Por Narciso Isa Conde.
Una cosa es practicar la corrupción a expensas de los fondos retenidos ilegalmente al no pagar las deudas de las empresas aseguradoras intervenidas (Segna, Intercontinental, Latinoamericana…) y otra la extorsión a los empleados de una de ellas, dueños legítimos de casi 137 millones de pesos (depositados una parte en Scotia Crecer-AFP y congelados otra en el Banco Central) fruto de sus abonos al plan de pensiones.
Las dos modalidades de corrupción son malas, perversas, condenables… Pero esta última -la relativa a los fondos de pensiones de la intervenida Intercontinental de Seguros- es además inhumana, abusiva y cruel.
Por eso -después de escribir sobre la estafa del solar sobrevaluado, el manejo turbio de la venta del edificio de Latinoamericana de Seguros en Santiago, el uso antojadizo e ilegal de los recursos y bienes recuperados para la liquidación de esas empresas- voy a exponerles todo lo que se de este ominoso e indignante caso, dolosamente manejado por el actual Superintendente de Seguros y alto dirigente del PLD, doctor Euclides Gutiérrez Félix.
¡Vamos al tema!
ANTECEDENTES
La Intercontinental de Seguros fue intervenida por el Estado a raíz de la quiebra fraudulenta de BANINTER, acaecida en el año 2003.
Esa intervención fue asumida por la Superintendencia de Seguros en su exclusiva condición de agente “liquidador” y “garante” de los activos recuperados de esa empresa a partir de ese instante. Así lo establece la ley 146- 02.
La Intercontinental contaba entonces con 466 empleados/as, los cuales habían pagado 136, 877, 894.86 pesos por conceptos de cuotas al plan de pensiones contratado por esa empresa.
Esos dineros, en consecuencia, no eran propiedad de la empresa, sino de su personal debidamente registrado y, por tanto, su reembolso completo era –y es- una obligación del Estado; además de un compromiso moral con personas que lo necesitaban como seguro de existencia después del retiro.
Es claro que la Superintendencia de Seguros contaba -y cuenta- con el personal especializado para identificar la localización y recuperar esos fondos con relativa prontitud.
En Scotia CRECER-AFP se habían depositado 78, 507, 440 millones de pesos, que con los intereses acumulados sumaron un total de 80, 036, 997 pesos. Otros 58 millones habían sido congelados en el Banco Central.
El compromiso original y la determinación formal del Euclides Gutiérrez Félix fue devolverle ese dinero a sus legítimos dueños en su totalidad, visto de que se trataba de fondos de pensiones, merecedores de un trato justo. Incluso tal voluntad fue respaldada por los abogados externos contratados como factor auxiliar en la liquidación de esas empresas; amén de que la Superintendencia pudo dedicar parte de su personal técnico-legal al logro de ese paso.
Pero no fue así. A ese tema, por el contrario se le dio larga, mucha larga, con el premeditado propósito de desesperar y manipular a los/as afectados/as.
FASE PREVIA AL DESENLACE TRAMPOSO
Después de cinco años de espera, el personal de Intercontinental reclamó formalmente a la “Comisión de Liquidación de Segna, S.A” la devolución de esos fondos, tal como consta en el acta de su reunión del 31 de marzo del 2008:
“Caso fondos de pensiones, ex-empleados de la Intercontinental de Seguros. La Lic. Lora de Nouel presentó la comunicación suscrita por un grupo de ex-empleados de la Intercontinental de Seguros, dirigida Dr. Gutiérrez Félix, en su calidad de superintendente de seguros, mediante la cual solicitaron la liberación de los beneficios que tenían acumulados en el fondo de pensiones de dicha compañía, congelados en el Banco Central de la República Dominicana a raíz del colapso de dicha compañía.”
De paso, hábilmente, Euclides Gutiérrez encargó a la OFICINA DUQUELA& DUQUELA de esa relación, a plena conciencia de que se trataba de una entidad muy próxima a él y proclive a un manejo interesado del caso.
El 10 de septiembre del 2008 ese caso volvió a rebotar a la Comisión Liquidadora de Segna”, ya no a través de los Lic. Lora de Nouel, que había exhibido una actitud firme e intachable a lo largo de todo el proceso, sino “debidamente” manipulado por la intermediación de la doctora Luz María Duquela. Así reza el acta de esa reunión:
“Solicitud Pensionados de la Intercontinental.-La administradora de Segna informó que un grupo de pensionados de la Intercontinental de Seguros se había acercado a la doctora Duquela solicitando que la Superintendencia de Seguros asumiera por cuenta de los empleados de la Intercontinental el reclamo de esos fondos, aunque solo le devolvieron el 40% de los mismos. La comisión solicitó que se hiciera una evaluación mas exhaustiva antes de asumir cualquier compromiso en este sentido y que la oficina Duquela & Duquela haga los contactos de lugar y elabore un informe de los que podría realizarse en lo que respecta al aspecto legal”.
El informe propuesto nunca se presentó y el caso tomó un rumbo extra-Comisión y, en consecuencia, extrainstitucional; en el que Euclides, la Duquela y algunos de los ex empleados manejaron soterradamente el proceso hasta anunciar sorpresivamente con bombo y teatro las dos entregas de los fondos, ocultando importantes detalles.
