Por Juan Luis Berterretche.
Egipto: elecciones para una democracia tutelada
El 14 de julio pasado, luego de una semana de movilizaciones y ocupación de la Plaza Tahrir, el Ejército y el Gobierno interino han satisfecho algunas demandas de los egipcios. El pueblo protestaba por la lentitud del proceso de transición pero, sobre todo, por el doble rasero que el Consejo Militar, que gobierna el país desde la caída de Mubarak en febrero, aplica a la hora de castigar a los manifestantes detenidos (civiles juzgados en juicios militares), por un lado, y a los responsables de la represión que dejó durante la revolución 846 muertos, por otro.
El primer ministro, Essam Sharaf, se ha dirigido a la nación dos veces en una semana, intentando aplacar los ánimos; también lo han hecho los militares. Y esos discursos, recibidos con desdeño por los egipcios, se han traducido luego en la promesa de que el Gobierno sería remodelado para purgar los restos del régimen del depuesto Mubarak, que ha empezado con la dimisión del vicepresidente Yehia El Gamal; el anuncio del ministro de Interior de que despedirá a 669 oficiales para depurar la policía; y, por último, la postergación de los comicios parlamentarios hasta octubre o noviembre.
La decisión de deshacerse de los 669 oficiales de policía (587 generales y 82 coroneles) tiene más aristas. Los ciudadanos consideran insuficiente que se les despida sin someterles a juicio. El brazo ejecutor de la represión se encarna en estos hombres vestidos de azul que golpean a los detenidos y les torturan en las comisarías sistemáticamente, pero que fueron también los que hicieron puntería en la cabeza y el pecho de manifestantes desarmados durante la revolución. Y a los que, sin embargo, Mubarak -con rostro de piedra- asegura no haber ordenado disparar.
La Junta militar anuncia su “proyecto de elecciones”
El 20 de julio pasado en medio de una corta tregua de los ciudadanos, por el anuncio de jubilación forzosa de 669 oficiales de policía, juicios públicos a los miembros del anterior régimen y remodelación del gabinete ministerial, El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna el país desde la caída de Mubarak, ha anunciado que se celebrarán elecciones antes de fin de año.
En una rueda de prensa, el general Mamduh Shahin, miembro de la Junta Militar, explicó que las elecciones a la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja) y a la Shura (Cámara Alta), se celebrarán el mismo día. No habrá supervisores internacionales, “para no violentar la soberanía de Egipto”. Es decir no quieren control internacional de la honestidad del proceso. Los militares de años de genuflexión ante EEUU e Israel están ahora “preocupados por la soberanía egipcia”.
La nueva ley determina que la mitad de los escaños provendrán de listas cerradas de partidos mientras la otra mitad serán candidatos individuales elegidos en listas abiertas. Esto ha generado protestas de algunos de los partidos más consolidados como el Wafd, el Ghad o La Libertad y la Justicia de los Hermanos Musulmanes que prefieren el sistema de listas cerradas para favorecer que se vote en función de una tendencia política o un programa y “no comprando el lugar en la listas abiertas”.
Tampoco ha gustado que se vaya a mantener la cuota del 50 por ciento de los escaños para agricultores y trabajadores, una herencia del anterior sistema que fue usado por el régimen para colocar a sus adeptos.
En el decreto que enmienda la ley electoral, la Cámara Baja estará formada por 504 miembros, más otros diez que serán designados por el presidente del país. Es decir 10 diputados biónicos. Mientras, la Shura tendrá 390 miembros, de los que 260 serán elegidos en los comicios y otros 130 designados por el presidente. O sea 130 senadores biónicos. La junta militar no ha especificado si, como máxima autoridad vigente, se reservará el derecho de elegirlos. Pero es evidente que esa es la intención. Los derechos de género no se destacan por lo generosos en el proyecto electoral militar: los partidos deberán presentar al menos a una mujer en cada lista.
Por otra parte la remodelación del Gobierno interino culminó con el juramento de los nuevos ministros ante el jefe de la junta militar egipcia, Mohamed Hussein Tantawi. El acto se produjo después de que un aplazamiento de tres días por discrepancias sobre algunos candidatos.
28 partidos rechazan nueva ley electoral
Pocos días después, -el domingo 24 de julio- de este “democrático” anuncio del Consejo Supremo de las FFAA, una coalición de 28 partidos políticos rechazó ayer la nueva ley electoral egipcia que estipula que la mitad de los escaños del Parlamento provendrán de listas cerradas y la otra mitad serán individuos elegidos en listas abiertas. Además, 6 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos condenaron la decisión de la Junta de prohibir la participación de observadores internacionales en las próximas elecciones.
