Por Ernesto Herrera.
Correspondencia de Prensa
Lunes 9 de enero. En el barrio Malvín Norte. A escasos 25 minutos del centro de Montevideo. Unos 150 vecinos realizan una marcha “contra la inseguridad”. Manifiestan su indignación por un triple crimen ocurrido días atrás. Reparten folletos y demandan “más justicia”, la renuncia del ministro del Interior -el tupamaro Eduardo Bonomi-, y “mano dura” con el delito. Sobre todo esto último.
De pronto, dos jóvenes que iban en una motocicleta por la calle simulan un accidente contra un contenedor. Un grupo de mujeres se detienen para ayudarlos. Los motociclistas intentan asaltarlas. Como el robo se frustra uno de los jóvenes se baja de la moto y le manotea la cartera a otra mujer que pasaba por allí. Los participantes de la marcha reaccionan enfurecidos. Uno de los asaltantes logra huir. El otro no tiene esa suerte. Recibe una brutal agresión. Se salva por un pelo de ser linchado. La foto publicada en los medios de prensa lo muestra ensangrentado, con heridas en el rostro y en el pecho. La Policía llega 20 minutos después. El joven atrapado y golpeado por lo vecinos increpa a sus agresores desde un patrullero donde lo tienen esposado: “Yo robo porque soy pobre, ustedes son unos patoteros porque me dieron una paliza (.) Ustedes tienen plata, yo no tengo para comer”.[1]
Luego del incidente la manifestación sigue su curso. Se escuchan las voces de vecinos y compañeros de trabajo de la familia asesinada: “Este pequeño país llegó a ser tierra de nadie, te asesinan y te roban”. Algunos piden la pena de muerte: “Hay que matarlos, porque dentro de cuatro meses están afuera otra vez”. Otros interpelan: “¿Dónde están los políticos y el comisionado de cárceles que tanto habla de los derechos humanos, queremos saber qué derechos son esos que masacraron a esta familia y nadie hace nada”. Jorge Naso, uno de los organizadores de la protesta y amigo de la familia, resume: “No se trata de cambiar un ministro, es el Frente Amplio que tiene que asumir la lucha contra la delincuencia”. Exige más patrullaje y reclama “mano dura” al presidente José Mujica para combatir el delito: “Están siempre diciendo que van a sacar el ejército para la calle, pero terminan tirando la bola para adelante”.[2]
No es el primer caso de “justicia por mano propia”. Ni el más grave. Los delincuentes muertos a tiros por sus potenciales víctimas ya son decenas (en su mayoría jóvenes). Bastante más de los que mata la propia Policía. El ejercicio de “legítima defensa” se convalida en amplios sectores de la sociedad, tanto como el derecho a estar armado.[3] Tampoco es una novedad que habitantes de una zona se manifiesten contra el “flagelo del delito”. Semanas atrás habían marchado en Carrasco (unos 2.500) y en Pocitos (poco más de 100). Barrio rico uno, de “clase media” el otro. Donde abundan rejas electrificadas, alarmas inteligentes, guardias de seguridad. Y el “miedo al forastero”, que invade desde la periferia miserable.
En Malvín Norte, por contraste, habita “población carenciada”. Esa que tiene todas las “necesidades básicas insatisfechas”. Es decir, clase trabajadora empobrecida, precarizada, desempleada. Igual que en los otros diez barrios de la capital donde se concentran: la pobreza y la indigencia, los “asentamientos irregulares”, el mayor desempleo femenino, la fuerza laboral descalificada, la pobreza infantil, el reciclado de basura, el embarazo adolecente, el analfabetismo funcional. Y el 70% de los jóvenes “ni-ni” (ni trabajan, ni estudian).
No obstante, como si de pronto las “fronteras simbólicas” de la brecha socio-económica y territorial se diluyeran, “ricos y pobres” convergen en el terreno de las demandas punitivas. Las últimas encuestas divulgadas coinciden esta vez con la realidad. El 84% de los consultados está de acuerdo en mantener los antecedentes penales de los “menores infractores”; 69% apoya la baja de imputabilidad hasta los 16 años (el 40% hasta los 14); 74% quiere más “presencia policial” en las calles; 86% aprueba los “megaoperativos” represivos en los barrios más pobres.
La interpretación lineal de la “inseguridad”, dice Rafael Paternain, “y la focalización en el delito contra la propiedad cometidos por adolescentes, son la base de sustento de una hegemonía conservadora en el ámbito de la seguridad”.[4] En ese cuadro se inscribe la estrategia de orden público del gobierno del Frente Amplio.