El decir de la abogada Duquela de que las/os ex-empleados/as estaban dispuestos a aceptar el 40% del total, estaba destinado a facilitar la “mordida” planeada, que lógicamente no iba a ser tal dimensión.
Ese decir pudo ser real o pudo ser inventado, nadie lo comprobó después de informado; pero lo cierto es que la solución había sido dilatada por cinco años para crear un clima de desesperación que pudiera sugerir, que ante la perspectiva de perderlo todo, era mejor aceptar una parte.
CONSUMACIÓN DEL ENGAÑO
La primera entrega fue aproximadamente de un 70% si nos llevamos del monto de la primera partida correspondiente a los 80 millones depositados en Scotia Crecer- AFP. El otro 30%, algo más de de 23 millones de pesos, quedó bajo control de Euclides y la Duquela, mediante una operación a todas luces dolosa, esto es, engañosa.
Esos 23 millones fueron encubierto como “pago a los abogado” de los ex-empleados de la Intercontinental a través de un “cheque de administración” de la Superintendencia de Seguros, marcado con el número 3-13, a nombre del señor César Quintana Pla, ex empleado reclamante.
Pero resulta que César Quintana Pla no es abogado. Y resulta también que el monto de ese cheque fue depositado el 16 de mayo del 2009 en la cuenta del Banco de Reservas 16-00-88-7 de la señora Tania Carter Duquela, hija de Luz María Duquela, ambas contratadas por la Superintendencia y “enllaves” de Euclides.
Quede claro que Tania Carter Duquela nunca fue contratada como abogada por la asociación de ex empleados de Interamericana y que esa operación, oculta e irregular, nada tenía que ver con el convenio establecido con los abogados externos contratados por la Superintendencia de Seguros para prestar servicios profesionales en cuanto a la liquidación del grupo Segna e Intercontinental.
Más aun, tengo entendido que los otros dos abogados externos, Rafael Melgen Semán y Cristian Reyna, fueron marginados de esa trucosa operación y solo pudieron enterarse de la misma cuando ya estaba consumada. Esto porque ambos, como también la licenciada Lora de Nouel, Administradora Interina de Segna y de la Intercontinental (cancelada posteriormente en represalia), habían expresado reservas y oposiciones a la manera como el señor Gutiérrez Félix estaba manejando el proceso de liquidación de esas empresas en franca violación de la ley No.146-02.
La segunda partida de 58 millones de pesos fue sacada del Banco Central y entregada parcialmente menguada a sus legítimos dueños.
Todavía no se tienen detalles de esa otra operación, porque los rastros del dolo fueron cuidadosamente ocultados después de lo acontecido con la primera entrega. Pero se sabe que también fue “mordida” en un 30% a beneficio del dueto Euclides-Duquela & Duquela.
Ese “corte” significó unos 18 millones de pesos adicionales para sus beneficiarios.
Ante tales hechos es obligada la pregunta: ¿por qué Euclides le asignó esa tarea turbia a la Oficina Duquela-Duquela y no a otra?
La respuesta se relaciona con viejos contubernios que arrancan de sus relaciones personales y políticas con el Almirante de la Marina de Guerra (trujillista) Julio Duquela Morales, padre de Luz María y abuelo de Tania (quien a su vez es hija de David Carter, socio del general Enriques Pérez y Pérez, y asesinado por encargo de éste en un pleito de mafias). Recuerden que Pérez y Pérez es el principal autor intelectual del asesinato de Orlando Martínez
Ese “denso” vínculo se originó cuando Euclides, en su condición de miembro del SIM trujillista, estuvo a fines de los 60 bajo el mando de Julio Duquela Morales en la “Oficina de Procesamiento de los Apresados”, quien además fue su profesor de “inteligencia”.
La mancuerna es vieja y las complicidades también. “Amor” con “amor” se paga, y si es trujillista con mayor razón
ALERTA: ACECHA UN RIESGO MAYOR
Este sensible caso se agrega a los ya denunciados, presentando un especial cariz abusivo.
Los otros, como la compra sobrevaluada del solar, la venta del edificio de Latinoamericana de Seguros y la apropiación y uso recurrente e injustificado de fondos destinados a la liquidación de esas empresas, nos remiten a un riego mayor: al posible uso indebido de casi 800 millones de pesos y de los bienes inmuebles de Segna, recuperados después de su intervención y depositados en el BHD. En esa dirección apunta la predeterminación del señor Gutiérrez Félix cuando anuncia la posible construcción (¿grado a grado?) de un nuevo edificio con esos fondos, supuestamente valorado en 600 millones de pesos.
Eso hay que detenerlo. Esos fondos no son de la Superintendencia de Seguros y, en consecuencia, deben ser protegidos de inmediato trasladándolo al Banco Central, que por demás es quien le carga al pueblo las consecuencias del llamado déficit cuasi fiscal.
Igual hay que exigir acelerar la liquidación de las aseguradoras intervenidas, puesto que darle larga equivale a darle más chance a la corruptela entronizada en esa entidad estatal, algo mil veces peor que hacer trampa con el pago de la luz desde la condición de multimillonario al vapor y funcionario prepotente.
Y por último, descubierta la trampa, es una obligación de Euclides y las Duquela devolverles a los ex empleados de Interamericana de Seguros el treinta por ciento el 30 % que le quitaron abusivamente, equivalente a algo más de 40 millones de pesos.
18 al 25 Septiembre 2011, RD
Imagen: Chepe
