Por Ernesto Herrera (Colectivo Militante).
Martes 31 de mayo, Pinar Norte (departamento de Canelones), a pocos kilómetros de Montevideo. Cuando intentaba robar un comercio, el joven Alexis Ezequiel Orona Reyes (20 años), fue asesinado. Más precisamente: linchado por sus “potenciales víctimas”.
No tenía “antecedentes penales”. Había estado empleado en una empresa de recolección de basura. Para ganar unos pesos más trabajaba de noche recorriendo como promedio 60 kilómetros. Todos los que le conocían lo afirman: no era un “delincuente”. Ni siquiera un “adicto”. El desgarrador testimonio de Andrea, su madre, da cuenta de ello: “Él consumió pasta base, fue por poquito tiempo, él solo se dio cuenta y lo dejó. No era un adicto. Yo tuve una conversación acá con él y me dijo que lo iba a dejar, estuvo como cuatro días encerrado, llorando, y lo dejó”. (Entrevista en El País, 2-6-2011)
Pero estaba sentenciado. Era uno de esos tantísimos “jóvenes infractores” clasificados como una “amenaza a la seguridad” de los “ciudadanos decentes”. Y lo pagó con su vida. No bien entró al comercio, el propietario y otra persona lo desarmaron. Le pegaron un tiro en el pie. Estaba neutralizado. Luego lo arrastraron hacia afuera del local y, con la “ayuda” de otra persona que pasaba por el lugar, lo mataron a patadas. Fallecido por “desnucamiento” dice el informe forense.
Las fuentes judiciales afirman que fue “lo más parecido a un linchamiento” y que los agresores incurrieron en una “conducta animal”. Esta vez no se concedió “el derecho a la legítima defensa”. Como sí ocurrió en decenas de otros casos recientes, donde los ejecutores de la “justicia por mano propia” (en su mayoría comerciantes) quedaron libres de culpa. Los responsables del crimen de Pinar Norte fueron procesados y enviados a la cárcel. Caso cerrado. Aunque la familia de Alexis reclame una investigación, porque insiste en que el acto desesperado del muchacho podría estar vinculado al chantaje de una banda de narcotraficantes.
Una baja más en las tropas del delito. Así registrarán las estadísticas oficiales la muerte del “rapiñero”. Aunque el hipócrita discurso oficial lamente “estas pérdidas de vidas humanas”. En realidad, tanto para el gobierno como para sus “adversarios” de la derecha, se trata de las “consecuencias inevitables” de una guerra (social) contra los “malvivientes”. También, y esto es muy evidente, para una buena parte de la sociedad “cansada de la inseguridad”. El 60% de los uruguayos dice “sentir miedo” y considera que la “falta de seguridad” es el “principal problema en el país”. Según la encuesta del “Barómetro Iberoamericano 2011”, es el porcentaje más alto de América Latina. Y añade un dato ilustrativo: las dos instituciones que cuentan con “menor confianza” de la población son el poder judicial y la policía. Porque “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.
La “tolerancia cero” tiene una legitimidad política y social. Es decir, la “mano dura” cuenta con un amplio respaldo. Y si “el Estado se ve sobrepasado” en la tarea de ponerle freno a los infractores de las reglas “que todos acordamos” ¿por qué no admitir la justicia por mano propia?. Hasta se volvió común ver como políticos de todos los partidos, periodistas, empresarios y “gente trabajadora”, se ufanan de portar armas para su “autodefensa”. Porque “nunca se sabe lo que puede pasar”. El ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, guerrillero tupamaro en los años ’60, ya lo había anticipado (setiembre 2008), desde una de sus indecentes columnas en el diario La República: la gente tiene que armarse “para defenderse de la delincuencia”. En especial de los menores y jóvenes salidos de todo control.