El regreso del detective
La democracia, afirman los que mandan, no puede sobrevivir si no hay orden en las calles. Correcto. Si consideramos que se refieren a la democracia de mercado. En la cual la competencia de todos contra todos debe ser “ordenada” de alguna manera. En efecto, la Policía se ocupa de hacerlo, salvaguardando en primer lugar las instituciones y la propiedad privada. Porque la Policía está encargada de defender el orden público y de proteger el “interés general” de la sociedad frente a la violencia de aquellos que han decidido “romper el pacto de convivencia ciudadana”. Y que, por lo general, son los conocidos de siempre: quiénes viven “sin códigos de conducta”. O quiénes fueron perdiéndolos, según el Jefe de Policía de Montevideo, por los “efectos no deseados de la evolución de la sociedad”.[5]
A partir de abril de 2011, la jefatura del Ministerio del Interior -asesorada por un equipo de sociólogos, antropólogos, sicólogos, abogados-, comenzó los ajustes en la estrategia. El discurso sobre el peligro de “favelización” (así designan a los procesos de segregación socio-económica y urbana) es acompañado por otro de “cercanía” que enfatiza la “integración” y la “participación democrática”. Se pretende restablecer un clima de “cohesión social” para impedir las “disputas territoriales” en aumento. Entre los que poseen y los desposeídos.
Por un lado, se implementaron los “operativos de saturación” o “megaoperativos”. Es decir, acciones invasivas en las llamadas “zonas rojas” donde “se refugia el delito”. Los resultados fueron desalentadores. O peor. “Esta suerte de guerra preventiva de baja intensidad genera los efectos contrarios: se intensifican las dinámicas perversas de la violencia y se ahondan las brechas de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Las lamentables consignas publicitarias esgrimidas como lenitivos para revertir la estigmatización de ciertos barrios (“yo los defiendo”), son la prueba más contundente del simplismo mecanicista que controla las acciones”.[6]
Por otro lado, las tareas específicas de “disuasión”. Visibilizando en primer lugar capacidad de fuego. Para eso la compra de armamento ruso. Así, la Guardia Nacional Republicana incorpora a su arsenal 150 fusiles del mítico Kaláshnikov; 200 armas cortas adquiridas a la fábrica metalmecánica de Izhvesk; y tres carros blindados Tigre (que pueden transportar entre 9 y 12 efectivos) a “precio de mercado”: 280.000 dólares cada uno. Habrá, “como lo demanda la gente”, 60 patrulleros más en las calles. Y las telecomunicaciones se “modernizarán” gracias a los equipos comprados a China.
Luego viene “lo que no se ve” pero tiene la máxima eficacia. Según el Ministerio del Interior, el 70% de los delitos aclarados -y muchos de los que evitan- se debe al trabajo solapado de los policías de civil. El Comisario Inspector José Luis Rondán, jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía, resume la tarea de estos investigadores: “se meten en el mundo de los delincuentes” y los “atacan desde allí”. Andan en ómnibus, circulan por ferias y avenidas, se camuflan en shoppings, partidos de fútbol, recitales de rock. Vigilan las zonas comerciales más concurridas como la Unión, el Paso Molino, la Comercial. Se infiltran en los barrios periféricos y en aquellas “zonas conflictivas” donde los uniformados no pueden entrar a riesgo de ser recibidos a pedradas y balazos.[7] Nada original. Porque esta actividad de investigación, dice Rondán, se remonta a “los tiempos napoleónicos” y al “famoso detective Peuchet”.[8]
El jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía ha roto con ciertos estereotipos. Combina su profesión represiva con actividades culturales con niños en escuelas y ONGs. No emite sonidos guturales, es bien hablado y aparenta una mediana ilustración. Es dudoso que conozca realmente la historia de Jacques Peuchet (1758-1830), el archivista policial que con sus informes proveyó a Marx de valiosa información para escribir un ensayo sobre los suicidios en el París donde se encontraba exiliado.[9] Pero habla con propiedad. Él mismo tiene una experiencia de “muchos años como policía de particular” o detective, por tanto, sabe del valor de la tarea. Por eso habrá más policías ocultos, espiando. En poco tiempo se pasará de 248 a 500 efectivos. Y una prueba de que el asunto va en serio es la reciente disolución de la añeja Banda policial. Sus 70 músicos cambiaron de función: ahora son detectives de tiempo completo.
Apuntando contra al lumpen
El 18 de diciembre de 2011, en el marco de los actos conmemoratorios del 182º aniversario de la Policía Nacional, el ministro Bonomi anunció el “nuevo” plan estratégico de su cartera. La seguridad, dijo, “es una construcción ciudadana que llevará tiempo, con resultados a largo plazo”. Repitió lo que todos saben: “que la seguridad ciudadana es la primera preocupación de los uruguayos”. Criticó a los hacen política con el tema, porque “debilita la institucionalidad y rompe el puente con la sociedad”.[10] Y puso énfasis en el eje principal: no habrá “mano blanda” ni “mano dura”. La política de orden público se basa en la idea de “mano justa”.