La coalición formada por los principales partidos expresó su postura en la reunión que mantuvo en la sede del partido Wafd, en la que participaron también activistas opositores y candidatos a la Presidencia como el ex secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa.
Según una nota difundida al final del encuentro, la ley, anunciada el pasado día 20 por la Junta Militar, abre la puerta al regreso de miembros del antiguo régimen de Hosni Mubarak al Parlamento, mediante el uso de dinero y de matones para conseguir los escaños reservados a individuos en las listas abiertas. Método preferido por los militares y usado ya anteriormente.
Islamitas versus liberales
Cientos de miles de egipcios, en su inmensa mayoría islamistas, tomaron el 29 de julio la emblemática plaza Tahrir de El Cairo para exigir la aplicación de la sharia o ley islámica en todo el país, en la primera demostración de fuerza salafista desde la Revolución del 25 de enero, que acabó con el régimen del presidente Hosni Mubarak.
Simultáneamente tuvo lugar otra gran concentración de decenas de miles de islamistas en Alejandría, la segunda ciudad del país, en la que se hicieron llamamientos al régimen militar en el poder para que respete la voluntad expresada por el pueblo en el referéndum que tuvo lugar en marzo y que definía setiembre de 2011 como fecha de elecciones.
Por primera vez desde la caída de Mubarak en febrero, los Hermanos Musulmanes convocaron ayer expresamente a sus adeptos. Los islamistas temen que el régimen militar y provisional del general Husein Tantawi retrase indefinidamente las elecciones, como quieren algunos liberales para ganar tiempo, incumpliendo el resultado del referéndum.
De hecho, la Embajada de Estados Unidos en El Cairo ha reconocido que ha destinado 65 millones de dólares para impulsar el “movimiento democrático”, y los estadounidenses en ningún momento han negado su vinculación con los liberales.
El desalojo de la plaza Tahrir
Los palos, los escudos y los cascos han vuelto a la plaza de Tahrir. También lo han hecho la sangre y las detenciones. El 01 de agosto, primer día de Ramadán, mes sagrado para los musulmanes, la policía militar ha desmantelado a golpes a los últimos acampados en la plaza de la Liberación, el símbolo de la resistencia de los revolucionarios egipcios.
Desde principios de julio, tras enfrentamientos que dejaron más de 1.000 heridos en El Cairo, los egipcios decidieron volver a acampar en la rotonda de la plaza para protestar contra la Junta Militar que gobierna el país y presionar para que se cumplan los objetivos de la rebelión desatada en enero/febrero pasado. Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes está el fin de los juicios militares a 10.000 civiles que enfrentaron en estos meses la represión. Tantawi, al frente de la Junta Militar dictatorial, ha intentado mostrar una cara conciliadora con los manifestantes: El domingo 31 de julio aprobó un aumento de compensaciones a las familias de los fallecidos de 5.000 a 30.000 libras egipcias (580 a 3.480 euros).
El miércoles 03 de agosto, el depuesto rais, Hosni Mubarak responsable de los más de 800 asesinatos en las manifestaciones, y sus dos hijos Gamal y Alaa acusados de corrupción, se declararon inocentes en el juicio que se les inició en El Cairo. El abogado que representa a las familias de los manifestantes muertos aseguró que Habib al-Adli –ex ministro del Interior- recibió órdenes directas del ex presidente Mubarak para matar a los manifestantes.
Otro de los cargos que se le imputan es el supuesto acuerdo con el ex ministro de Petróleo Sameh Fahmi sobre la venta de gas a Israel, por un precio inferior a su valor real en el mercado, a través de una compañía del empresario Hussein Salem. Salem, hombre cercano a Mubarak y que huyó al Estado español, será juzgado en rebeldía por corrupción.
Mubarak es el primer ex jefe de Estado árabe que comparece ante un tribunal. Lo hace tendido en una camilla, vestido todo de blanco, dentro de un espacio con barrotes. El juicio continuará el 15 de agosto.
La imagen de una plaza Tahrir, hasta hace unos días repleta de jóvenes, invadida en la actualidad por uniformados con sus pertrechos antidisturbios recuerda que Egipto, gobernado por dictadores los últimos 60 años, todavía deberá transitar un largo trecho para conquistar derechos y libertades civiles para sus ciudadanos.
07 de agosto de 2011
Isla de Santa Catarina
