Las condiciones de los derechos humanos en Marruecos fueron sin lugar a dudas muy desiguales, debido a que una Constitución de 2011 con fuertes disposiciones sobre derechos humanos no se tradujo en mejores prácticas. Si bien los marroquíes ejercieron su derecho a protestar en las calles, la policía a menudo dispersó las manifestaciones violentamente, y líderes de las protestas y disidentes se arriesgaron a ser encarcelados tras juicios injustos, a veces sobre la base de las numerosas leyes que reprimen la libertad de expresión que aún no han sido revisadas a la luz de la nueva Constitución.
En enero de 2012, un islamista se convirtió, por primera vez, en primer ministro, después de que el partido Hizb al-Adalah wal-Tanmiya (Justicia y Desarrollo) ganara la mayoría de escaños en las elecciones legislativas. Moustapha Ramid, un reconocido abogado de derechos humanos, fue nombrado ministro de Justicia. El 31 de julio, Ramid declaró en una entrevista televisiva que entre los 65.000 prisioneros marroquíes no había “presos de conciencia”, una afirmación desmentida por el encarcelamiento del rapero al-Haqed y el estudiante Abdessamad Haydour por su discurso pacífico.
Libertad de reunión, asociación y expresión
Inspirados por las protestas populares en otras partes de la región, los marroquíes han realizado desde febrero de 2011 marchas y concentraciones periódicas para exigir reformas políticas radicales. La policía tolera muchas de estas manifestaciones, encabezadas por el joven y poco organizado Movimiento 20 de Febrero por el Cambio, pero en algunas ocasiones atacaron y golpearon severamente a los manifestantes.
Seddik Kebbouri, presidente de la sección de Bouarfa de la Asociación independiente de Derechos Humanos de Marruecos, estuvo ocho meses en prisión tras ser declarado culpable en un juicio injusto por su presunta participación en una manifestación en mayo de 2011 que terminó con el lanzamiento de piedras y numerosos daños materiales. El 4 de febrero de 2012, un indulto real liberó a Kebbouri y nueve acusados. El 12 de septiembre, un tribunal de Casablanca sentenció a cinco manifestantes a entre ocho y diez meses de prisión por asaltar a la policía en una protesta callejera el 22 de julio, a pesar de que el tribunal se basó en las confesiones que según los acusados fueron coaccionadas.
Terrorismo y antiterrorismo
Cientos de presuntos extremistas islamistas detenidos a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 continúan en prisión. Muchos fueron condenados en juicios injustos después de haber permanecido en recintos secretos de detención y haber sido sometidos a malos tratos, a veces incluso torturas. A partir de los ataques terroristas de 2007, la policía ha detenido a varios centenares más de presuntos militantes islamistas, muchos de los cuales fueron condenados y encarcelados por pertenecer a una “red terrorista” o por prepararse para unirse a “la yihad” en Irak o en otros lugares.
Conducta de la policía y el sistema de justicia penal Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero Marruecos no ha ejecutado a nadie desde principios de 1990.
El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, indicó que en todo momento tuvo libre acceso a las prisiones y los presos. Destacó la “voluntad política” entre las autoridades de “crear una cultura institucional que prohíba e impida la tortura y los malos tratos”. Sin embargo, también afirmó haber recibido “informes creíbles de palizas [de la policía] (con puños y porras), de la aplicación de descargas eléctricas y de quemaduras de cigarrillo”. Méndez concluyó: “En la práctica, las protecciones contra la tortura no son eficaces porque “no hay pruebas” de que se hayan cometido actos de tortura, por lo cual la confesión o declaración permanece en el expediente y no hay un esfuerzo serio de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”.
Los tribunales privaron del derecho a un juicio justo a los acusados en casos políticos. En algunos de ellos, ignoraron sus peticiones de exámenes médicos tras sus denuncias de tortura, se negaron a convocar a los testigos eximentes y condenaron a los acusados sobre la base de confesiones aparentemente coaccionadas.
Veinticinco civiles saharauis fueron juzgados ante un tribunal militar de Rabat por su presunta participación en enfrentamientos que causaron muertes en ambos lados, en los alrededores de El Aaiún en noviembre de 2010, entre las fuerzas de seguridad y los saharauis. En el momento de redactarse este capítulo, el juicio aún no había comenzado, a pesar de que 22 de los acusados han pasado casi dos años en prisión preventiva.