Un día más amenazador, otro día menos. El discurso cambia según sea la “sensación térmica” de la inseguridad (amplificada por los poderes mediáticos) y de cómo vengan las presiones políticas de la oposición. Aunque el marco conceptual es el mismo. Reaccionario por donde se mire. Para Bonomi, los cambios en los móviles sociales y culturales del delito se expresan claramente: “Son cada vez menos los que roban por hambre. Son cada vez más los que roban en ese marco consumista”. Tal cual insiste el presidente Mujica en sus patéticas “reflexiones” semanales en la radio, donde la crítica a la “civilización del consumo” ocupa un lugar central.
De allí cobra fuerza la figura del “lumpen-consumista”, el enemigo a combatir. Lo dice Bonomi: “No estamos hablando de la linda pobreza, ni esas personas forman parte de la base social para los cambios, son oposición a los cambios porque están con unos valores totalmente ajenos a los cambios. El cambio se basa en el trabajo, esto es todo lo contrario (.) La visión del que te dice que esas personas son producto de la sociedad y qué, por los tanto, los cambios tienen que ser sociales, es cierta. Pero el lumpen consumidor te genera un problema ahora y eso es algo que tiene que resolver el Ministerio del Interior”.[11]
Aún con matices, la tesis es abonada desde la academia. Para Gustavo Leal, sociólogo del campo progresista,[12] la “fractura social” originada en la crisis de 2002 llevó a la “lumpenización” de un sector de la sociedad: “Esa lumpenización es el apartamiento de un sector de la sociedad de los códigos compartidos de valores”.[13] Hay “un Uruguay excluido” que ronda el 10% y el 15% de la población, que tiene un perfil de “inempleabilidad elevado” y “un bajo nivel educativo”. Ante esta realidad, hay una mayoría de la sociedad que “se siente amenazada por el Uruguay excluido. No lo conoce y le tiene miedo”.[14]
Enemigos del cambio, vagos, ignorantes. ¿Irrecuperables. En todo caso hay que protegerse de ellos. No forman parte de la “linda pobreza” y los planes asistenciales del gobierno que se focalizan en “los más vulnerables”, no consiguieron “integrar” a esta capa social que, finalmente, fue “ganada por el delito”. El brazo penal del Estado es la única solución. Y las cárceles de la miseria siguen llenándose: 9.300 presos. Uno de los índices, en relación a la población, más altos de América Latina.
Una clase trabajadora empobrecida
El 2011 finalizó con un anuncio del gobierno: 154.000 de personas dejaron de ser pobres. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), “un 4% de las personas en situación de pobreza lograron superarla en el último año”. Esto significa, en las cifras oficiales, que habría unos 460.000 pobres en el país (14%) Los valores divulgados indican que en el último quinquenio, 675.000 uruguayos superaron el “estado de pobreza”. En 2006 había 1:135.000 pobres, el 34,4% de la población.
No obstante, las celebraciones en el progresismo -desde el Frente Amplio al periodismo adicto- ocultan que los parámetros para medir la pobreza son aquellos que ordenan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo: si alguien tiene un ingreso de $7.200 mensuales (360 dólares) ya no es pobre; si el ingreso es de $2.100 mensuales (105 dólares) ya no es indigente. Lo que significa que la tan publicitada “reducción de la pobreza” es una parodia.
Según cifras divulgadas por la Encuesta Continua de Hogares del INE: la canasta básica familiar (dos adultos y un menor y medio) se ubica en $43.000 mensuales (2.150 dólares); el ingreso medio de los hogares es $31.236 (1.561 dólares). Mientras que para el total del país, el ingreso medio per cápita a valores corrientes (sin aguinaldo y sin valor locativo) se estimó en $11.184 mensuales (559 dólares).
Según el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, 813.000 trabajadores (56% de la fuerza laboral empleada), ganan menos de $10.000 mensuales (500 dólares). Otro informe dice: “la masa salarial de Obreros y Empleados cae desde 27,2% del PIB en 1998 hasta 23,5% en 2010. Esto permite concluir que han sido los obreros, empleados y trabajadores dependientes menos calificados quienes sufrieron la mayor pérdida salarial en el período analizado, lo que se explica tanto por un menor crecimiento relativo del empleo como por un peor desempeño de sus salarios”.[15] En cuanto al “mercado de trabajo”, la central sindical afirma que pese a los “indicadores generales positivos” (el desempleo se ubica en 5,9%), “el país continúa mostrando dificultades en relación a la calidad del empleo. Este año el no registro a la seguridad social afectará a unos 460.000 ocupados, lo que si bien refleja una caída de 5% respecto a 2010 aún continúa en niveles demasiado elevados”.[16] Precariedad salarial y laboral. Empobrecimiento por consecuencia.
