Por Eduardo Tamayo.
Uno de los temas que se definirán en las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de febrero es el de la Ley de Comunicación, que no ha podido ser aprobada por la Asamblea Nacional, por la tenaz oposición de la derecha y de los medios de información tradicionales.
Rafael Correa, que aspira a la reelección presidencial con un amplio margen de apoyo popular, ha señalado que respaldará la expedición de esta la Ley para lo cual su movimiento Alianza País buscará alcanzar la mayoría legislativa. [1]
El Movimiento Alianza País, en su programa de gobierno 2013-2017, incluye un capítulo dedicado a la comunicación en el que se compromete a aprobar y poner en vigencia la Ley de Comunicación para “definir las nuevas reglas del juego en la materia, a fin de democratizar la comunicación, estimular nuevas tecnologías e incluir a más sectores en la configuración de un nuevo y diferente sistema nacional de educación”. [2] Así mismo, el movimiento político de gobierno propone consolidar los medios públicos como espacios ciudadanos de participación, democratizar el espectro radioeléctrico y colocar la comunicación como un tema prioritario en la agenda de organismos regionales como UNASUR, CELAC y ALBA.
Otro candidato presidencial, Alberto Acosta, que representa a la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, también se ha pronunciado por que se sancione una nueva Ley de Comunicación para que los medios de comunicación no sean controlados por los grandes grupos de poder, a la vez que demanda que los medios públicos dejen de ser gubernamentales y haya mayores posibilidades para que se desarrollen los comunitarios. [3]
En cambio el candidato de la banca y a la derecha, Guillermo Lasso, no expediría ninguna Ley de Comunicación porque el “derecho a la libre expresión no debe tener limitaciones” ni establecería un Consejo de Regulación, aunque las dos aspectos fueron aprobados en la consulta popular del 7 de mayo de 2011. [4]
Disputas mediáticas
El tema de la comunicación se encuentra en el centro de las disputas políticas e ideológicas ya no solo en estas elecciones sino desde que asumió la Presidencia Rafael Correa en enero de 2007.
Desde esa fecha, los medios privados cuestionan “el proceso constituyente, a la Constitución, y, sin duda al Presidente, a la Asamblea Nacional y a las políticas económicas y sociales seguidas por el gobierno” [5] señala el historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda, agregando que “progresivamente ese sector empresarial de medios de comunicación se convirtió en un actor ideológico y político, que algunos analistas consideran que reemplazó a los partidos”. [6]
Ante esta permanente ofensiva de la oposición de derecha, aliada a los medios privados, el gobierno de Correa ha respondido con medidas que incluyeron la creación de un sistema estatal de medios (hasta entonces inexistentes en el Ecuador), la utilización de las redes digitales [7] y la puesta en escena de los “enlaces ciudadanos” semanales a través de los cuales el Presidente Correa informa de sus actividades pero, a la vez, que denuncia en forma permanente el carácter mercantil de los medios privados, la relación del poder mediático con el poder económico y los métodos de lo que Correa denomina la “prensa corrupta y mediocre”, muchas veces reñidos con las normas profesionales y de la ética periodística.
Los medios privados y las oposiciones de derecha e izquierda, por su parte, critican el estilo y el lenguaje del Presidente al que acusan de ser “intolerante” y de atentar a la “libertad de expresión”. Señalan que son atacados porque denuncian actos de corrupción y la concentración del poder, en tanto demandan la fiscalización del poder Ejecutivo. Más allá de esta confrontación, la verdad es que, como señala el periodista ecuatoriano Gustavo Isch, “Los medios masivos ecuatorianos devenidos en actores políticos acostumbrados a dominar de modo casi monopólico la agenda pública, se han visto vulnerables ante el embate de la ‘revolución ciudadana’ liderada por un presidente capaz de disputarles sus públicos, sus espacios, y utilizar la tecnología de comunicación para movilizar en su contra a amplios sectores de la opinión pública”. [8]
Este enfrentamiento entre Correa y el poder mediático, del que la ciudadanía se ha mantenido de cierta forma apartada, ha ido de menos a más. Pese a que el presidente cuestionaba a los medios privados, éstos recibían, sin decir nada, jugosas sumas provenientes de la publicidad estatal. Pero el 28 de julio de 2012, Correa ordenó dejar de enviar más “publicidad oficial a los medios mercantilistas porque no tenemos porqué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este país”. Semanas antes había dispuesto que sus ministros no concurran a entrevistas a los medios privados de carácter nacional, aunque la medida no corría para los medios regionales y locales.
