Por Rebeca Diz.
Dezenas de conflitos em Centro e Sul América testemunham que a consciência ambientalistas e contra a exploração de minas está se tornando um movimento continental
En Chile, donde las leyes medioambientales son las mismas desde hace 25 años, se importan anualmente más de 13.000 toneladas de cianuro. En México, sólo 20 mineras canadienses controlan 250 mil hectáreas de territorio. En Brasil han sido asesinadas alrededor de mil personas, entre lideres rurales, religiosos y ambientalistas y se calcula que, en la actualidad, otras 1.800 tienen “amenazas creíbles” de muerte. En Colombia, sólo el 1% de los proyectos mineros cumple con los estándares de responsabilidad ambiental. Desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, hasta Tijuana, en México, al único verde al que se le rinde pleitesía es al del dólar que deja la minería.
Los conflictos mineros en el Perú no son un caso aislado y la respuesta del gobierno de turno, tampoco. Un vistazo al mapa minero en América Latina es suficiente para sospechar que lo ocurrido en Conga o en Islay es, más bien, una estrategia internacional bien planificada: la criminalización de las protestas, el desprestigio de los líderes ambientalistas, rurales o indígenas, la represión policial y militar, los estados de emergencia, las detenciones ilegales, los estudios de impacto medioambiental tramposos, el silencio de los medios de comunicación masivos a cambio de jugosos contratos publicitarios y las excepciones tributarias de las que gozan sistemáticamente las grandes empresas mineras. En resumen, ni los cajamarquinos son una excepción ni Ollanta Humala el primer mandatario en rendirse antela minería que promete el oro y el moro.
En el año 2007, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, respondió a las manifestaciones en contra del proyecto minero Dayuma, en la Amazona ecuatoriana, con operativos militares, persecuciones policía- les, juiciosa los dirigentes indígenas y un estado de emergencia. Era la que primera vez que Correa enfrentaba un conflicto social generado por la industria extractiva. Una vez perdida la virginidad del caso, en los siguientes conflictos todo resultó más fácil. En resumen, que el “Izquierdista” Correa ha optado por los mismos métodos que sus predecesores “derechistas” para enfrentar a las poblaciones “revoltosas”.
El “antiimperialista” Evo Morales también se rindió, a su manera, ala economía de las transnacionales mineras. La disposición 78, introducida con fórceps en el Presupuesto General del Estado (2012) boliviano, clausura toda posible discusión después de realizada una “consulta previa” que no resulta vinculante. El 23 de abril del 2010, los enardecidos pobladores de Nor Lípez, cansados de la escasez de agua y la contaminación, tomaron las instalaciones de la minera San Cristóbal, el mayor proyecto minero en este momento en Bolivia, y le prendieron fuego. La respuesta del Palacio Quemado fue rotunda: “El gobierno respetará el contrato suscrito con la empresa minera. Las movilizaciones de Avaroa esconden intereses políticos”
En Argentina, las protestas antimineras se extienden por 13 provincias. El 14 de febrero pasado, el pueblo de Andalgalá, Catamarca, tras más de 20 días de un paro que incluyó el bloqueo de carreteras y piquetes de control de acceso a la localidad, vivió una violenta jornada de protestas en contra de la minera suiza Xstrata. La represión policial no dejó cifra oficial de heridos pero sí de detenidos: 3 lugareños. La escena parece un plagio de un conflicto peruano: la minera Xstrata necesita la autorización de la población para iniciar las operaciones del proyecto minero Agua Rica. La comunidad, fundamentalmente ganadera y agrícola, se niega a dársela porque perdería su principal materia prima: el agua. Y mientras el gobernador de Catamarca decretó que la región quedaba libre de minería a tajo abierto, Cristina Fernández, la presidenta, prometió en Canadá, ante varias docenas de empresarios mineros, que Argentina ofrecerá marcos jurídicos claros que promuevan la inversión minera. Una orden de allanamiento a siete viviendas de siete líderes antimineros de Andalgalá, “sospechosos de cometer actos terroristas”, podría ser el primer borrador del marco jurídico del que habló Fernández en Toronto.
“En Colombia sólo el 1 % de los proyectos cumple con los estándares de responsabilidad ambiental”
En Brasil, el método más utilizado para zanjar las discusiones entre los conservacionistas y quienes creen en la economía a gran escala impuesta en las bosas de valores sigue siendo el mismo que se empleó en 1988 para acallar al líder ambientalista Chico Mendes: el asesinato por encargo. Hace menos de un año, en mayo del 2011, José Claudio Ribeiro Silva (53) Y su esposa María do Espíritu Santo Silva (52) fueron brutalmente asesinados. Ambos eran reconocidos líderes ambientalistas. “Estaban en la lista de los 300 líderes rurales del estado de Pará marcados para morir”, se lamenta un amigo del matrimonio en una entrevista concedida a Reuters. Yañade: “Aquí los latifundistas y ganaderos se han aliado a las empresas mineras para asesinar a quienes luchamos por la conservación de la Amazona”. Dos días después, un testigo del asesinato de Ribeiro y su mujer fue también victimario. Al día siguiente, Adelino Ramos, un abogado comprometido con la causa de los campesinos, recibió un letal tiro en la cabeza.
