Por Gabriel Muñoz.
Este 2 junio los ocho imputados por el caso Luchsinger-Mackay cumplieron el quinto día de huelga de hambre líquida iniciada en la cárcel de Temuco para exigir el fin a la ley antiterrorista, el respeto al derecho de ser juzgados en un plazo razonable, y el fin a la imposición arbitraria de la prisión preventiva.
Los comuneros sufren la prisión preventiva hace 14 meses, todo sin mediar ningún antecedente de su participación en la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, acaecida en Vilcún, el 3 de enero de 2013.
“Ellos están tranquilos, firmes en su convicción de que están haciendo algo necesario para obtener su libertad ya que lamentablemente estamos estancados en la etapa de preparación de juicio desde hace muchos meses, lo cual es algo bastante irregular”, expresó la abogada defensora de la familia Catrilaf, Manuela Royo Letelier.
Líquida e indefinida
Hernán Catrilaf, Sabino Catrilaf, José Córdoba, Eliseo Catrilaf, Aurelio Catrilaf, José Tralcal, Luis Tralcal y Juan Tralcal tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre indefinida, de carácter líquida, solicitando un derecho fundamental de toda persona que se encuentra detenida: ser juzgado.
Los prisioneros políticos mapuche se encuentran privados de libertad desde el 31 de marzo de 2016. Esta semana, la Corte tampoco fijó audiencia para los alegatos, lo que va retrasando aún más el estado de la causa, suspendida hace mucho tiempo, lo cual es un hecho absolutamente grave desde el punto de vista legal.
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“La Corte no fija fechas y este juicio se encuentra paralizado. Además, existe la posibilidad que se detenga totalmente por el requerimiento presentado por el abogado Carlos Tenorio (de la familia Luchsinger). Supuestamente los viernes son los días donde se fijan las fechas de las audiencias en la Corte de Apelaciones, lamentablemente este día tampoco se fijó audiencia y , por lo tanto, todas las inquietudes el objetivo y la disposición de los huelguistas sigue en pie”, señaló la defensora de los comuneros.
Salud en riesgo
Las dos situaciones más problemáticas son las de Hernán Catrilaf, quien tiene diabetes, y Don Aurelio Catrilaf, que es una persona mayor, ya está en la tercera edad, y viene saliendo de una operación, por tanto es más compleja su situación de salud. Sin embargo, todos se encuentran estables.
Afortunadamente, hasta ahora, no hay reclamos hacia gendarmería. Su denuncia y accionar es directamente hacia los tribunales y la lentitud con que se ha tramitado esta causa, lo cual consideran es una acción deliberada por el hecho de ser presos políticos mapuche.
Sus familias siguen visitándolos con normalidad. Eso sí, ahora más que nunca, muy preocupados por su estado de salud. Sus esfuerzos cada vez serán más evidentes. Cada semana sin comer implica asumir una innumerable cantidad de costos físicos y psíquicos. Por ello, es vital el apoyo de la sociedad civil y toda persona que se encuentre sensibilizada y convocada por la criminalización y represión que existe hacia el pueblo mapuche.
“Los comuneros han comunicado que todas las formas de apoyo son válidas, principalmente la difusión en base a sus demandas y cualquier otra medida que tienda a visibilizar la situación en que se encuentran”, concluyó la abogada Royo Letelier.
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Fuente: El Ciudadano.