Coincidencias en el “combate al delito”
La infame campaña mediática calienta los ánimos. Manipula las conciencias. Construye el miedo. Estigmatiza la condición de pobreza. Alcanza con ver la descripción que hace de los asentamientos, Martín Aguirre, un editorialista político de la derecha: “Es que con sus callejuelas y pasajes estrechos, la alta marginación e informalidad, tasas de natalidad que triplican al resto de la sociedad, los asentamientos son el caldo de cultivo perfecto para crear estos guetos delictivos”. (“Una ‘favelización’ a la uruguaya”, El País, 22-5-2011)
Pero “los medios” no inventan casi nada. Sus propietarios, gerentes de marketing y editorialistas, reproducen y amplifican las ideas que emanan de las clases dominantes y sus representaciones políticas. Y en la cuestión de la “inseguridad” coinciden, casuísticamente, con el “gobierno de izquierda”. Las diferencias entre unos y otros quedan a un lado cuando de imponer “disciplina social” se trata. La “unidad nacional” que propone el presidente Mujica también se prueba en este terreno.
El facho de Bordaberry (Partido Colorado) quiere “bajar la edad de inimputabilidad” y ya juntó 150 mil firmas para hacer un referéndum. El no menos facho de Lacalle (Partido Nacional) exige “aumentar las penas” y “cárceles especiales”. El diputado Aníbal Gloodtdosky propone “militarizar la Ciudad Vieja”. Otro diputado, Sebastián Da Silva, quiere que los menores fugados del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU) luego de ser recapturados sean “enviados a la Isla de Flores”.
En el “progresismo” nadie quiere ceder la derecha. El Frente Amplio está a favor de mantener los “antecedentes delictivos” de los menores de 18 años, aunque “solamente por dos años”. El Ministro del Interior, el tupamaro Eduardo Bonomi, asegura que no dejará tranquilos “a los que delinquen”, porque “la sociedad tiene una inquietud por los problemas de seguridad”. (Semanario Búsqueda, 14-4-2011). El INAU enjaula a los menores “privados de libertad” en contenedores de acero. La intendenta “comunista”, Ana Olivera, dice ante más de 50 empresarios reunidos en el restaurante Rara Avis (19-5-2011), que “sería una linda tarea” la posibilidad de tener “una policía departamental”. (El Observador, 21-5-2011, nota sobre la cena organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing)
Aunque en términos de ideas facinerosas el premio mayor se lo lleva otro ex guerrillero tupamaro, Mauricio Rosencof. Dejando por el camino aquellas “memorias del calabozo”, Rosencof reclamó que “se saque de circulación” a los menores que cometen delitos “con medidas prontas de seguridad (.) por el bien del prójimo y la sociedad (.) No me importa su edad. Que en Inglaterra procesan desde los doce, y en Estados Unidos a la tercer reincidencia, perpetua”. (Revista “Caras y Caretas”, 20-5-2011) Si, medidas prontas de seguridad, el instituto represivo (previsto en la Constitución) que los gobiernos de la burguesía aplicaban contra las luchas obreras y populares, y que no se usa desde los años previos a la dictadura militar.
Más allá de los matices en este desenfreno securitario, todos coinciden en la opción represiva para “combatir al delito”. Después, cuando llegue el tiempo de la “redistribución de la riqueza”, se avanzará sobre las causas materiales (socio-económicas) de una “fractura social” que ninguna estadística puede colorear. Alrededor del 20% de la población vive entre la pobreza y la indigencia. El 40% de la fuerza laboral empleada no llega a los dos salarios mínimos. Y cerca de 8% de los habitantes de todo el país sobreviven en los “asentamientos irregulares”, donde sólo el 70% accede al agua potable y un 14% tiene saneamiento. Evidente, en estos paisajes de miserias y carencias se anida el “malestar social”. Es allí donde nacen y crecen, con nombre y apellido, todas las “necesidades básicas insatisfechas” de la “exclusión social”.