El gobierno destaca sus programas sociales y el monto que destina en transferencias monetarias a la “población vulnerable”: un millón de dólares diarios (menos del 10% del gasto social total), equivalente al 0,6% del PIB (una cantidad menor que en el gobierno de Tabaré Vázquez, que destinaba el 2,5%.). Sin embargo, el paisaje de pobreza se extiende. Alcanzaría con constatar el aumento de las personas viviendo en “asentamientos irregulares”: 276.000 en todo el país. Con ver las personas que trabajan en el reciclado de basura: 15.000 en Montevideo y 3.000 en el Interior; con registrar el crecimiento del trabajo infantil (entre 5 y 14 años): 79.400 niños, de los cuales un 75% realiza labores consideradas peligrosas.
Pero la mejor fotografía del “país productivo” y, a la vez, el más contundente desmentido a las opiniones de Bonomi y sus secuaces del Ministerio del Interior, es la realidad del barrio Casavalle en Montevideo. Estigmatizado como una “zona roja” de las más pesadas, poblada por malhechores y atorrantes, según una idea generalizada entre la “gente de bien”, es el barrio que tiene el menor índice de desempleo en la capital (2,7%) y uno de los más bajos del país. Es decir, los “lumpenes” trabajan y trabajan. Mucho más que los de Carrasco y Pocitos. No obstante, Casavalle es el barrio con mayor cantidad de hogares pobres (60%).[17]
El gobierno intenta disociar el delito de las causas sociales. Se entiende. Lo contrario sería reconocer no solamente el estado de crisis de sus políticas asistenciales, sino las consecuencias destructivas que produce el programa económico que pactó con las instituciones financieras internacionales y con las corporaciones patronales. Por eso, su estrategia de orden público va de la mano con el orden social del capital. Valdría recordarle aquella (y vigente) definición de Engels: “Y cuando la pobreza del proletariado crece al punto de privarlo de sus medios necesarios de sobrevivencia, cuando desemboca en la miseria y en el hambre, crece más la tendencia al desprecio por todo el orden social (.) “El desprecio por el orden social se manifiesta con mayor claridad en su extrema expresión, el crimen”.[18]
La Policía podrá sumar e innovar mecanismos de represión al delito. Algunos volverán a fracasar. Otros resultarán eficaces y conformarán a esa ciudadanía que demanda “seguridad”. Pero el “desprecio social” seguirá reproduciéndose, a la misma velocidad que se reproduce el empobrecimiento de la clase trabajadora y las capas más explotadas.
Notas
[1] El País, 10-1-2012.
[2] Ibídem.
[3] Según el Ministerio del Interior, hay 1.200.000 armas de fuego en poder de civiles en una población de 3.251.526 (Censo 2011).
[4] Rafael Paternain, fue director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. “Megaoperativos y pensamiento salvaje”, Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2011, Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
[5] Inspector mayor Diego Fernández, entrevista en el programa En Perspectiva, radio Espectador, 3-1-2012.
[6] Rafael Paternain, “Megaoperativos y pensamiento salvaje”, ya citado.
[7] Entrevista en el programa En Perspectiva, radio el Espectador, 24-11-2011
[8] Entrevista en radio el Espectador, informativo, 23-11-2011.
[9] K. Marx, “Sobre el suicidio”, Boitempo editorial, Sao Paulo, 2008.
[10] Citado por la agencia UyPress, 20-11-2011.
[11] Entrevista en el semanario Búsqueda, citada por Rafael Paternain en “Megaoperativos y pensamiento salvaje”.
[12] Integra la ONG “El Abrojo” y dirige el Observatorio Sociodemográfico del Área Metropolitana en conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo.
[13] Entrevista en el programa En Perspectiva, radio el Espectador, 1-9-2011.
[14] Gustavo Leal, columna en Montevideo Portal, 29-11-2011.
[15] “La masa salarial entre 1998 y 2010”. Instituto Cuesta-Duarte, PIT-CNT, diciembre 2011.
[16] Informe de coyuntura trimestral. Instituto Cuesta-Duarte, PIT-CNT, diciembre 2011.
[17] “Montevideo: una ciudad de varias caras”. El País, 18-12-2011.
[18] F. Engels, “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, Editorial Esencias, Buenos Aires, 1974.
Imagem tomada de: uruguay-blog.net (En la foto Ministro Eduardo Bonomi)
