Crime de Estado contra Jaime Garzón testemunha extermínio
Por Azalea Robles.
Este Crimen de Estado es testimonio de la intolerancia extrema del estado colombiano frente a la oposición y a toda voz crítica.
VIDEOS Noticias Uno y Jaime Garzón
http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk
El 13 de agosto 2011 se cumplieron 12 años del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón: un hombre cuya genialidad humorística ponía al desnudo el mecanismo genocida del estado colombiano, denunciaba la estrategia paramilitar del estado, la ocupación estadounidense de Colombia, la extrema desigualdad social y el despojo de tierras. El asesinato de Garzón es un crimen de estado que es símbolo de los niveles de intolerancia política del estado colombiano, quien adelanta un exterminio contra la oposición y el pensamiento crítico. Recordamos a Jaime Garzón enarbolando sus ideas, su denuncia del genocidio, de la mentira, de la estrategia paramilitar: porque por ese legado cegaron su vida.
· General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al humorista Jaime Garzón.
El general en retiro Rito Alejo del Río es señalado como uno de los principales instigadores del crimen. Testimonia paramilitar alias ‘El Cirujano’ que el crimen fue planeado por el ejército, por la ‘inteligencia’ del estado colombiano (1). El Jefe paramilitar Alias ‘El Cirujano’ ha confesado la orden estatal del asesinato de Garzón: “Una nueva versión que le aporta elementos muy importantes a la investigación por el crimen de Jaime Garzón será entregada a la Fiscalía por el paramilitar alias El Cirujano. El Cirujano declarará que el asesinato de Garzón se planeó tres años antes de su ejecución y que en él participaron militares que en ese momento estaban activos.”(íbid)
Jaime Garzón fue asesinado por el Estado colombiano por denunciar, con su humor sensible, la estrategia del Estado de implementar la herramienta paramilitar para callar la reivindicación social, y para desplazar a millones de habitantes de sus tierras para favorecer al gran capital. Jaime Garzón denunció incesantemente la connivencia militar-paramilitar y la invasión de Colombia por EEUU. Denunció con valentía, lo que hoy deviene inocultable: la existencia de un narco-estado colombiano (2), de un ‘narco-imperialismo’ (EEUU), desnudó la falacia de que Estados Unidos “luchan contra las drogas” cuando en realidad son los que manejan el negocio y usan ese pretexto para intervenir países y reprimir la lucha social en diversos puntos del globo, siendo Colombia un ejemplo claro de su política colonial disfrazada de “lucha contra las drogas”. Jaime Garzón denuncia con su entrañable personaje ‘John Lenin’ la ocupación gringa en Colombia (3); ocupación hoy tristemente más vigente que nunca con las 7 bases militares que continúan instalándose bajo Santos, aún pese al fallo de inconstitucionalidad de la Corte (4). Garzón desmiente la falacia de la “lucha contra el narcotráfico” que pretextan los EEUU:
“los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada compañeros; porque además de metérsela toda, ahora quien metérsenos al rancho(…) y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la Cosa Nostra que tiene en el ojo de Águila imperial: y es que detrás de toda traco-democracia*, hay un narco-imperialismo” (3, VIDEO): http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk
El asesinato de Jaime Garzón, así como el de miles y miles de periodistas, sindicalistas, artistas, estudiantes, profesores, ambientalistas, líderes agrarios, abogados, etc… marca la extrema intolerancia política de la oligarquía colombiana: intolerancia extrema que es raíz de una guerra que desde el poder económico se desata a diario contra el pueblo colombiano, en sus más diversas expresiones, con la finalidad de despojar a la población para favorecer la acumulación de capital en pocas manos.
Varios jefes paramilitares han hablado sobre las órdenes de asesinar al humorista: impartidas desde el generalato y el siniestro DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) del estado colombiano.
· Directivos del DAS y sus cursillos a paramilitares: “Por qué está bien matar comunistas en Colombia”
El representante a la cámara (PDA), Iván Cepeda, declaró en el juicio que se le adelanta al exdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a otros seis exfuncionarios del DAS, que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, le aseguró que José Miguel Narváez era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares (5). “(Alias ‘Don Berna’) Dijo que (Narváez) cumplía varias funciones. Que era consejero del señor Carlos Castaño (Jefe paramilitar) y él se desempeñaba como líder de esa organización criminal (…) Y que además de eso cumplía la función de instructor ideológico de los campamentos en los cuales tenían sus sedes” declaró Cepeda (Ibíd. ).
Añadió que el Jefe paramilitar ‘Don Berna’ dijo que el exdirector del DAS impartía en esos campamentos un cursillo denominado: “Por qué es legítimo o por qué está bien matar comunistas en Colombia” y que además a ‘Don Berna’ le constaba personalmente haber escuchado a Carlos Castaño decir que José Miguel Narváez le había aconsejado varios crímenes. “Asesinar a mi padre, quien en ese momento era el congresista de la República Manuel Cepeda Vargas (por la exterminada UP), igualmente el señor Narváez había aconsejado al señor Carlos Castaño asesinar al humorista Jaime Garzón”, relató Cepeda (Ibíd.)