Para algunos, se asiste a un proceso de “favelización” de la sociedad. Para otros, el nivel de “violencia urbana” da muestras de una incipiente “barbarie social”. Cualquiera sea la etiqueta que se utilice, hay una misma conclusión: la “inseguridad pública” encabeza el listado de quejas. Es el flanco débil del gobierno. Y según revelan todas las encuestas, la razón fundamental de que Mujica vea como se desploma su popularidad.
Es lo que preocupa a los publicistas del gobierno. Por ejemplo a Esteban Valenti. Para el próspero empresario -que cambió el hábito estalinista por el de los negocios-, tanto el linchamiento del joven Alexis como la violencia en los delitos que se cometen, expresan un inocultable proceso de “barbarización de la sociedad”. (En Perspectiva, radio El Espectador, 2-6-2011). Y alerta: si el gobierno no resuelve el problema de la “inseguridad” (con medidas proporcionales a la gravedad de la situación), el Frente Amplio habrá fracasado en satisfacer la principal demanda de la ciudadanía.
Protesta social y “crimen organizado”
El linchamiento de Pinar Norte apenas fue noticia por un día. Al otro, la “crónica roja” se enfocaba en la Marcha Anti-Razzias de “los radicales de izquierda”, convocada para protestar contra los “operativos de saturación” en los barrios pobres. Medios y oficialismo desplazaban el objetivo.
Los manifestantes (unos 200) que llegaron hasta el Ministerio del Interior portaban algunas pancartas: “Pobreza no es igual a delincuencia”, “No más razzias”, “La democracia también reprime y tortura”. En los volantes distribuidos se denunciaba a los operativos como parte de una “criminalización” de todos los que viven en los “barrios humildes”. Nada fuera de control. Hasta que empezaron a cruzarse las molotov con las balas de goma y los gases lacrimógenos. Corridas, palazos, y poco más. Ningún herido fue reportado y el único manifestante detenido quedó en libertad casi de inmediato. Ese fue el saldo de “los violentísimos enfrentamientos” que los medios instalaban en sus portadas.
En la conferencia de prensa del día siguiente, el Subsecretario del Interior (ministro interino en ese momento), Jorge Vázquez, presentó las acusaciones de rigor sobre los responsables de los “desmanes”: grupos anarquistas, Plenaria Memoria y Justicia, militantes del sindicato del taxi y, probablemente, “provocadores extranjeros” del grupo argentino Quebracho. Destacó la acción policial como “muy correcta” y, sobre todo, “disuasiva”. Más o menos como lo haría cualquier ministro blanco o colorado. Hasta con las mismas palabras de un confeso liberal, Vázquez alertó: “No vamos a permitir que se atente contra las instituciones. Somos defensores de las instituciones, porque para eso nos votó el pueblo”. Admirable apego a la legalidad burguesa de alguien que supo ser un preso político por militar en la “lucha armada”.
No obstante, lo más grave vino después, en el programa “Código País” (Teledoce, 1-6-2011), que lo tuvo como entrevistado central. El tema: la política de seguridad del gobierno. Vázquez hizo un pormenorizado relato de los “avances logrados”. La eficiencia policial para aclarar los homicidios; el apoyo al INAU para evitar las fugas de menores; el éxito de los “operativos de saturación” que demostraron que la policía no permite “territorios liberados”; la descongestión de las cárceles (aunque en ese mismo momento ocurría un motín en la Cárcel de Cabildo, donde se encuentran hacinadas cientos de presas); los planes para que 1.500 soldados pasen a revistar como policías; la compra de nuevos equipos de espionaje, etc.
Remató el “balance positivo” con una cifra categórica: cuando asumió la presidencia Tabaré Vázquez (su hermano), había en el país 5.000 presos; seis años después, la cantidad es de 9.195. Como para probar que esa “percepción ciudadana” de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, es falsa. Ahí están los números para el que quiera leerlos. Cada vez más gente encarcelada. Se le olvidaron apenas unos detalles: que el 66% de esos presos “todavía” no tiene condena y que el 65% de ellos no sabe el nombre de su abogado de oficio.
