Por Ali Abunimah.
Un nuevo informe de la ONU ofrece un apoyo explícito a la campaña dirigida por palestinos Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para poner fin al Apartheid de Israel y apoyar una paz justa.
El histórico informe de respaldo al boicot, sanciones económicas y otras iniciativas de base se produce en un momento en que Israel está tratando desesperadamente de criminalizar y reprimir el apoyo internacional a los derechos de los palestinos.
Publicado por la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (Cespao) de las Naciones Unidas, el informe concluye que “Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su conjunto”.
Se encuentra “más allá de una duda razonable de que Israel es culpable de las políticas y prácticas que constituyen los crímenes de apartheid” tal como se define en el derecho internacional.
Se insta a los gobiernos nacionales a “apoyar las actividades de boicot, desinversión y sanciones y responder positivamente a las peticiones de este tipo de iniciativas”.
Régimen Racial
El informe de la ONU indica que “las prácticas israelíes contra el pueblo palestino y la cuestión del apartheid” no es una comparación entre Israel y el apartheid de Sudáfrica, sino una evaluación de las prácticas de Israel contra la Convención Internacional de 1973 sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y otras leyes fundamentales de derechos humanos.
La Convención define el crimen de apartheid como “actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”.
El derecho internacional define la discriminación racial como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen étnico o nacional”, señala el informe.
El movimiento sionista “reclamó a Palestina como la patria exclusiva del pueblo judío basado en una concepción racial expresamente de ambos grupos”, indica el informe. “Esto significa que los judíos y los palestinos son “grupos raciales” a efectos de la aplicación de la Convención sobre el Apartheid.
“La misión de preservar a Israel como un Estado judío ha inspirado o incluso obligado a Israel a seguir varias políticas raciales generales”, dice el informe.
Estos incluyen la “ingeniería demográfica, con el fin de establecer y mantener una abrumadora mayoría judía en Israel.”
Esto abarca la limpieza étnica de casi 800.000 palestinos en 1948, la negación del derecho de retorno de los refugiados palestinos y “una serie de políticas destinadas a limitar el tamaño de la población palestina”.
A pesar de que pueden votar, los derechos de los ciudadanos palestinos en Israel, una quinta parte de los ciudadanos del Estado, también están restringidos de forma sistemática, mientras que los derechos completos sólo se les conceden a los judíos.
Mientras tanto, en Israel la discriminatoria “Ley del Retorno” concede automáticamente la ciudadanía a los judíos desde cualquier parte del mundo, “mientras que niega la ciudadanía, incluso a aquellos palestinos que tienen una historia documentada de residencia en el país”.
Simulacro de democracia
“Al igual que en cualquier democracia racial”, sostiene el informe, “la mayoría de este tipo permite la parafernalia de la democracia: elecciones democráticas, una legislatura firme, sin amenazar la pérdida de la hegemonía por el grupo racial dominante”.
En una clara ilustración de la lógica racial propugnada por el liderazgo de Israel, el ministro de defensa del país, Avigdor Lieberman, esta semana reiteró la opinión de que el Estado judío con el tiempo debe ser limpiado étnicamente de prácticamente todos los palestinos.
“No hay ninguna razón por la cual el jeque Sheikh Raed Salah, Ayman Odeh, Basel Ghattas o Haneen Zoabi deban seguir siendo ciudadanos israelíes”, señaló en referencia a los prominentes políticos palestinos, tres de ellos miembros del Parlamento israelí, la Knesset.
Israel prohíbe a alguien usar su sistema en apariencia democrático para desafiar la estructuración fundamentalmente racista del régimen. Su Ley Fundamental, lo más cercano que Israel tiene a una Constitución escrita, impide que los partidos se lancen en una plataforma que explícitamente o implícitamente incluya “la negación de la existencia del Estado Israel como un estado judío y democrático”.
“Los derechos de voto pierden su importancia en términos de igualdad de derechos cuando un grupo racial está prohibido legalmente de impugnar las leyes que perpetúan la desigualdad”, indica el informe. “La ley israelí prohíbe una organización palestina en oposición a la dominación judía, lo que hace que sea ilegal e incluso sedicioso”.
