Resumen Latinoamericano.- El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital creada bajo el gobierno de Cristina Fernández ya tiene aval del Parlamento, y con ello se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.
La modificación de la ley de Servicios de comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, da pie a la monopolización y centralización de la información.
El instrumento ordena la unificación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones con eje en una nueva autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones, mejor conocido como Enacom en este país.
Además, se crean nuevos consejos y comisiones unificadas que serán dependientes del ministerio de Comunicaciones para cualquier decisión, lo que propicia que los medios queden en pocas manos (monopolio), según información presentada por Página 12.
Conozca en profundidad las claves para entender las modificaciones impuestas por el DNU a la Ley de Medios de Argentina:
¿Qué ordena el instrumento?
Crea el Enacom, un ente que disuelve a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), en los que participaban representantes de las universidades, los sindicatos y las provincias.
El Enacom estará conformado por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo, y otros tres que representarán a las tres primeras minorías parlamentarias.
También será el ente único que controle las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones, y estará subordinado al Ejecutivo y un Consejo Federal de Comunicaciones.
Directivos del Enacom serán removidos “en forma directa y sin expresión de causa” por el Poder Ejecutivo.
¿Cuáles son los cambios fundamentales del DNU?
El decreto establece una prórroga del plazo de licencias por 10 años y las hace transferibles, con la aprobación previa del Enacom.
Las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica
Amplía la cantidad de licencias: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares se podrán cotizar en bolsa.
Permite la venta libre de los medios audiovisuales.
Facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión.
El Artículo 8 del DNU establece que los prestadores de TV por suscripción deberán tener autorización del Enacom dentro de los 90 días de una eventual venta o transferencia de participaciones accionarias que impliquen pérdida de control sobre la empresa.
Las licencias para televisión que pagan por vínculo satelital se entregarán a demanda y se regirán por la ley de medios.
El control de las órbitas satelitales asignadas a la Argentina quedará en manos del ministerio de Comunicaciones.
Establece modificaciones a la Ley Argentina Digital y a la Ley de Medios.
¿Qué otras estructuras se crean?
Una Comisión que tendrá a su cargo “la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación” de las leyes de Medios y Argentina Digital. Se trata de una ley de comunicaciones convergentes que reemplace a las actuales.
Una comisión bicameral “de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”, integrada por ocho senadores y ocho diputados.
¿Qué se busca?
El Gobierno busca crear un solo mercado de las comunicaciones donde confluyan las empresas telefónicas y las de TV por cable y todas compitan en todos los servicios, incluidos la telefonía móvil y el acceso a Internet.
¿Qué evita?
El DNU busca evitar “la ejecución selectiva de sanciones, el otorgamiento discrecional de licencias y cualquier mecanismo de premios y castigos arbitrarios” y critica a la ley de Medios por ser una “norma anticuada y distorsiva”.
La Coalición por una Comunicación Democrática rechazó el aval al DNU de Macri contra la Ley de Medios
“Favorece la concentración del mercado audiovisual y las telecomunicaciones”
La Coalición por una Comunicación Democrática denunció la maniobra que intenta el gobierno de Mauricio Macri “apenas 48 horas antes de tener que explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital”
En ese sentido el colectivo, que reúne a 300 organizaciones de todo el país, subrayó que la sesión especial solicitada por Cambiemos activa “un procedimiento para darle un aval parlamentario al decreto 267/2015” y solicitaron “a los legisladores nacionales de todas las pertenencias políticas se abstengan de convalidar una medida que avasalla al propio fuero parlamentario y no resiste ningún control de constitucionalidad”.
En un comunicado titulado “DNU que atenta contra los derechos ciudadanos”, la CCD precisó que el decreto “convirtió a las autoridades regulatorias del sector audiovisual y de TIC en un ente subordinado al control gubernamental con mayoría automática del Ejecutivo” y resaltó que “favorece la concentración del mercado audiovisual y las telecomunicaciones, poniendo en serio riesgo miles de fuentes de trabajo”.
Además, el colectivo advirtió sobre “la disolución de organismos de representación multisectorial y federal como el Consejo Federal (previstos en las leyes 26.522 y 27.078), el menoscabo al control parlamentario y la mercantilización de una actividad considerada como parte de los derechos humanos esenciales violan los estándares internacionales en la materia y por eso ha sido convocado el gobierno ante la CIDH de la OEA”.
En ese tono, las más de 300 organizaciones de la CCD denunciaron el “intento antidemocrático que convalida los abusos de poder a través de decretos innecesarios y carentes de cualquier urgencia, como no sea fomentar la concentración de medios en los sistemas convergentes y el ingreso de grandes operadores transnacionales” y exigieron “el debido proceso para el dictado de normas que protejan y promuevan los derechos ciudadanos en materia de comunicación social”.
Por último, la CCD convocó a legisladores y ciudadanos a la retransmisión de la Audiencia Pública ante la CIDH del viernes a las 10 en el Auditorio de la Cámara de Diputados, ubicado en Avenida Rivadavia 1865.
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Fonte: Resumen Latinoamericano.
