Por Pedro Arrojo Agudo.
Ante las preocupantes noticias que me llegan desde Perú sobre el conflicto de Conga, me siento en la obligación moral de enviar esta carta abierta al Gobierno.
Sr. Presidente Humala
Hace poco, tuve el honor de presidir la Misión Internacional de Observación que dio seguimiento a la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en Perú. Tanto el informe general, como los informes técnicos, que fueron publicados en su momento, recogieron nuestras valoraciones y recomendaciones sobre los graves conflictos que motivaron dicha Marcha, y muy particularmente sobre el conflicto de Conga. Me apena profundamente constatar que, al menos hasta la fecha, su Gobierno, no sólo haya ignorado estos informes, sino que parezca decidido a imponer de forma autoritaria la realizacióndel citado proyecto, en lugar de abrir ese Gran Diálogo Nacional por el Derecho Humano al Agua, que desde la Comisión recomendamos.
Tal y como constatan nuestros informes, resulta evidente que existe una firme oposición al proyecto de Conga, tanto a nivel social como institucional. Una oposición que está sólidamente argumentadasobre el desastre socio-ambiental que ha supuesto la minería a cielo abierto en la región durante las dos últimas décadas, y por los informes técnicos que la Comisión avaló.
Tal y como demuestran los informes técnicos del Ingeniero Robert Morán y del Doctor en hidrogeología D. Javier Lambán, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)de Conga, que hizo la empresa Yanacocha, no reúne las mínimas condiciones de referencia a nivel internacional para ser considerado válido.
El hecho de que su propio Gobierno haya reconocido lo que el Doctor Lambán certifica – que en el EIA no existe propiamente un estudio hidrogeológico – sería suficiente para que cualquier tribunal lo invalidara.
En el informe económico-financiero, que yo mismo coordiné, insistí en que caracterizar al Perú como un “país minero” constituye un grave error estratégico, pues equivale a considerarlo como un país con fecha de caducidad. Sin embargo, la minería apenas representa el 5% del Producto Interior Bruto y poco más del 1% del trabajo de la población activa.
Afortunadamente, Perú es un gran país, rico por su diversidad en todos los sentidos, y particularmente por su diversidad productiva, cultural y biológica. Es fundamental escuchar y dialogar con esa abrumadora mayoría de peruanos y peruanas que, ni son mineros, ni quieren serlo. Y no para cerrar la minería, que sin duda puede y debe aportar al país riquezas que deben aprovecharse, sino para diseñar un futuro de consenso en el que el sector minero no aplaste e hipoteque para siempre la salud y la vitalidad del país, como ya ha ocurrido, de hecho, en multitud de cuencas, tanto en Cajamarca como en otras regiones, con la destrucción de lagunas, acuíferos y humedales, y los miles de pasivos ambientales que contaminan las cabeceras fluviales.
Pero, más allá de estos argumentos, me preocupa el riesgo de que se quiebre la esperanza política de millones de peruanos, y muy particularmente en regiones como Cajamarca, que depositaron su esperanza en el Presidente Humala; porque ello pondría en peligro, una vez más, la democracia en Perú.
Me preocupa que el escrupuloso respeto al derecho de manifestación que el Gobierno mantuvo durante la impresionante Marcha Nacional del Agua, y el riguroso carácter no-violento que las Rondas Campesinas y los organizadores garantizaron, se quiebre ahora por una aplicación equivocada del “Principio de Autoridad”. Las detenciones y amenazas sobre dirigentes sociales, como el Padre Marco Arana, y el despliegue masivo del ejército y la policía en la Región de Cajamarca me hacen temer lo peor. Si el Gobierno desata la violencia, en lugar de perseverar en el diálogo, no tengo duda de que todos, incluido el propio Gobierno, lo lamentaremos.
Pedro Arrojo Agudo es profesor Emérito del Dpto. de Análisis de la Universidad de Zaragoza Coordinador de la Misión Internacional de Seguimiento de la Marcha Nacional del Agua
