Por Raúl Crespo.
En momentos que el INEC (instituto nacional de estadísticas y censos) da a conocer los resultados del censo poblacional y económico que indica que los ecuatorianos suman 14.500.000 y, a la vista de los últimos acontecimientos políticos, producidos en gran parte por la mediocridad de la Asamblea Nacional, el gobierno cayó en un estancamiento político, necesita saber cuántos hilos están tendidos a favor y si todos ellos no son más que una pequeña parte.
El gobierno presiente el peligro que amenaza su credibilidad, pero, sobre todo, no quiere perder ocasión tan propicia para realzar su poder y lo demuestra el hecho de la consulta o reforma constitucional aun cuando el pueblo no pueda ver ni saber nada de eso, porque, como la mayoría de los pueblos no leen la constitución.
La consulta popular es una gran oportunidad para enterarse de cuánto se ha desgarrado su gestión y popularidad, porque, la paupérrima actividad de la coordinadora de la política Doris Solís, encargada de leer lo que le dictan de arriba por la poca proyección socio política que hace gala, es un estorbo más que una ayuda para el gobierno y desnuda las flaquezas de la revolución ciudadana.
Hace unos 15 días el gobierno del presidente Correa, entrego a la Corte Constitucional las preguntas para preguntar al pueblo si quiere que se reorganice la Corte de Justicia, aprobar la ley de comunicación archivada en la Asamblea, que los banqueros se dediquen solo a su actividad de la banca y no sean propietarios de medios de comunicación, si sería un delito que los trabajadores no sean afiliados al IESS (instituto ecuatoriano de seguridad social) son entre otras, las preguntas más importantes.
Después, las preguntas sobre las corridas de toros o peleas de gallos entre otras, son asuntos que estaban pendientes y que se aprovecha el referéndum para que el pueblo se pronuncie. Los indígenas, un sector de ellos ya anunciaron que dirán NO, los campesinos votaran a favor del SI, así como unos 3 millones más de ecuatorianos por las obras grandes, medianas y pequeñas: puentes, carreteras, aeropuertos, hidroeléctricas, centros de salud, el bono de desarrollo, la salud y educación gratuitas, por las 190000 viviendas construidas y por la ayuda a los más pobres e inválidos en los mas recónditos sitios de la nación a cargo de la vicepresidencia de la República sostiene la popularidad del presidente. La inversión social realizada por el gobierno de Rafael Correa no tiene comparación en la historia del Ecuador.
Sin embargo, persiste la sensación de fragilidad del gobierno y no solo por la situación económica del país, todos los años con huecos fiscales a pesar del costo por el barril de petróleo situado en 85 dólares actualmente, el presupuesto para el gasto fiscal del 2011 se lo fijo en 73 dólares el barril, el petróleo equivale al 47% del presupuesto, pero, hay un desequilibrio en la balanza comercial de más o menos unos 2000 millones de dólares, y ese no es el principal problema, el problema mayor está en que la revolución ciudadana para sostenerse depende en un 56% de la credibilidad del presidente según los últimos sondeos.
Los subsidios de los combustibles le cuestan anualmente al Estado 4000 millones de dólares, incluso superando los ingresos netos petroleros de 3700 millones de dólares, los subsidios equivalen al 13% del presupuesto del Estado, o al 7% del PIB. El GLP (gas licuado de petróleo) de todos los combustibles subsidiados es el que presenta mayor problema por ser utilizado en actividades distintas a las domesticas, la gasolina extra y súper ofrece beneficios por el subsidio a todos no solo a los más pobres, son temas que no se pueden posponer mas y están entretenidos en la consulta. La actitud del pueblo boliviano alerto a los gobiernos en la región que estudian con lupa el incremento del precio de los combustibles.
Estructuras públicas y políticas como las Cortes, fiscalías, Asamblea Nacional, policía, alcaldías, ministerios, están sumidas en la mediocridad e inundadas por la corrupción y se resisten a cambiar, son caldo de cultivo para la desestabilización, Ecuador está en emergencia sanitaria, la gratuidad de la consulta y la medicina desbordo la capacidad hospitalaria, de 4 millones se paso a 30 millones de consultas y demostró la mediocridad del ministerio de salud sumido en la rutina.
A inicio de año el gobierno anuncio que las medicinas se gravarían con IVA lo que produciría un descontento en el pueblo así el alza sea para medicinas especificas, pero, para mejorar la salud ecuatoriana no es cuestión de inyectarle recursos económicos por la corrupción en los hospitales y en los mismos funcionarios del ministerio, el 35% de la población atendida recibe medicina gratuita el otro 65% tiene que comprarla en las farmacias que rodean los hospitales abastecidas de medicamentos subsidiados, a mas de eso, la cultura sanitaria de la población esta cimentada en la automedicación que bordea la fármaco dependencia, cultura del pueblo que la hace muy atractiva para las cadenas privadas de venta de medicina Ecuador, es un gran negocio para el negociado de las medicinas.
Por otro lado, el quinto poder El Consejo de Participación Ciudadana, es el último de los poderes, nació prematuro y el gobierno ya se dio cuenta de su poca eficiencia política a pesar que el directorio es gente del canciller Patiño, hombre de confianza del presidente Correa, sin embargo de eso no es confiable y no debe existir, ellos, los del Consejo deben elegir a los miembros de la judicatura así como a los miembros de la función judicial, entonces, ¿para que la consulta?
Las deserciones de asambleístas de país, movimiento que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, así como del movimiento ruptura 25 y de dos de sus secretarios de transparencia y de los pueblos, la formación de grupos de ex constituyentes, de ex presidentes, periodistas y gente “prominente” de la politiquería opuestos a la consulta parece multiplicarse y aliarse con la oposición, en esas circunstancias se vislumbra otro Venezuela 2007 en Ecuador.
Pero, la mayor cantidad de dinamita para la bomba de tiempo que se está armando en Ecuador, sigue siendo la policía, se ve, se percibe ese malestar después del 30 de septiembre del 2010, día de la revuelta policial el gobierno se dio a la tarea de arrinconarlos, paulatinamente, les quito todos los frentes económicos que históricamente ayudaban a su corrupción.
La policía de tránsito que anualmente generaba unos 25 millones de dólares paso por decreto a los municipios, transito organizaba las pre cooperativas de transporte en conjunto a los sindicatos de choferes, estos entregaban las licencias de manejo verdaderas armas de destrucción masiva por la cantidad de muertos y heridos en las carreteras y calles del país.
Lo último, que la administración de la policía paso a cargo del ministerio del interior, se termino los cheques firmados por los generales, todos los policías administrativos saldrán a las calles a mejorar la seguridad o, a sostener la inseguridad por el malestar existente con el gobierno desde el 30 de septiembre, más aun, cuando los policías investigados por el intento de asesinato al presidente pasaron a la cárcel común donde están los delincuentes que ellos ayudaron a capturar.
La Corte Constitucional suspendió los procesos revocatorios que se venían ejecutando en el país 15 para los meses de enero y febrero de 400 solicitudes presentadas incluido la del presidente Correa, quien afirma que no quiere ser excluido de la revocatoria en donde el tinterillo de Carlos Vera, ex presentador de TV dice tener más 1300000 firmas de las 1700000 que se requieren para pedir la destitución del presidente. La suspensión de los revocatorios produjo “sorpresa” en la Asamblea, hecho que obligo al Consejo Electoral a pronunciarse como un fallo ilegal y que puede destituir a los consejeros de la Corte Constitucional si no enmiendan la decisión.
La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la factibilidad de la consulta popular en los próximos días.
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