Por Ana Rosa Moreno, Puebla, México, para Desacato.info.
Poder ver mensajes, fotografías, leer correos y escuchar audios en redes sociales y en dispositivos móviles, saber con quién hablan y de qué es el sueño de toda persona obsesiva y acosadora, pero para cualquier mortal es un delito cibernético. De hecho, para poder intervenir un teléfono o una lista de correos es necesaria la autorización de un juez federal y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Sin embargo, para el gobierno es un beneficio del que puede hacer uso para espiar a quienes considera un peligro para su estabilidad y permanencia en el poder.
El lunes 19 de junio la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC (organizaciones mexicanas) presentaron una investigación donde acusan al gobierno mexicano de espionaje. En su informe documentan 76 nuevos intentos de infección con el malware “Pegasus” en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Nombres como Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsor de la reforma anticorrupción #Ley3De3; la periodista Carmen Aristegui y a su hijo adolescente, Emilio Aristegui, figuran como “objetivos” del gobierno. En total son once casos de “objetivos” que han sido afectados.
Pero no es la primera vez que ocurre un escándalo de tal magnitud. Ya en el 2015, salió al descubierto que varios gobernadores estatales, el presidente federal, por supuesto, y entidades como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) figuraban en las listas de clientes más frecuentes de la empresa Hacking Team productora de programas y desarrollos informáticos especializada en espionaje. De hecho, el Cisen ha sido su tercer cliente más importante del mundo.
Fue el guapísimo Enrique Peña Nieto, en calidad de gobernador del Estado de México, quien dio puerta de entrada a la empresa italiana de espionaje. En el 2009 contrató los servicios de Hacking Team. Su intención era equipar a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) con un software para poder hacer un seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas “objetivos” de su gobierno, básicamente sujetos defensores de los derechos humanos o periodistas que investigaban sobre sus actos de corrupción e ilegalidades. Quien nada debe nada teme.
Remote Control System es el nombre del programa que las autoridades, las Secretarías de Gobernación (Cisen y Policía Federal), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y Pemex utilizaban o siguen utilizando para poder penetrar de manera simultánea miles de dispositivos móviles y computadores para poder infiltrarse en las cuentas personales de Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Gmail, etcétera y así extraer imágenes, correos, chats y mensajes de texto con archivos adjuntos de voz.
El exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle también figura en la lista de clientes de Hacking Team, quien, en abril del 2013, compró virus informáticos (exploit) y softwares de recolección de información para espiar a sus contrincantes políticos, periodistas y académicos
Las autoridades mexicanas no aprendieron la lección del 2015, ya que se quedaron callados porque escondían otro dulce secreto: en el año 2013 contrataron los servicios de NSO Group, una empresa de ciberseguridad israelí (la cual tiene una carrera llena de escándalos internacionales por espionaje) especializada en la lucha contra el terrorismo que usualmente se ocupa para espiar a criminales, pero en México nuestros ilustrados trabajadores del Estado lo utilizan para seguir con su ardua tarea de saber en qué andan sus “objetivos”.
Se trata del software “Pegasus” y fue comprado por nuestro excelentísimo presidente Enrique Peña Nieto que recién llegado a la silla presidencial y preocupado por nuestra seguridad adquirió el tan carísimo programa para espiar a los grandes líderes del narcotráfico, según expresa la empresa israelí.
“Al hacer clic en el enlace, el navegador se abre y redirige al objetivo a uno de los sitios web de la infraestructura de NSO Group, dándole la oportunidad al malware de instalarse en el dispositivo gracias a una vulnerabilidad en el sistema operativo. De este modo, el atacante gana acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes y correos electrónicos. El malware también obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo. Según reportes de The New York Times, cada infección exitosa tendría un costo que oscila en alrededor de los 77.000 dólares”.
Los “objetivos” habían recibido mensajes maliciosos cuando hacían alguna investigación o trabajo que exponía e incomodaba al gobierno federal mexicano, casos de corrupción, uso de la fuerza, violación de derechos humanos, etc.
Amnistía Internacional México señaló mediante un comunicado que “la combinación de vigilancia selectiva, nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos”.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, declaró que este informe es evidencia que confirma que periodistas y defensores de derechos humanos son “son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo”, y añadió que el espionaje es un intento para “controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder”.
El New York Times dedicó todo un artículo que resalta la incompetencia del gobierno mexicano para resolver problemas como el caso Ayotzinapa y que, en su lugar, se dedica a espiar a quienes buscan defender los derechos humanos, exigir justicia y quienes investigan y escriben sobre sus crímenes. El Gobierno de México respondió al periódico estadounidense a través de una carta en que expresó su respeto a la privacidad de los datos personales e invitó a los afectados a denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Y el jueves 22 de junio, el Excelentísimo Presidente de la República salió a dar la cara por primera vez y con un discurso dirigido a su pueblo hambriento de justicia expresó que “Ninguno de los agraviados puede demostrar que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Condenamos de manera categórica cualquier intervención en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona, no cabe en una democracia como la que vivimos en el país. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”. Además, el presidente en un acto estúpido de solidaridad admitió que también recibe mensajes maliciosos y que procura tener cuidado en lo que habla en sus llamadas telefónicas y que no hay pruebas de que el gobierno sea responsable del supuesto espionaje.
Los once afectados ya interpusieron denuncias ante la PGR y exigen investigaciones imparciales, independientes y transparentes que los responsables rindan cuentas y que sean castigados por el abuso de poder.
A estas alturas la definición de Seguridad Nacional ha cambiado. El gobierno ya no busca herramientas y estrategias para proteger al Estado de amenazas de criminales o terroristas que atenten contra su territorio y población, ahora el nuevo enemigo son los activistas y periodistas que atenta contra la seguridad y la estabilidad del “buen gobierno” que está preocupada por seguir robando y corromper el sistema.
