Enquanto se procura uma solução ao conflito que já leva mais de 4 semanas entre o Governo e os sindicatos, as partes mantêm posições fechadas sobre um plano fiscal para o país. Mais da metade da população apoia a greve.
En medio del que sería el mayor paro en 20 años, Costa Rica busca una solución a una eventual crisis financiera a través de una reforma fiscal que no cuenta con el apoyo unánime de la población. Ya son más de 10 días de huelga y paralización sin que hasta el momento se llegue a un acuerdo entre las partes.
El problema mayor es que el déficit fiscal podría alcanzar el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al final de este año, mientras que el gasto destinado al pago de la deuda pública será del 53,5% para el próximo año. Ambos factores constituyen serias amenazas a la economía del país y se ven con alarma desde entes financieros internacionales.
La solución planteada por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado es el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- expediente 20.580-, cuya aprobación está en manos de la Asamblea Legislativa, y que busca un aumento en la recaudación mediante ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la renta, recorte en los gastos -lo cual afectaría la estructura salarial del sector público-, y la adopción de una regla fiscal.
Pero movimientos sindicales de trabajadores del sector público rechazan el plan fiscal por considerar que impacta mayormente a las clases media y baja, por lo que han organizado una serie de protestas, que iniciaron desde el pasado 10 de septiembre, y que ha hecho mella sobre todo en las áreas de salud, educación, transporte, distribución de combustible y turismo.
Los medios locales han catalogado esta jornada de protestas como una de las más grandes en casi dos décadas por su duración, pues ya supera los diez días, y por sus consecuencias: paralización parcial de servicios públicos, bloqueos en carreteras y vías principales del país, pérdidas económicas significativas, violencia y altercados entre manifestantes y la policía.
Las principales molestias de los manifestantes respecto al proyecto de ley es la intención de gravar la canasta básica, la exoneración de impuestos para la educación privada y para algunos sectores empresariales -como empresas bajo régimen de zona franca, cooperativas de ahorro y crédito-, y que se eliminarían algunos privilegios para empleados del sector público.
“Este proyecto se negoció únicamente con los sectores económicos grandes y afecta a los sectores medios y pobres del país, mientras exime a los poderosos”, dijo Luis Chavarría, líder sindical, quien manifestó su rechazo absoluto al plan, al tiempo que aseguró que ponerle “parches” al proyecto, o sea aceptar solo modificarlo, es insuficiente.
“Es un proyecto que empobrece más a la población costarricense”, reiteró; mientras, por otro lado, el gobierno insiste en que el 80% de los efectos del plan recae sobre el 20% más rico de la población.
“Hay dos enfoques, en esta discusión, desde lo ideológico: uno, desde el punto de vista liberal, que dice que quienes producen mayor capacidad de empleo se les debe incentivar en vez de gravar; y dos, un punto de vista más hacia la izquierda, que dice que son los más acaudalados los que deberían aportar muchísimo más a nivel tributario”, observó el analista independiente Daniel Calvo.
“Quedan muy pocas salidas para evitar que Costa Rica entre a una crisis económica”
En la Asamblea Legislativa, actualmente se tiene poco margen para hacerle reformas o enmiendas al plan fiscal, lo cual tensa más la situación, explicó Calvo, quien agregó que se podrían modificar los mecanismos del congreso para permitir que los sindicatos realicen algunas enmiendas al plan. Eso sí, de atrasarse más la aprobación del plan, advirtió, el país vería las consecuencias como, por ejemplo, problemas para pagar aguinaldos y salarios del sector público a finales del año.
Para Calvo, Costa Rica vive una crisis política porque hay “una incapacidad total para lograr acuerdos políticos que se vienen postergando por años… ahora quedan muy pocas salidas para evitar que Costa Rica entre a una crisis económica”, aseguró.
El diálogo preliminar entre Gobierno y sindicatos mediado por la Iglesia Católica costarricense está en “punto muerto” porque la posición del gobierno es completamente antagónica a la de los sindicatos: el gobierno mantiene que el plan fiscal se mantiene tal y como está, mientras una buena parte de los sindicatos rechaza totalmente dicho plan.
“Yo estoy esperanzado en que, en las próximas horas, ojalá, logremos un acuerdo que no solo logre deponer la huelga, sino abrir un canal de comunicación franco con acuerdos para que Costa Rica logre pasar esta situación”, declaró a medios locales el presidente Alvarado este 21 de septiembre; mientras el líder sindical aseguró que la huelga, de momento, se mantendrá.
Población apoya la huelga
Un estudio realizado esta semana por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) muestra que el 52% de la población apoya la huelga y un 65% cree que se debe pausar y negociar el plan fiscal.
El estudio señala también que la ciudadanía rechaza algunos métodos de los huelguistas como los bloqueos de carreteras y la suspensión de servicios médicos, así como también el uso de la fuerza policial para levantar los bloqueos en las calles y la iniciativa del gobierno que busca declarar ilegal la huelga.
La que sería la mayor huelga en las últimas dos décadas hasta el momento no muestra señales de pronta solución.