Este no es el primer análisis para encontrar que las políticas israelíes cumplen con la definición legal del apartheid: un estudio realizado en 2009 por el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica llegó a la conclusión de que Israel practica el apartheid en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Pero el nuevo estudio de la ONU va mucho más allá al encontrar que el sistema de apartheid de Israel domina a todo el pueblo palestino. Se llega a la conclusión de que la “fragmentación estratégica” de la población palestina en unidades territoriales separadas y regímenes jurídicos, como ciudadanos con derechos limitados dentro de Israel, como apátridas en Cisjordania y Gaza, como “residentes permanentes” en Jerusalén Este, o como refugiados y exiliados sin derecho de retorno, “es el método principal por el cual Israel impone un régimen de apartheid”.
El estudio de 2009 fue supervisado por la politóloga Virginia Tilley. Tilley y el eminente profesor de derecho internacional Richard Falk, son coautores del nuevo informe de la ONU.
Finalización de una “empresa criminal”
Los gobiernos tienen la obligación legal de actuar de inmediato para poner fin al crimen de apartheid. Esto incluye negarse a reconocer un régimen de apartheid como lícito, negándose a ayudar a un Estado en el mantenimiento de un régimen de este tipo y que coopera con los órganos de las Naciones Unidas y otros Estados para poner fin al mismo.
El informe insta a los organismos de la ONU a actuar, e incluso sugiere buscar una opinión formal de la Corte Internacional de Justicia en el sistema de apartheid de Israel. Los gobiernos nacionales también deben respaldar al BDS y permitir que “la persecución penal de los funcionarios israelíes demostrablemente relacionados con las prácticas de apartheid”.
Pero dado que los Estados y los organismos oficiales no son propensos a tomar la iniciativa, el informe reconoce que “las instituciones de la sociedad civil y los individuos tienen el deber moral de utilizar los instrumentos a su disposición para crear conciencia de esta empresa criminal en curso”.
Se deben utilizar estas herramientas para “ejercer presión sobre Israel para desmantelar las estructuras del apartheid y negociar de buena fe para para alcanzar una paz duradera que reconozca los derechos de los palestinos bajo la ley internacional y hacer posible que los dos pueblos vivan juntos sobre la base de la igualdad real”.
Movimiento transnacional
Recordando una época anterior, el informe señala que la investigación y el análisis jurídico de los órganos de las Naciones Unidas, tales como el Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid, fueron recursos importantes para los activistas de la sociedad civil en sus esfuerzos encaminados a “legitimar el boicot, desinversiones y sanciones, y contribuir a la formación general de un movimiento internacional contra el apartheid en Sudáfrica”.
Uno de los objetivos clave del informe de hoy es fomentar “la adopción de medidas prácticas en conformidad con el derecho internacional para ejercer presión sobre Israel a desmantelar su régimen de apartheid”.
“Se deben hacer esfuerzos para ampliar el apoyo a las iniciativas de boicot, desinversión y sanciones entre los actores de la sociedad civil”, recomienda el informe.
Empresas del sector privado deben ser “recordadas de su responsabilidad legal, moral y política para romper los lazos con empresas comerciales y proyectos que directa o indirectamente ayudan y apoyan el régimen del apartheid”.
Todo esto confirma el razonamiento y las tácticas del movimiento palestino BDS, que ha sido apoyado incluso la incondicionalmente pro-Israel, Unión Europea, que ha reconocido finalmente como un derecho democrático.
Ver informe aquí
Acerca del autor: Ali Abunimah es activista del BDS, además es cofundador de The Electronic Intifada y autor de One Country: A Bold-Proposal to End the Israeli-Palestinian. Sus opiniones en Twitter y en Facebook.
Artículo original en inglés: Landmark UN report backs Israel boycott
Fuente: Ali Abunimah, The Electronic Intifada / Traducción: Palestinalibre.org.