Según informes, las condiciones en las prisiones son precarias, debido en gran parte al hacinamiento, un problema agravado por el frecuente recurso de los jueces a la prisión preventiva, tal como ha sido documentado en informes recientes sobre las condiciones carcelarias. Las condiciones de los presos islamistas en la cárcel de alta seguridad Sale 2 mejoraron con respecto a las condiciones inhumanas y sumamente restrictivas que sufrieron en 2011, aseguraron ex presos a Human Rights Watch.
El Consejo Nacional de los Derechos Humanos, un organismo financiado por el Estado que responde ante el rey, emitió en septiembre un informe pionero sobre los hospitales psiquiátricos, criticando las deficiencias de las instalaciones existentes. En noviembre, el Consejo emitió un informe sobre las condiciones en las prisiones que describía un patrón de palizas, políticas abusivas de castigo y traslados de prisioneros, así como el uso excesivo por los jueces de la prisión preventiva.
En 2012, hubo varias denuncias de abuso policial de los inmigrantes subsaharianos, muchos de los cuales viven en condiciones precarias a lo largo de la costa mediterránea. Por ejemplo, el 24 de agosto, la policía supuestamente irrumpió en una casa abandonada habitada por inmigrantes en las afueras de Nador, destruyó y confiscó bienes, metió a los inmigrantes en autobuses y abandonaron a muchos de ellos en la frontera con Argelia sin verificar formalmente su estatus migratorio. En general, Marruecos se ha abstenido de expulsar a inmigrantes que tengan documentos que demuestren que han solicitado asilo o han sido reconocidos como refugiados por la Comisión de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Libertad de asociación
La Constitución de 2011 protege por primera vez el derecho a crear una asociación. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno impiden arbitrariamente la legalización de algunas, socavando su libertad de operación. Entre los grupos afectados destacan los que defienden los derechos de los saharauis, los imazighen (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los graduados universitarios desempleados. También se encuentran asociaciones benéficas, culturales y educativas, entre cuyos líderes hay miembros de alAdl wal-Ihsan (Justicia y spiritualidad ), un movimiento a escala nacional que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del rey.
El gobierno, que no reconoce la asociación Justicia Espiritualidad como legal, toleró muchas de sus actividades pero impidió otras. En el Sáhara Occidental, las autoridades denegaron el reconocimiento legal a todas las organizaciones locales de derechos humanos cuyo liderazgo apoya la independencia de ese territorio, incluso asociaciones que ganaron resoluciones administrativas judiciales que decían que se les había denegado injustamente el reconocimiento.
Derechos de la mujer
La nueva Constitución garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución y las leyes y las características permanentes del Reino”. Significativas reformas al Código de Familia en 2004 elevaron la edad para contraer matrimonio de 15 a 18 años y mejoraron los derechos de las mujeres en el divorcio y la custodia de los hijos. Sin embargo, el nuevo código conserva las disposiciones discriminatorias en lo que respecta a la herencia y el derecho de los maridos a divorciarse unilateralmente de sus esposas.
El 10 de marzo, Amina Filali, de 16 años, aparentemente se quitó la vida tras sufrir repetidas palizas de su marido, según su familia. Los padres de Filali, que viven cerca de Larache, al norte de Marruecos, habían presentado una denuncia en 2011 declarando que el futuro marido de su hija la había violado, aunque más tarde lograron que la corte permitiera que los dos contrajeran matrimonio. El caso se centró en el artículo 475 del Código Penal, que prevé una pena de prisión para una persona que “secuestra o engaña” a un menor, pero impide que el fiscal presente cargos contra él si se casa con la menor. Esa cláusula, aseguran los activistas de derechos humanos, de hecho permite que los violadores eviten ser procesados.
Trabajadoras del hogar
A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes (sobre todo niñas) trabajan en el servicio doméstico. De acuerdo con la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles domésticos ha disminuido en los últimos años, pero niñas de tan sólo 8 años siguen trabajando en casas privadas hasta 12 horas al día por cantidades tan pequeñas como US$11 al mes. En algunos casos, los empleadores golpearon y abusaron verbalmente de las niñas, les negaron una educación y les negaron una alimentación adecuada. En 2012, un tribunal de apelación condenó a una mujer a 10 años de prisión por golpear a una trabajadora doméstica de 10 años, provocando la muerte de la menor. La ley laboral de Marruecos excluye a los trabajadores domésticos de sus protecciones, incluyendo un salario mínimo, límites a las horas de trabajo y un día de descanso semanal. En 2006, las autoridades presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y reforzar las prohibiciones existentes a los trabajadores domésticos de menos de 15 años. En el momento de escribirse este capítulo, el proyecto se había modificado pero no adoptado.