Centroamérica también registra violentos enfrentamientos entre las comunidades indígenas que se oponen a la minería y los intereses millonarios que esta representa. En Costa Rica la comunidad Bri Bri descubrió exploraciones ilegales. Los indígenas acusaron a “los capitales noruegos” de estar detrás de las incursiones en helicóptero en las áreas protegidas de su comunidad. Honduras tiene en la actualidad tres conflictos mineros latentes. El año pasado, la minera Minerales de Occidente derramó cianuro en el río Lara. Solucionó el problema con un comunicado de prensa en el que calificó el hecho como “una fuga menor que siempre estuvo bajo control”. Nicaragua, Trinidad y Tobago, Panamá, Guatemala y República Dominicana suman un total de 16 conflictos latentes ocasionados por otros tantos proyectos mineros, todos ellos en manos de empresas transnacionales.
“La explotación minera no ha sido históricamente una gran generadora de desarrollo. Todas las regiones que dependen de la minería están subdesarrolladas”. La frase no le pertenece a un antiminero local sino a José Antonio Ocampo, uno de los economistas más reputados de Colombia, exministro de Desarrollo Social y exsecretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Da igual el metal: oro, plata, uranio, hierro, cobre, el mapa de la pobreza en Latinoamérica se superpone al de las explotaciones mineras. Desde el Potosí boliviano al Potosí mexicano, la pobreza es la misma. También los pasivos medioambientales y la violencia empleada contra los pueblos indígenas y originarios que se oponen a entregar sus tierras.
El Salvador es de los pocos países que enfrentó en el CIADI a la gran minería. Y ganó. En el año 2011, la empresa canadiense Commerce Group tuvo que levantar su campamento y salir del país después de que las comunidades de Sensuntepeque, Victoria y San Isidro se negaran al proyecto minero El Dorado. De nada le sirvieron a la empresa canadiense las argucias legales e ilegales que empleó para ganar ante el tribunal del CIADI. Commerce Group cambió su domicilio legal de las Islas Caimán a Texas para acogerse a los beneficios del Tratado de Comercio que El Salvador tiene con Estados Unidos. Amenazó con una demanda de 100 millones de dólares e intentó dividir a las comunidades aledañas al proyecto con el viejo recurso de “los cientos de puestos de trabajo que el proyecto iba a crear”. Nada le funcionó. El balance de la lucha con la transnacional fue de tres muertos y 13 periodistas de Radio Victoria, una emisora local, amenazados de muerte.
“Correa y Morales, a su manera, se han sumado a los designios de la gran minería”
En el estado de Chihuahua, México, la minera canadiense Minefinder Corporation lleva 16 años instalada en Ejido. Los pobladores no se han beneficiado con la explotación del oro y la plata de la empresa. En el año 2oo8 un plantón frente a las instalaciones terminó con un operativo militar y la detención de los dirigentes Enrique Torres y José Armando Gomales, presidente y secretario del Comisariado Ejidal de Huizopa, respectivamente. En aquella oportunidad la empresa se comprometió con cumplir las demandas de los pobladores. El 7 de septiembre del 2011, un artículo del columnista César Gutiérrez Fierro, publicado en El Heraldo, dio cuenta no sólo del incumplimiento de las promesas del 2008 de Minefinder, sino de las persecuciones y amedrentamientos que padecen aquellos que apoyan los reclamos del pueblo de Ejido: “Dante Valdez Jiménez (38) es un profesor que vive amenazado por los caciques. Su delito, defender los derechos de los pobladores de Ejido”. El columnista de El Heraldo denunció que mientras Ejido vive en el umbral de la pobreza extrema, Mark Bailey, gerente general de Minefinder, había reconocido en el Wall ~t Forum que la minera tiene unas ganancias anuales de 600 millones de dólares. 1as reservas de la mina son de 2’400.000 troy de oro y 126 millones de onzas de plata.
En la actualidad la minería constituye el 2o% del PBI de América Latina. En Perú la explotación extractiva supone un 75% de sus ingresos por exportación y el 19% de nuestro PBI. Y, según la página de la consultora internacional Instrategy Corporation, la demanda mundial de metales apunta a Latinoamérica como el destino indiscutible de las transnacionales mineras, especialmente Brasil, México, Chile y Perú. Lo que no dice la página de esta reputada consultora es que la escalada de virulencia en los conflictos sociales generados por la minería ha sido proporcional al alza del precio del metal en las bolsas de valores del mundo.
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