En esta disputas intervienen no solo actores nacionales sino internacionales, como el grupo Prisa de España, la CNN, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las agencias financieras de Estados Unidos, como la USAID, la NED, etc que apoyan a ONGs, como Fundamedios o el Grupo Faro. Con dinero proveniente del exterior se organizan observatorios y se elaboran informes sobre la violación a la “libertad de expresión”, se formulan alertas urgentes en las redes, se convocan a concursos, se “capacita’’ a periodistas y a la sociedad civil y se presentan demandas contra el gobierno en los ámbitos nacionales e internacionales. Por este trabajo no solo reciben dinero sino apoyo político y diplomático que se expresa en la asignación de reconocimientos y premios.
Avances constitucionales
En el país se han registrado avances (como la conformación de medios públicos), pero todavía queda un amplio trecho que recorrer en materia de democratizar la comunicación.Comencemos señalando que en el campo jurídico hubo progresos con la incorporación en la nueva Constitución del 2008 de varios artículos que reconocen los derechos a la comunicación, la información y a la cultura en el mismo nivel que otros derechos igualmente vitales para el ser humano como son la salud, la educación, el buen vivir y otros. Se registra avances igualmente en el empeño de democratizar la comunicación y repartir las frecuencias radioeléctricas equitativamente entre los sectores privados, comunitarios y públicos. Para las comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a “crear sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna”, y el derecho a que “la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación y en los medios de comunicación” (Art 57-21) Cabe indicar que en la elaboración de las propuestas que finalmente se incorporaron en la Constitución jugó un rol destacado el Foro Ecuatoriano de la Comunicación (FEC) compuesto por una veintena de entidades académicas, gremios profesionales, medios alternativos y organizaciones indígenas.
Cabe resaltar también que la Constitución, aprobada por el 64% de ecuatorianos, prohibió que las entidades o grupos financieros controlen la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social (Art 312). Posteriormente, en un referéndum realizado en mayo de 2011, una mayoría de ecuatorianos aprobó una reforma legal que prohíbe que “las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.
Una ley postergada
El siguiente paso, para que se hicieran efectivos los derechos y avances consagrados en la Constitución, era la expedición, por parte de la Asamblea Nacional, de una Ley de Comunicación, que, según disponía la Carta Magna, debía ser aprobada en un plazo de un año.Han transcurrido más de cuatro años y esta Ley no ha podido ser aprobada, pese a que en el mencionada referendo de mayo de 2011, el pueblo se pronunció porque la Asamblea Nacional, sin dilaciones, promulgue una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.
En la tarea de impedir la aprobación de la Ley de Comunicación han confluido las fuertes presiones de los poderes fácticos (nacionales e internacionales) y el boicot de los asambleístas de oposición de derecha e izquierda que han hecho causa común con los grupos mediáticos privados para los cuales la “mejor ley es la que no existe”. En este tema cabe señalar que hubo vacilaciones en el propio bloque legislativo oficialista de Alianza País puesto que cuando éste tuvo mayoría en la Asamblea no le dieron la importancia que tenía y no la tramitaron y aprobaron con la celeridad que el caso ameritaba. Cuando el bloque de gobierno perdió la mayoría, ya era tarde, porque se unieron las bancadas de derecha y de izquierda (Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachakutik) para poner un freno a la Ley de Comunicación argumentando que daría más poder al Presidente Correa para controlar los medios de comunicación a través del Consejo de Regulación.
Algunos de los planteamientos formulados por el Foro Ecuatoriano de la Comunicación y, cuando éste dejó de funcionar, por las organizaciones de comunicación y derechos humanos[9] , fueron recogidos en el último proyecto de Ley de Comunicación que se encuentra en la Asamblea Nacional para su aprobación en un segundo debate.
El proyecto de 128 artículos establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho a la comunicación y democratiza la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las frecuencias (33% para medios públicos, 33% para privados y 34% para comunitarios).
Pero como la torta radioeléctrica se encuentra concentrada en más de un 95 % manos privadas y queda poco para los otros sectores, el proyecto de ley dispone que esa nueva distribución se alcance de manera progresiva, mediante la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente (porque en anteriores gobiernos, se pagaba con frecuencias los votos en el congreso) y la asignación de las todavía disponibles. Este mismo criterio equitativo se aplicaría cuando entre en vigencia la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión.
