Por Saúl García
ARRECIFE
Denuncio ao polícia que amedrontou manifestantes
El uruguayo José Morales ha sido citado por la Brigada de Extranjería acusado de desorden público tras la concentración pro-saharaui en Arrecife.
El activista pro saharaui uruguayo detenido el viernes tras una concentración en la localidad lanzaroteña de Arrecife se arriesga a ser expulsado. Tras haber pasado la noche en dependencias policiales acusado de desorden público y atentado contra la autoridad, José Morales Brum denunció el pasado sábado a un policía que sacó el arma para disuadir a los manifestantes. La Brigada de Extranjería en la isla le ha citado mañana para notificarle una infracción a la Ley sobre protección de la Seguridad Ciudadana que se puede considerar grave o muy grave, según advierte el acta.
El acusado, que lleva más de diez años viviendo en Lanzarote y tiene una hija de cinco años, ha calificado la citación como “una denuncia política que trata de ocultar un error muy grave (el hecho de que el policía sacara la pistola) para que muerto el perro se acabe la rabia” y asegura que los hechos de los que se le acusa no están probados.
Morales fue detenido mientras participaba el viernes por la tarde en una concentración a favor del pueblo saharaui convocada por Democracia Real Ya. Al día siguiente, y tras dormir en el calabozo, interpuso una denuncia contra el agente del Cuerpo Nacional de Policía que, vestido de paisano, fue increpado por algunos manifestantes cuando fue descubierto haciendo fotos. En lugar de identificarse como agente, sacó su arma reglamentaria, lo que provocó un altercado entre el agente y algunos manifestantes, que terminó cuando llegó la Policía Local.
El detenido declaró el domingo en el juzgado acusado de participar en el altercado y fue puesto en libertad con cargos.
Según dice el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que se le cita, “en casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
