Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia
Participaron dirigentes y líderes del movimiento indígena del Ecuador miembros de CAOI.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUARI denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH la persecución y criminalización permanente de los defensores y defensoras de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano. Fue en la audiencia temática sobre este tema iniciada hoy por dicho organismo, en la que los representantes del gobierno del Ecuador no supieron responder a los severos cuestionamientos planteados por los participantes.
De esta manera, la CIDH abrió hoy su audiencia temática sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos de la naturaleza con el caso ecuatoriano. La delegación de la sociedad civil estuvo conformada por Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI; Carlos Pérez, defensor del agua en Quimsacocha (dirigente de UNAGUA, miembro de ECUARUNARI); Mario Melo, de la Fundación Pachamama, entre otros; mientras que el Estado Ecuatoriano estuvo representado por la Subsecretaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asesora del Ministerio de Ambiente y el delegado Erick Rioberts.
Delfin Tenesaca denunció que existe una persecución y criminalización permanente a los dirigentes y dirigentas indígenas defensores de los derechos de la Madre Naturaleza por parte del Estado ecuatoriano. “Se ha visto en la marchas, en los más de 200 casos de perseguidos y criminalizados por la protesta, aduciendo que han sido actos de terrorismo y sabotaje. La petición es que dejen de criminalizarnos, perseguirnos, somos defensores de la Pachamama y seguiremos en esa lucha”, señaló el presidente de ECUARUNARI, organización integrante de la CAOI.
Por su parte, Carlos Pérez, criminalizado por defender las fuentes de agua de Quimsacocha, proyecto minero que se empezaría a desarrollar hacia el 2014 en Cuenca, Ecuador, testimonió que “soy perseguido desde hace varios años, no solo criminalizado sino sentenciado por actos que no corresponden, primero fue por terrorismo y sabotaje y el jurado tuvo que cambiar los cargos por otros menores y darme ahora ocho días de cárcel por no ser individuo peligroso para la sociedad y porque mi causa ha sido altruista. Si el Estado en verdad quiere dialogar, necesitamos un diálogo sincero, horizontal”.
A su turno, la delegación del Estado Ecuatoriano sostuvo reiterativamente que el Ecuador es pionero en la defensa de los derechos de la naturaleza así como en realizar cambios importantes en la Constitución sobre los derechos humanos y el derecho a la protesta social, siendo garante de este derecho. Durante la audiencia presentó imágenes de protestas a las que calificó de “hechos de vandalismo y desorden social que no respetan la seguridad de las personas y desacatan la ley”.
Anunció asimismo que las reformas legales en marcha incluirán una modificación del Código Penal mediante la cual se eliminará la tipificación de terrorismo y sabotaje. Y aseguró que el Estado protege la protesta social, que está contemplada en el artículo 98 de la Constitución. Agregó que existen mecanismos y herramientas que la población y las organizaciones pueden utilizar para denunciar si hay vulneración de los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución.
Sin embargo, Mario Melo, indicó que el Estado ecuatoriano muestra información sesgada y parcializada sobre la situación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta, siendo incluso contradictorio al deslegitimar los informes de la Defensoría del Pueblo sobre estos hechos de criminalización. “El Estado abusa del poder con la información, que lo único que hace es generar un ambiente de confrontación social”, sostuvo.
Por su parte, los comisionados de la CIDH solicitaron al Estado Ecuatoriano que explique en qué estatus guarda la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; qué tipo de políticas públicas o herramientas contempla para esta Declaración, ya que tiene la obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.
La delegación estatal señaló que en poco tiempo no podía darles la información y que las preguntas serán respondidas por escrito. En ningún momento dejó clara la situación del Estado ecuatoriano frente a la citada Declaración. Tampoco explicó –al ser consultada por los comisionados de la CIDH al respecto– cómo se están pensando las modificaciones del Código Penal respecto de la tipificación de terrorismo y sabotaje, qué vertientes tomarán, etc.
Al término de la Audiencia, los comisionados agradecieron la apertura para el diálogo y expresaron su esperanza en que se inicien reuniones entre el Estado ecuatoriano y las organizaciones civiles para revisar la situación de los criminalizados.
Para ver la audiencia, ingrese aqui:
Noviembre 2 del 2012,