Libertad de expresión
Los medios de comunicación independientes impresos y en línea de Marruecos investigan y critican a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentan al enjuiciamiento y al acoso cuando se cruzan ciertos límites. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión “maliciosa” de “información falsa” que pueda perturbar el orden público o por el discurso difamatorio, ofensivo contra los miembros de la familia real o que socave “el islam, la institución de la monarquía o la integridad territorial”, es decir, la soberanía que defiende Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el periodismo de investigación, pero deja poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales. En abril, Rachid Nini, un popular columnista y editor del diario al-Masa”, completó una sentencia de un año de prisión por cargos de intentar influir en las decisiones judiciales, mostrar desacato a las decisiones judiciales y acusar falsamente de delitos a funcionarios públicos.
Marruecos revocó la acreditación del periodista de Agence-France-Presse Omar Brouksy el 5 de octubre por un artículo en el que describió a los candidatos de un partido político, que se presentaban a unas elecciones parciales ese día, como cercanos al palacio. En noviembre, las autoridades anunciaron que permitirían la reapertura de las oficinas del canal de televisión Al Jazeera, dos años después de haberlo cerrado por criticar su cobertura del conflicto del Sáhara Occidental.
En Mayo, un tribunal de Casablanca condenó y sentenció al rapero Mouad Belghouat (conocido como “”al-Haqed”, algo así como “”el indignado”) a un año de prisión por insultar a la policía en la letra de una de sus canciones. La condena y sentencia fueron confirmadas en una apelación en julio.
Un tribunal en Taza sentenció en febrero a Abdelsamad Haydour, de 24 años, a tres años de cárcel por atacar al rey, refiriéndose a él como un “”perro”, “”un asesino” y “”un dictador”, en un video en línea en YouTube; el código penal criminaliza “”los insultos al rey”.
Principales actores internacionales
En 2008, la Unión Europea otorgó a Marruecos “estatus avanzado”, colocándolo un nivel por encima de los demás miembros de la Política Europea de Vecindad (PEV). Marruecos es el mayor beneficiario de Medio Oriente de las ayudas de la UE después de los Territorios Palestinos Ocupados, con 580 millones de euros (757 millones) asignados para el período de 2011 a 2013. En su informe PEV de 2012, la UE instó a Marruecos a proteger la libertad de expresión mediante, entre otras cosas, la adopción de un nuevo código de prensa, y a “poner en práctica los principios incluidos en la nueva Constitución, en particular la adopción de leyes orgánicas… y formular un plan estratégico para reformar el sector de la justicia con el objetivo de consolidar su independencia”.
Francia es el principal socio comercial y la principal fuente de ayuda pública al desarrollo e inversión privada de Marruecos. Francia aumentó su ayuda internacional para el desarrollo a 600 millones de euros (783 millones de dólares) para la fase de 2010 a 2012. Francia casi nunca criticó públicamente las prácticas de Marruecos en materia de derechos humanos y apoyó abiertamente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. El 9 de marzo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alain Juppé, elogió el progreso “ejemplar” de Marruecos hacia la democratización y lo calificó como “un modelo” durante la Primavera Árabe. El 24 de mayo, el rey Mohamed VI se convirtió en el primer jefe de Estado en ser recibido por François Hollande, el presidente de Francia, tras haber sido elegido presidente.
Estados Unidos proporcionó ayuda financiera a Marruecos, un aliado cercano, incluyendo un programa de donaciones de la Millennium Challenge Corporation por cinco años, iniciado en 2008, con valor de 697 millones de dólares para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico. Con respecto a los derechos humanos, Estados Unidos continuó elogiando públicamente los esfuerzos de reforma de Marruecos. La Secretaria de Estado Hillary Clinton, en unas declaraciones sobre Marruecos en el primer “”diálogo estratégico” bilateral, el 13 de septiembre, no mencionó ninguna reserva en cuestiones de derechos humanos.
La resolución de 2012 del Consejo General de las Naciones Unidas, que renueva el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz para el Sáhara Occidental (MINURSO), no amplió el mandato de la MINURSO para incluir la observación de los derechos humanos, una ampliación que cuenta con el apoyo del Polisario y la oposición de Marruecos. La MINURSO es la única operación de mantenimiento de la paz creada después de 1990 que no tiene ningún componente de observación de los derechos humanos. La Resolución 2044 acogió con beneplácito “”las medidas emprendidas por Marruecos para garantizar el acceso incondicional y sin obstáculos (al Sáhara Occidental) a todos los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” de visita en el país. En septiembre, el relator especial de la ONU sobre Tortura llevó a cabo una misión en Marruecos y el Sáhara Occidental (ver arriba).
Fuente: HRW
Fonte: Por un Sahara Libre
