Por Carlos Fazio.
La imposición de Enrique Peña Nieto fue el final casi perfecto de un guión que, mezcla de telenovela y reality show político, se escribió hace seis años y medio. La del domingo 1 fue otra elección de Estado que exhibe, una vez más, las miserias de un sistema político controlado por los poderes fácticos, en particular la televisión.
Brecha, Montevideo, 6-7-2012 via Agenda Radical
Las cifras preliminares dan a Peña Nieto una ventaja de 3,3 millones de votos sobre Andrés Manuel López Obrador quien no reconoció su derrota e impugnó la contienda. Dijo que los comicios fueron “sucios” y acudió a los tribunales para tratar de “limpiarlos”. El Instituto Federal Electoral (IFE) dio entrada a la demanda y el miércoles 4 aceptó el recuento del 54,5 por ciento de los votos de la elección presidencial. Con la judicialización del proceso se entró en un compás de espera, y asoma un nuevo conflicto poselectoral, como en 2006. Pero queda la impresión de que la decisión ya está tomada: por más que proteste legalmente y pida el conteo voto por voto y casilla por casilla -lo que está autorizado ahora por una ley “antifraude” aprobada en 2007?, López Obrador no pasará. Por lo que, después de 12 años en el llano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresará a Los Pinos.
Con el guiño aprobatorio de Barack Obama, Peña Nieto ya se asumió presidente y dijo que prepara un paquete de iniciativas de ley en materia fiscal, laboral y energética. Se trata de la tercera generación de contrarreformas neoliberales que responden al Consenso de Washington, con la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) como la joya de la corona. Si no hay contratiempos, su toma de posesión el 1 de diciembre será el inicio de una nueva fase en el proceso de radicalización de la ocupación territorial del país por el capital trasnacional, vía la militarización. Lo que podría derivar en la conformación de un Estado policial de nuevo tipo. Es decir, lo que empezaron Vicente Fox y Felipe Calderón por encomienda de Washington, lo continuará Peña Nieto con algunos cambios de forma y un nuevo discurso.
Sin embargo, Peña Nieto todavía no es presidente electo, calidad que deberá definir el Tribunal Electoral antes del 6 de setiembre. Hasta entonces, los ánimos podrían calentarse y empujar a México hacia un rumbo incierto. Un sector de la sociedad está enojado y frustrado. Una vez más se siente estafado. En particular los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nucleado en torno a López Obrador. También los jóvenes del emergente y pujante movimiento estudiantil #YoSoy132. Ellos y la vieja guardia de la atomizada izquierda social y partidista son la parte dinámica de un nuevo sujeto social que quiere un cambio pacífico y hoy pugna por la anulación de los comicios. La protesta crece en las calles.
Con independencia de las controversias que se susciten sobre la legalidad de la elección, con los números actuales, 38 por ciento de los empadronados no votaron o anularon el sufragio. Peña Nieto logró su victoria con 38 por ciento de quienes sí votaron, lo cual significa que obtuvo sólo 24 por ciento del universo electoral, frente a 76 que de una manera u otra lo rechazaron. Además, destaca otro un par de datos. La debacle del Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata Josefina Vázquez Mota ocupó el tercer lugar, implica un voto castigo a la gestión de Felipe Calderón. A su vez, la victoria arrolladora de la coalición lopezobradorista en el Distrito Federal, además de la obtención de las gubernaturas en Morelos y Tabasco y el crecimiento en otros estados, ubican al progresismo como segunda fuerza nacional. Fallaron las casas encuestadoras que, con base en una propaganda mentirosa, habían fabricado la realidad virtual de una candidatura invencible.
Queda para la discusión si la elección fue democrática. Enrique Dussel dice que la democracia es el nombre de un sistema de legitimación. Pero legitimación no es legalidad. Legal es el acto que cumple la ley. Y no parece ser el caso de lo que sucedió en México. La elección fue un cochinero. Una parte significativa del electorado tiene la convicción subjetiva de que no hubo un trato simétrico a los candidatos, ni institucional ni mediáticamente. Es más, está convencida de que el IFE permitió esa desigualdad, tanto en recursos monetarios de campaña, en tiempos de propaganda y haciendo la vista gorda ante delitos electorales denunciados. Los poderes fácticos no regulados, de manera especial el consorcio Televisa, impusieron las reglas de juego y definieron su desenlace. La revista Proceso lo graficó magistralmente en su portada: sobre un fondo negro, el logo de la televisora aparece cruzado por la banda presidencial.