Los directivos del DAS son investigados por el escándalo de las llamadas ‘chuzadas’ telefónicas operadas por ‘organismos de inteligencia’. Las investigaciones conciernen: seguimientos, amenazas, sabotajes, instrucciones a paramilitares, allanamientos ilegales, escuchas telefónicas operadas por el siniestro DAS de Colombia: un escándalo que implica crímenes de estado gravísimos, al que los medios masivos han logrado opacar bajo la rotulación de “las chuzadas”. Se espera que la labor judicial abarque el amplio espectro de crímenes cometidos por el DAS y no reduzca las cosas a “las chuzadas”; lamentablemente al tratarse de Crímenes de Estado lo más probable es la impunidad o sentencias individuales y ‘penas’ irrisorias y en condiciones privilegiadas para los pocos condenados. Pese a las valientes declaraciones de víctimas testigos como Cepeda o de antiguos cómplices del DAS, la impunidad hace su camino: a la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá (6).
· Asesinato de Jaime Garzón: Símbolo del exterminio, que hoy continúa
El crimen de estado contra el humorista Jaime Garzón es un símbolo de la intolerancia extrema de la oligarquía y del estado colombiano contra la oposición política y el pensamiento crítico.
Tristemente, en el 2011, bajo la presidencia de Santos, este crimen sigue en la total impunidad y continúan los crímenes de Estado, sumiendo a Colombia en una situación de extrema crisis humanitaria, no solamente por el conflicto social y armado que vive el país producto de la extrema desigualdad social; sino sobretodo por un sistemático Terrorismo de Estado desatado contra todo aquel o aquella que ose elevar una reivindicación social, política, medioambiental, laboral. Terrorismo de Estado que es implementado tanto por la fuerza pública como por su hermana siamesa, la herramienta paramilitar, la cual es parte de una estrategia represiva del terror y actúa en plena connivencia con la fuerza pública. Bajo la presidencia de Santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo (7). Sólo en los 3 primeros meses de Santos han sido asesinado 50 opositores políticos (denuncia PDA), y el genocidio ha seguido incrementándose hasta hoy. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunció en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada(…)”(8).
El genocidio continúa y las masacres para desplazar comunidades se intensifican como necesidad de la codicia multinacional: el 40% del territorio esta pedido en concesiones a multinacionales mineras (9). El amparo brindado por el estado a su herramienta paramilitar y militar lo constituyen las Leyes de impunidad.
· Impunidad del gobierno de Santos para la herramienta paramilitar: Ley 1424 y continuidad del genocidio
La impunidad que brinda el estado colombiano a su herramienta paramilitar, garantiza la continuidad de esta, mientras la propaganda se encarga de alienar masivamente a nivel nacional e internacional con la falacia de ‘el aire nuevo con Santos’. La Ley 1424 del gobierno de Santos garantiza impunidad a paramilitares y sus financistas, así reza: “La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros” (10). Esta nueva ley permite el otorgamiento de beneficios como la suspensión de la ejecución de la pena y la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de paramilitares supuestamente desmovilizados.
Así expresa la situación de impunidad el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo:
“Cumplidos 6 años de expedida la ley 975 de 2005 o ley de “justicia y paz”, existe claridad y consenso sobre el balance negativo de la ley de justicia y paz. No es para menos, las cifras señalan un total de 35.353 desmovilizados. Pero de éstos, 31.281 fueron beneficiados de medidas consistentes en la renuncia del Estado a la persecución penal de sus crímenes: no se cumplió con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Estos beneficios otorgados por el estado al paramilitarismo permiten: a) la terminación de procesos penales por algunos delitos (amnistía impropia), y b) la no aplicación de la pena impuesta por los jueces (indulto). En la etapa propiamente judicial solo a 385 paramilitares se les ha formulado imputación, de estos solo a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos están en etapa de legalización, solo 4 postulados han recibido condena, aunque solo 2 de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada.” (11)
· Genocidio y Leyes estafa: terror y aparato legal al servicio de este
La declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hace una síntesis de las Leyes estafa del santismo y de la continuidad del Terror de Estado, cito unos apartes(12): “(…) permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales(…) Desde la posesión del Presidente Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes (reclamantes de tierras) han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. (…) ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.”
El MOVICE denuncia la impunidad que otorga el estado a su herramienta paramilitar y la peligrosidad de las Leyes presentadas por el gobierno de Santos y los mass-media como la panacea: favorecen la impunidad, el despojo, y por ende la continuidad del genocidio:
“Tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana. Se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. (…)”
“Con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. Solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.
Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.”
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que las mal llamadas ‘Ley de Víctimas’ y ‘Ley de Tierras’ promueven la impunidad, legalizan el despojo y permiten que las tierras despojadas sean entregadas a la mega minería y el agro- industrial:
“El proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. (…) La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”.
En la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas. Los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la (…) restitución, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.
El gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango (…) se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.
El MOVICE decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares.”
