El tribunal inculpó este jueves a todos los trabajadores por asesinato, así lo dio a conocer el portavoz de la fiscalía Frank Lesenyego. Por su parte, la policía alegó que actuó en legítima defensa ya que los mineros portaban armas blancas. (foto: EFE)
La policía alegó que actuó en legítima defensa ya que los mineros portaban armas blancas.
Las próximas audiencias para este caso están pautadas para la próxima semana. (Foto: EFE)
Un tribunal sudafricano ha inculpado a los mineros arrestados el 16 de agosto en la mina de Marikana, situada a unos 100 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, durante un tiroteo con la policía en el que murieron 34 trabajadores que estaban en huelga. El organismo los acusa de asesinar a sus compañeros de trabajo.
“El tribunal inculpó este jueves a todos los trabajadores por asesinato, de acuerdo con la ley de intención común”, dijo el portavoz de la Fiscalía Frank Lesenyego.
La ley del país estipula que todas las personas detenidas en un lugar donde ha habido un tiroteo, implicando a policías, tienen que ser imputadas por asesinato, independientemente si las víctimas son agentes o no*. La acusación afecta a 270 mineros: los 259 que fueron detenidos el 16 de agosto más los heridos que fueron arrestados al salir del hospital.
Hasta el momento ningún policía ha sido imputado, a pesar de que los videos muestran que cuerpos policiales estuvieron en el evento.
“Ni uno de los policías que mataron a esos mineros está en prisión”, ha subrayado el activista Julius Malema, expulsado en abril del Congreso Nacional Africano (ANC), partido político del gobierno en Sudáfrica. No obstante, un experto cuestionó esta interpretación de la ley.
“No veo cómo se puede usar la doctrina de la intención común para inculpar a los mineros por la muerte de otros mineros ultimados por la policía”, estimó Vincent Nmehile, profesor de Derecho en la Universidad de Witwatersrand.
La policía alegó que actuó en legítima defensa ya que los mineros supuestamente portaban armas blancas.
El presidente Jacob Zuma, ordenó la apertura de una investigación para depurar responsabilidades policiales en la matanza más grande producida desde la llegada de la democracia en 1994.
Las próximas audiencias para este caso están pautadas para la próxima semana, y se ha ordenado que los arrestados permanezcan detenidos hasta ese momento.
El miércoles, después de más de tres semanas de huelga en la mina de Marikana, el vicepresidente sudafricano Kgalema Motlanthe estimó que las enormes desigualdades entre ricos y pobres pueden desencadenar una Revolución en Sudáfrica.
“El consumo ostentoso (…) en medio de la miseria” podría avivar el resentimiento contra los ricos. “Es un ingrediente para una revolución”, declaró.
Por otra parte, los sindicatos y el grupo minero Lonmin seguían negociando bajos los auspicios del gobierno sudafricano para intentar poner fin a la huelga en Marikana. Sólo 6,6 por ciento de los 28 mil asalariados de la mina fueron a trabajar este jueves, según la empresa.
* N. de la R.: Doctrina de objetivo común usada para acusar a los mineros: “En una situación en la que hay sospechosos que se enfrentan o atacan a miembros de la policía y hay un tiroteo (que resulta) en la muerte de agentes o de los propios sospechosos, aquellos que son arrestados son acusados (de asesinato)”, declaró un portavoz de la Fiscalía. Durante el apartheid, que finalizó en 1994, el Gobierno usaba esta doctrina, llamada “de objetivo común”, para poder procesar judicialmente a líderes del movimiento antiapartheid incluso cuando no habían participado en acciones de sabotaje o en atentados llevados a cabo por sus grupos. (El País)