Otra vez el cochinero
Más allá del sentido fetichista de la democracia en México, la magnitud del financiamiento ilegal a favor del PRI muestra cómo los comicios no se ganan en México, se compran. No hay duda de que el proceso electoral estuvo viciado de principio a fin. La vieja maquinaria clientelar corporativa del PRI se mostró aceitada y volvió a funcionar de manera disciplinada en todo el territorio nacional, salvo islotes como el Distrito Federal, bastión del progresismo desde 1997.
La parcialidad de las grandes cadenas mediáticas privadas no se limitó a la fabricación de una candidatura virtual mediante publicidad y mercadotecnia, sino que incluyó la guerra sucia contra el adversario que representaba un cambio posible: López Obrador. A ello se sumaron las maniobras tradicionales de manipulación y distorsión electoral propias de un sistema estructuralmente fraudulento y construido en base a matanzas, corrupción, impunidad y una gran simulación. Las denuncias sobre la coacción y la compra masiva de sufragios por el PRI, así como el amedrentamiento y la agresión de partidarios de López Obrador, se dieron antes y durante los comicios. A ello se sumó el robo de urnas con violencia y la manipulación indebida de la papelería electoral por operadores del PRI y sus aliados.
El caso más sonado que fue denunciado ante el ife es la adquisición de 1.800.000 tarjetas “prepagadas” de la cadena de supermercados Soriana (560 tiendas en 181 ciudades), para comprar el voto de electores en varios estados del país. El “Sorianagate” cobró visibilidad pública cuando aparecieron fotografías en el diario La Jornada que exhibían el abarrotamiento de tiendas de la cadena en el DF, ante el temor de que se descubriera el fraude y se cancelaran o bloquearan los saldos de las tarjetas. “Dijeron que iban a cancelar los monederos electrónicos. Son fregaderas porque nosotros ya votamos”, declaró una mujer. Otra denuncia es el uso de tarjetas bancarias del grupo financiero Monex para financiar las millonarias operaciones electorales del PRI. Verbigracia, para la compra de sufragios.
Según López Obrador, Peña Nieto rebasó el tope de campaña permitido por ley en un monto superior a los 5.000 millones de pesos. A su juicio, eso constituye un argumento suficiente para impugnar la elección presidencial. Adujo que se encontraron inconsistencias en 113 mil de las 143 mil casillas instaladas y solicitó a la autoridad electoral que se realice un recuento total de los sufragios. El miércoles el ife aceptó que se revise el escrutinio en poco más de 78 mil casillas.
Antes y después de los comicios fue evidente la uniformidad de las autoridades y los portavoces de los medios en retratar la imposibilidad de un fraude electoral. No obstante, a finales de junio, 70 por ciento de la población consideraba posible un fraude, según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al cierre de las casillas fue también evidente el bombardeo mediático dirigido a proclamar unos comicios “limpios” y en “orden”. Bajo la batuta de Televisa, las grandes cadenas mediáticas cerraron filas para imponer la percepción de que Peña Nieto había ganado de manera contundente e inobjetable. Por lo que López Obrador debía admitir el resultado con “naturalidad”. La unción de Peña Nieto por el poder televisivo se dio basándose en estimaciones parciales de 5 o 6 por ciento de los votos. Lejos de ser expresión de una democracia madura, los apresurados reconocimientos de sus derrotas por Josefina Vázquez Mota y el candidato comparsa Gabriel Quadri fueron parte de una operación de Estado destinada a fortalecer a Peña Nieto y presionar a López Obrador a aceptar su derrota. Igual la declaración del presidente del IFE, Leonardo Valdés, y la del propio presidente Felipe Calderón.
Será difícil que la revisión de los paquetes electorales logre revertir una diferencia de más de 3 millones de votos. Sin embargo, de creer en los sondeos, el logro de López Obrador es titánico: en 90 días de campaña logró situarse a 6 puntos porcentuales del candidato de Televisa, que en marzo lo aventajaba por 28.
El futuro es de pronóstico reservado. La previsible confirmación de Peña Nieto como presidente electo daría paso a otro gobierno ilegítimo, como el de quien le brinda apoyo, Felipe Calderón. Y a un escenario que podría derivar en condiciones de ingobernabilidad. Un sector de la sociedad se siente agraviado. En particular, los jóvenes universitarios que vieron su naciente voluntad democrática burlada por la telecracia, las autoridades electorales omisas y los dinosaurios del PRI. Para ellos, como para gran parte de los poco más de 15 millones que volvieron a votar por López Obrador, la restauración autoritaria es un hecho.
Imagem de Enrique Peña Nieto tomada de: oaxaca-digital.info
