Editorial de El Mostrador.cl.– Cualquier enfoque que se haga sobre los resultados de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, no puede omitir un dato esencial: la presión vino de la calle. El libelo se aprobó porque, a excepción de los de derecha, ningún parlamentario estuvo dispuesto a ser sindicado posteriormente como alguien que votó a favor del lucro.
En la última semana se movilizó de manera intensa entre bambalinas un apoyo transversal al ministro, que hizo dudar del éxito de la acusación. Tanto la prensa pro gobierno como algunos círculos políticos, tanto oficialistas y de oposición, sostuvieron la tesis del efecto boomerang sobre los intereses presidenciales de la oposición. Declaraciones de algunos de sus ex ministros y parlamentarios, entre ellos el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, generaban la plausibilidad de la duda.
Sin embargo, y pese a la incertidumbre que llegó hasta el final de la votación, el tema salió como lo pensaron los diputados acusadores, especialmente aquellos que venían trabajando en el tema desde el año pasado, en la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades.
La destitución de Beyer es una derrota de los fundamentos del modelo educativo chileno. Una especie de acción retardada pero exitosa de las masivas movilizaciones de los estudiantes que maduraron entre los años 2011 y 2012, aunque ya se arrastraban desde la época de Bachelet.
Dos factores fueron esenciales. El dramatismo final del caso Universidad del Mar y la postura adoptada por la candidata Michelle Bachelet. Las declaraciones de esta última de poner fin al lucro y avanzar en la gratuidad en todos los niveles, fueron sustanciales para traer orden y compromiso en las filas opositoras. Descomprimida la sensación de que la acusación complicaba su candidatura, la votación quedó expuesta en un nivel de exigencia política que nadie podía soslayar, y menos aún sus adherentes.
Fue en ese momento que el oficialismo perdió su capacidad de controlar el resultado, y ganó la voz de la calle. El fin del lucro, ya planteado el año 2007, se exhibió como el principal argumento y selló la suerte del ministro.
El intento de presentar la acusación como una revancha a la destitución de Yasna Provoste en el gobierno pasado resulta una pérdida de tiempo y un mal enfoque. La destitución de Provoste fue el resultado de una mala política de La Moneda al defender a un funcionario de menor rango, el Seremi de Educación la Región Metropolitana, responsable de un desorden administrativo de 267 mil millones de pesos. Fue un rebote mal manejado políticamente.
La destitución de Beyer es una derrota de los fundamentos del modelo educativo chileno. Una especie de acción retardada pero exitosa de las masivas movilizaciones de los estudiantes que maduraron entre los años 2011 y 2012, aunque ya se arrastraban desde la época de Bachelet.
Así, la calidad política de ambos hechos es totalmente distinta.
En estricto rigor, también pierde toda la elite política, porque el resultado está apenas en el borde interno de las mayorías febles del sistema binominal. A poco de una elección este queda expuesto como el peor candado de la institucionalidad establecida por la Constitución de 1980, y tiene muy pocas justificaciones —si acaso ninguna— a ambos lados del espectro político.
El resultado de todo esto debiera llevar a un debate a fondo de los problemas de la educación chilena. Pero quizás una lección también muy importante es que la elite quedó expuesta en su pragmatismo de aferrarse al poder binominal y a abrir, solo de manera leve, la puerta a los cambios. En esta ocasión la batalla fue real, con consecuencias para el adversario, pues tuvo como protagonista visible al Tercer Estado.
Foto: La Opinión
