La gran Minga Campesina, Étnica y Popular ha vuelto a la movilización por las calles y carreteras del territorio colombiano, con el ánimo de reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en movilizaciones anteriores por parte del Gobierno Nacional y de igual forma exigir mejores condiciones para el campo, la minería y sobre todo la protesta social, dadas las políticas de represión e inequidad que afectan a todo el pueblo de Colombia.
El día 28 del mes de mayo de 2016, inicia la movilización de los diferentes gremios, asociaciones y colectivos sociales, campesinos y mineros hacia los puntos de concentración, de forma pacífica y organizada, sin embargo estos esfuerzos han sido estropeadas en gran parte por el actuar del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.
Desde el punto de salida del Bajo Cauca Antioqueño, más preciso, desde el municipio de Cáceres, la Policía Nacional ha dispuesto efectivos de la SIJÍN y POLICÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE a realizar registros fotográficos y recolección de datos de forma irregular, por ejemplo los datos de los buses que transportaban a los manifestantes y del equipo de Derechos Humanos que apoyaba dicho traslado.
Ante la salida de los manifestantes, los buses durante el trayecto rumbo al punto de concentración, fueron retenidos en varias oportunidades y puntos de la ruta, como en el municipio de Yarumal y Santa Rosa de Osos, donde indagaban por el destino final de los mismos y los recursos con que se costeaban, además del trato de “guerrilleros” y “vándalos” que recibieron por parte de los miembros de la Policía Nacional.
En la noche del sábado 28 y madrugada del domingo 29, se concentran cerca de 450 a 500 manifestantes en el punto de concentración ubicado en la jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos.
En la mañana del día domingo 29, arriban al lugar de concentración efectivos del EJÉRCITO NACIONAL y POLICÍA NACIONAL, en especial el ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS – ESMAD – con la intención de desalojar a los manifestantes del sitio de concentración, ante una supuesta interposición de una querella policial por parte del propietario de los predios donde se asentaron los manifestantes, aunado a la manifestaciones públicas por parte de la Alcaldesa del municipio de Santa Rosa, afirmando que no tenía interés alguno para conciliar con los líderes de la movilización, argumentando que los manifestantes estaban allí por financiación o presión del grupo insurgente del ELN.
Ante la mediación de los líderes de campesinos, mineros y procesos sociales, y con el acompañamiento de Derechos Humanos, se realiza una reunión con la Policía Nacional y la Alcaldía de Santa Rosa, para garantizar el regreso de los manifestantes al municipio de Tarazá, donde asumieron los compromisos de brindar los buses y camiones para trasladar la alimentación y demás suministros para hacer posible la permanencia de los manifestantes.
Alrededor de las 5:00 p.m., en pleno operativo del arribo de los manifestantes a los buses suministrados, y a la espera de un camión para el traslado de los alimentos, llega el ESMAD a atropellar a los presentes, con la intención de que abordaran de inmediato el transporte y partieron de allí de inmediato. Es ante la intervención del equipo de Derechos Humanos, que exigían el cumplimiento del acuerdo llegado con la misma Policía Nacional y Alcaldía de Santa Rosa, que cesaron las agresiones y amenazas de la fuerza pública para el desalojo del lugar.
Siendo las 7:00 p.m., se inicia entonces el traslado de los manifestantes desde las inmediaciones del municipio de Santa Rosa, donde parten alrededor de ocho (08) buses y camiones con los alimentos y suministros en caravana, con el acompañamiento de unas unidades motorizadas del EJÉRCITO NACIONAL, las cuales interrumpían el tráfico de los camiones, dejando así que los buses partieran delante de la caravana, con el fin de impedir la llegada de dichos alimentos y demás elementos esenciales para la permanencia de los manifestantes en el legítimo derecho a la protesta que estos ejercen. Es sólo hasta el Alto de Ventanas, que se puede lograr que los camiones arriben delante de los buses, para evitar más sabotaje por parte de la fuerza pública. Sin embargo, en jurisdicción del municipio de Valdivia la Policía Nacional realiza maniobras similares, para evitar la llegada de estos camiones, donde los miembros de dicha institución de forma grotesca y alterada no permitían la intermediación de los organismos de Derechos Humanos que estaban en el sitio. La caravana arriba al municipio de Tarazá, siendo aproximadamente las 2:00 a.m.
Siendo las 11:00 a.m. del día lunes 30 de mayo, son llamados los líderes campesinos, mineros y de procesos sociales, con el acompañamiento de Derechos Humanos, a un Consejo de Seguridad por parte de la Alcaldía de Taraza, donde se llegan a unos acuerdos para facilitar la llegada de los manifestantes que se unirían a la protesta social desde otros puntos de la región.
En el marco de la protesta social, se les informa a las autoridades el inicio de las actividades para el día martes 31 de mayo.
Asimismo, en la noche del domingo 29 de mayo de 2016, en el oriente antioqueño, precisamente, en la vía que de Granada conduce a la autopista Medellín – Bogotá, fueron incinerados dos vehículos por personas desconocidas. Se trató de un bus de servicio público perteneciente a la Flota Granada y un vehículo particular del cual obligaron a desalojar a sus pasajeros. Hecho que evidencia el propósito de deslegitimar la jornada de movilización de la Minga Agraria, Étnica, Campesina y Popular.
Paso seguido, en la mañana del lunes 30 de mayo de 2016 dos soldados del Gaula del Ejército vestidos de civil, identificados como YDIAM DE JESÚS ÁLZATE GIRALDO y VÍCTOR DURAN, ingresaron al lugar donde se estaba desarrollando el foro “Conversemos el Territorio” y realizaron un registro fotográfico con teléfonos celulares a quienes se encontraban en el espacio.
Por otro lado, en otro punto de movilización de los manifestantes en la región, en el corregimiento de Santa Isabel del municipio de Remedios, al nordeste del departamento de Antioquia, se presentó un inconveniente con patrulleros en servicio, en especial el patrullero Goez, donde realizan una detención de un bus donde se movilizaban campesinos, y estos solicitan los documentos de identificación, y los retienen de forma prolongada e irregular, es así, que los manifestantes realizan los reclamos a estos efectivos de la POLICÍA NACIONAL, y como respuesta obtienen señalamientos y agresiones verbales, con palabras como “ignorantes” y “guerrilleros”.
Se insta al Gobierno Nacional, para el respeto y protección de los derechos fundamentales y derechos humanos de los campesinos, mineros y diferentes procesos sociales, en especial el ejercicio a la protesta social, y que haga un llamado a las autoridades, en especial a la fuerza pública, para evitar el uso de la fuerza, la estigmatización y reseña que realiza a los manifestantes en los diferentes puntos de concentración del país.
Boletín Número Uno
Comisión de Derechos Humanos
Regional Antioquia
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Fuente: Movimientos.org
Fotos: http://www.resumenlatinoamericano.org/