Estas disposiciones afectan los bolsillos de los propietarios de los medios y ello explica la forma virulenta y agresiva con la que éstos han reaccionado en contra de esta ley, argumentando que viola “la libertad de expresión”.
Pero los patrones de los grandes periódicos y revistas también tienen sus motivos para estar preocupados. En el proyecto de Ley de Comunicación se establece el principio de la transparencia. Se obliga a los medios impresos a difundir en cada una de sus publicaciones el número de ejemplares que ponen en circulación (Art 97). El secreto mejor guardado de los impresos es su tiraje. Ni siquiera las agencias de publicidad lo conocen. También les obliga a seguir ciertas normas para evitar la manipulación: responsabilizarse de las informaciones y opiniones que difundan; diferenciar las noticias de las opiniones; cuidar que los titulares se correspondan con los contenidos de las informaciones; rectificar a la brevedad posible las informaciones y opiniones que se han demostrado falsas, entre otras.
El proyecto promueve la comunicación intercultural y plurinacional (artículos 15 y 35) y fomenta el desarrollo de los medios comunitarios mediante acciones afirmativas como crédito y exoneración de impuestos para la compra de equipos, acceso a capacitación, participación en la publicidad estatal (art. 102), entre otros. Además contiene artículos para fomentar la producción musical y audiovisual del Ecuador.
Medios públicos y comunitarios
Si comparamos el panorama actual con el que imperaba hace 6 años, algunas cosas han cambiado. Ahora tenemos, por primera vez, medios públicos (Ecuador TV, Radio Pública del Ecuador, Diario el Telégrafo, la radio de la Asamblea Nacional, entre otros) que se crean con la lógica del servicio público y no del lucro, que es la que domina a los medios privados. Una crítica frecuente que se les ha hecho a estos medios públicos como también a los incautados a los banqueros (Gamavisión, TC Televisión, entre otros) es que tienen un sesgo gubernamental. De cierta manera esto es así, pero lo importante de destacar es que los medios públicos ya están creados y funcionando, tienen aciertos y falencias (ciertamente son medios en construcción), pero esto mismo obliga a abrir un debate público sobre su rol en la generación de nuevos valores, identidades y consensos [10] y sobre su autonomía económica, organizativa y editorial. Indudablemente hace falta también un marco regulatorio que debería ser provisto por la Ley de Comunicación cuya aprobación, como señalamos, está pendiente.
Otro elemento a considerar es que el sector comunitario de la comunicación no ha podido despegar ni desarrollarse, como era de esperarse. Sin embargo, el gobierno, a través de la Secretaría de Pueblos, ha entregado en el 2012 catorce radios a pueblos indígenas, lo que les permitirá comunicarse en sus propias lenguas. En este proyecto se han invertido dos millones de dólares y el mismo incluye la instalación de equipos, capacitación y ayuda técnica durante el primer año. Para el 2013 el gobierno prevé entregar 20 emisoras más. Para el 2015 se espera completar 57 emisoras comunitarias incluyendo a pueblos afros y montubios. [11]
La organización indígena Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha manifestado su desconfianza respecto a este proyecto gubernamental, señalando que al entrega de unas pocas frecuencias para algunas nacionalidades tiene un alcance de un kilómetro, lo cual es una “burla y un engaño” porque “los pueblos necesitamos medios de comunicación (radios y TV) de alcance nacional y regional”. [12]
El Foro de la Comunicación se disolvió y finalmente desapareció, dejando que sean únicamente los organismos y redes de comunicación alternativa los que sigan pronunciándose, aunque sin regularidad y sin alcanzar la suficiente fuerza social como para provocar cambios sustanciales que permitan fortalecer la esfera pública, que es la esfera de universalización de los derechos de la comunicación.
Ahora el destino final de la Ley de Comunicación dependerá de quien gane las elecciones presidenciales y parlamentarias.
[2]Alianza País, Programa de Gobierno 2013-2017, 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir, http://www.movimientoalianzapais.com.ec/
[10] El sociólogo brasileño Emir Sader sostiene que una prensa pública no solo debe ser una prensa de debate, sino también una prensa de construcción de nuevos valores, porque no hay otra forma de vida hoy día que dispute la hegemonía de la forma de vida norteamericana y permita la construcción de una hegemonía alternativa a la neoliberal, ver: Emir Sader ¿Qué es una prensa pública?, enComunicación, cultura y política, Quito, FLACSO, 2008, p. 114-115