Como denuncia el MOVICE e innumerables organizaciones sociales y comunidades: el genocidio continúa incrementándose. La arremetida estatal contra la población no ha cesado desde el asesinato del humorista Jaime Garzón, al contrario. Garzón hubiera tenido muchas cosas más que denunciar, si lo hubieran dejado vivir.
· La carcajada lúcida
La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista (13). Sus abogados, en base a pruebas como las varias declaraciones de jefes paramilitares, señalan al general en retiro Rito Alejo del Río como instigador del crimen. En rueda de prensa el abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen”(Ibíd. )
En uno de sus últimos espectáculos Jaime Garzón expresaba la persecución al pensamiento crítico que sufren los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas independientes por parte de las herramientas de exterminio del estado colombiano:
“Si yo que ni soy independiente (periodista), que me burlo no más: a la casa a uno lo llaman a cada rato y le dicen ‘Nosotros sabemos donde vive, le vamos a cortar la lengua’… y eso le cambia a uno la vida: yo por ejemplo ahora me cambio de calzoncillos y medias todos los días … ¡Sí porque qué tal: un cadáver ahí cagado…uuuufff! El que no me reconozcan no me da miedo: ¿porque quién tiene unos dientes así? Uno ya avisa a la fiscalía que una cosita de oro que tengo aquí, que se la devuelvan a mi mamá, que no se la vayan a robar (…) Es que la independencia tiene un valor: esos tipos independientes que denuncian a los militares por violar los derechos humanos, ¡eso es terrible contra ellos! Si uno no más se burla de los militares, y así y todo mandan a decir ‘hágale suave que…’”(14)
Si hubieran dejado vivir a Jaime Garzón, él hubiera seguido fomentando carcajadas, sentimientos y pensamiento crítico. Su voz era necesaria para la construcción de la emancipación que busca el pueblo colombiano, así como decenas de miles de voces que han sido acalladas por las herramientas del terror estatal. Un pueblo que busca la paz debe tener memoria histórica, reclamar a sus presos políticos y entender ante todo las raíces de la guerra. Porque las raíces profundas de la guerra en Colombia son la extrema desigualdad social y, aunada a esta base, la sistemática represión y exterminio que desata el estado (como aparato al servicio de la acumulación de capital en pocas manos) contra toda reivindicación de tipo social, económica, ecológica, política. Estamos ante una violencia desatada desde arriba contra los de abajo que osan cuestionar el expolio y el empobrecimiento: por eso es asesinada hasta la carcajada lúcida.
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NOTAS:
(1) General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al periodista y humorista Jaime Garzón: http://www.noticiasuno.com/noticias/general-del-ejrcito-contact-a-ernesto-bez-para-asesinar-a-jaime-garzn-.html
VIDEO Noticias Uno:
http://www.youtube.com/watch?v=38k1faaRpIQ&feature=player_embedded#at=12
(2)Javier Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131599
(3) Vea a Jaime Garzón en este video, denunciando a narco-EEUU, con su entrañable personaje ‘Jhon Lenin’: http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk
* Cuando Garzón dice “traco-democracia” significa “narco-democracia”, o “democracia-criminal”: “traco” viene del argot“traqueto” que designa a un sicario, que a su vez viene del traquetear de las armas.
(4) El Senador Robledo denuncia la violación de la sentencia de la Corte Constitucional: El gasto multimillonario del Pentágono revela la instalación efectiva de bases del Comando Sur en el país: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123813
Pese a que la Corte declaró inconstitucional el Tratado de cesión: El Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos para construir en bases colombianas http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123295
(5) El representante a la cámara Iván Cepeda (por el PDA), sostuvo que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, le aseguró que José Miguel Narváez, directivo del DAS, era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares: http://www.caracolradio.com/nota.aspx?id=1436047
(6) A la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá: http://www.rebelion.org/seccion.php?id=13
(7)Bajo la presidencia de santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo 2010 cerró con 49 sindicalistas asesinados. Van más de 20 en 2011: El país más peligroso del mundo para los sindicalistas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133818&titular=el-pa%EDs-m%E1s-peligroso-del-mundo-para-los-sindicalistas-
El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia:
“ en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921
(8) El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual”
(9) El 40% del territorio está pedido en concesión para minería: Las venas abiertas de Colombia:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725
El Gobierno beneficia a las multinacionales mineras en detrimento del medio ambiente y las comunidades:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132682
(10) Cfr. Ley 1424 de 2010. Artículo 4º, inciso 2º.
(11) Así expresa la terrorífica situación de impunidad el colectivo de abogados Alvear Restrepo:
http://www.colectivodeabogados.org/Suenan-reformas-a-la-ley-de,3190
(12) declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE):
(13) La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista. Abogados señalan al general en retiro Rito Alejo del Rio como instigador del crimen. Abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen” http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2011/08/estado-colombiano-demandado-ante-la.html
(14) Jaime Garzón sobre la persecución al pensamiento crítico, las amenazas:
http://www.youtube.com/watch?v=znt_KM4rjSg
Jaime Garzón denuncia a los militares:
http://www.youtube.com/watch?v=_FCkfEop2cs