Toda la entrevista transcurrió en el mismo tono: el gobierno no le dará tregua al delito. Y fue más lejos. Mejor dicho: dejó plasmada la concepción del “progresismo” en términos de “orden público”. Por ejemplo, anunció que el Ministerio del Interior pasó a los tribunales especiales que juzgan los casos de “crimen organizado”, las investigaciones policiales sobre la marcha contra las razzias. Porque a juicio del gobierno, estas “acciones planificadas” se salen de las demandas sociales “normales” y “pueden configurar” un delito vinculado al “crimen organizado”. En una palabra, el gobierno del Frente Amplio está decidido a tratar, de ser necesario, la protesta social (o política) como un asunto criminal.
Digamos que no sorprende. Lo notable es su fundamentación por boca de un funcionario a cargo de las fuerzas de seguridad. Que no se tolerarán “alteraciones del orden” ya se sabía. Lo que ahora se oficializa, concretamente, es que para el gobierno no existe una frontera infranqueable entre protesta social y delito. El brazo penal del Estado no hace distinciones semánticas.
El blanco de la política de “orden público” es, sin duda, la capa social más empobrecida. La cual representa la principal fuente de “inseguridad” para una sociedad con miedo. Esa “cultura distinta” que “invade” desde sus “zonas rojas” el territorio de la “clase media”, es la amenaza inmediata. Las otras amenazas están “latentes”, pero se pueden controlar sin grandes represiones. La “conflictividad laboral”, por ejemplo, transcurre por la vía pacífica de la “autoregulación”; y los corporativismos sindicales (“reformistas” o “clasistas”) no desbordan las condiciones de “paz social”. Ni ponen en peligro los intereses del capital.
En esta lógica autoritaria del “progresismo”, cualquier comportamiento puede considerarse una “acción planificada” contra las “instituciones democráticas” o transgresora de las reglas “naturales” de la economía. Puede tener el mismo efecto subversivo una huelga que una molotov, la ocupación de una fábrica que la deuda impaga de un viejo cañero de Bella Unión.
Por esto días, el Instituto Nacional de Colonización (INC) intimó judicialmente a 70 colonos: pagan lo adeudado o serán desalojados de las tierras. El presidente del INC, Andrés Berterreche (Movimiento de Participación Popular), afirma que “la ley de colonización nos permite flexibilidad pero llega un momento en que también hay que hacerla cumplir”. (Declaraciones citadas por El País, 4-6-2011). Es fácil concluir en cómo el gobierno la hará cumplir. En todo caso, faltaría saber qué pasa si los colonos deciden “planificar” una acción de resistencia. ¿También serán investigados por “crimen organizado”?
Un aparato policial impune
El gobierno rechaza el término “favelización”. Es “una exageración”. No obstante, el “modelo” en que se basan los “megaoperativos” contra los barrios pobres, es el que se aplica en las favelas de Río de Janeiro. El viernes 27 de mayo, unos 200 oficiales de la policía escucharon en un salón del Palacio Legislativo, la conferencia de José Mariano Benincá, secretario de Seguridad de Río de Janeiro. El “especialista” contó como lo hacen. Primero ingresa una fuerza de choque llamada “policía pacificadora” y luego, con el paso del tiempo, esa fuerza se retira y entra una especie de “policía de proximidad”. En las favelas, “primero tenemos que romper los muros creados por los fusiles de los criminales”, para recuperar los espacios donde “ya no existe la presencia del Estado”. (Citado por el semanario Búsqueda, 2-6-2011).
