encargada de investigar los hechos que son catalogados como un delito.
El Organismo defensor de los derechos humanos en esa nación centroamericana, describe que el MP se pliega a los intereses del crimen organizado que atentan contra la vida natural, los minerales, la flora y fauna de ese país.
Prueba de este hecho, es la persecución penal que la fiscalía hondureña hace contra 13 hombres y mujeres de la aldea El Suyatal, situada en el departamento de Francisco Morazán de Honduras.
Depredación del bosque
Los acusados son: Magda Ramos, Luis Raudales, Nidia Raudales, Mario Luquez, Griselda Durán, Elio Banegas, Osman Canaca, Carlos Banegas, Walter Rivera, Carla Andrade, Ingrid Rivera, Rica Canaca y Raúl Canaca.
Un reciente comunicado de prensa del COFADEH narra que estas 13 personas habían presentado en mayo de 2010 ante el Ministerio Público, una denuncia contra particulares por depredación del bosque, sin embargo ahora pasaron de ser denunciantes ha acusados.
Los ambientalistas que denunciaron la tala irregular de los bosques en el Suyatal pertenecen a la junta directiva del patronato de esa comunidad y están organizados como un gobierno comunitario, que inició la defensa del bosque en el año 2007.
La población del Suyatal señala que luchan contra fuertes mercaderes privados de la madera, que observan a los arboles como mercancías generadoras de divisas y no como productores de agua y biodiversidad en zonas vulnerables.
Paralización de liderazgos
Según el COFADEH, el Ministerio Público ha ignorado el principio universal que cuando existen acciones civiles, el MP no puede abrir acciones penales contra los intervinientes.
En una reciente conferencia de prensa efectuada en el COFADEH, caracterizaron a esta modalidad como una práctica de terrorismo judicial que cumple la función de paralizar a los liderazgos sociales comunitarios.
Las investigaciones realizadas por este organismo defensor de los derechos humanos describen que este terrorismo judicial, pretende obligar a los defensores de los recursos naturales a emigrar, para que luego las compañías privadas se adueñen de sus recursos naturales.
Para el COFADEH, criminalizar la defensa del medio ambiente es convertir al Estado de Honduras en terrorista, a través de la propia Fiscalía. Por tal motivo este organismo no gubernamental acuerpa esta lucha comunitaria por la vida.
El autor de este artículo es corresponsalía voluntaria de la revista Caros Amigos editada en são Paulo, Brasil para Centroamérica, La Agencia informativa Latinoamericana Prensa Latina, Kaos en la red y El portal http://desacato.info editado en Florianópolis, Brasil.
Imagem: Cofadeh