Las opiniones del represor brasilero están “en línea” con una circular aprobada recientemente por Bonomi, donde se detallan los “lineamientos estratégicos” para enfrentar “la situación de inseguridad objetiva y subjetiva que vive la población en especial del área metropolitana”, y el “incipiente proceso de feudalización” en el que “algunos asentamientos se han transformado en el lugar físico permanente donde la delincuencia organizada y la criminalidad común conviven”. El director de la Policía Nacional, Julio Ugarteche, precisó el alcance de estos lineamientos: “imponer la presencia del Estado con toda su fuerza, con todo su impacto y cambiar de forma definitiva, si es posible, la realidad en esos lugares.” (Citados por Búsqueda). Agregó que a partir del año que viene, la “experiencia” de Río de Janeiro será el “modelo” de la policía uruguaya. En eso consiste el acuerdo de “colaboración en políticas de seguridad pública”, firmado hace unos días atrás por Mujica y la presidenta Dilma Rousseff.
Para el gobierno, estos “lineamientos estratégicos” responden al “clamor” de sectores de la población ante “el aumento de la inseguridad”. Y asegura que los “megaoperativos” han contado, en general, con el “apoyo de los vecinos”. Porque la policía ha recibido “instrucciones precisas” en relación “al respeto a la dignidad humana”, y que “los procedimientos deben ser amigables para aquellos que no son delincuentes”. Nada que ver con la realidad. Llueven las denuncias de malos tratos, golpizas, insultos, detenciones arbitrarias, invasión de domicilios, robos. Humillaciones de todo tipo. La prepotencia policial se ha podido registrar hasta en las imágenes televisivas. Y los testimonios tanto de vecinos como de otros testigos, por ejemplo el párroco de la Cruz de Carrasco, dan cuenta del infierno vivido.
No importa, son “daños colaterales” de la guerra contra el ejército delictivo. En todo caso, podrá haber “apercibimiento” si los efectivos policiales se “extralimitan en sus funciones”. Pero, en definitiva, tienen garantizada la impunidad. Como ya viene ocurriendo. Un policía asesina a sangre fría a un “presunto” delincuente en el barrio Borro y la justicia, luego de procesarlo, resuelve dejarlo en libertad; una agente ejecuta a un hombre de 29 años ante los ojos de su familia, en el barrio Flor de Maroñas, y por ahora está en calidad de “investigada”. Y ya sabemos lo ocurrido en la cárcel de Rocha hace un año: doce presos muertos y ningún culpable. “Gatillo fácil” e impunidad dos caras de la misma moneda.
Esta política de “orden público” exige además de un aparato policial “bien pagado” (un policía gana tres y cuatro veces más que un soldado), y nutrirse de “funcionarios con experiencia”, Da lo mismo si son violadores de los derechos humanos. Como es el caso del subcomisario Enrique Mariño, acusado y procesado (con prisión) por haber torturado brutalmente con “corriente eléctrica” a los asaltantes de una sucursal del Banco de Previsión Social (BPS) en el Parque Posadas en los años 1990. Fue “rehabilitado” durante el gobierno de Jorge Batlle, que lo designó jefe del Departamento de Homicidios; colocado por Tabaré Vázquez como Subjefe de Zona en la Dirección de Seguridad; nombrado por Mujica como jefe de la Zona 1, la más importante del país, que tiene bajo su mando a nueve comisarías. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), ha denunciado este escandaloso “ascenso” de un torturador.
Algunos desde el “campo progresista” comienzan a manifestar una visión crítica, y ven en la política de seguridad del gobierno peligrosos “planteos dicotómicos” en torno “al “binarismo ‘ellos-nosotros’ (ellos delincuentes, nosotros decentes)”. Reconocen, incluso, que “las políticas de represión han fracasado” y que “la reclusión masiva también”. (Marcos Rey, “Izquierda (in)segura”, semanario Brecha, 3-6-2011). Sin embargo, la opción represiva del gobierno del Frente Amplio no tiene marcha atrás. Está en sintonía con su “proyecto de país”. Vale decir, con las condiciones que impone el orden del capital. Obviamente, cuenta con el “consenso” de amplios sectores de la población (incluidos segmentos importantes de la clase trabajadora), para transitar el camino de la “mano dura”. Y, sobre todo, se beneficia de un “imaginario popular” que asocia -casi exclusivamente-, la violación de los derechos humanos a los crímenes de la dictadura militar.
