Por Alberto Pradilla.
Un nuevo juicio político sentará en el banquillo a 13 ciudadanos vascos a partir de hoy. Se enfrentan a penas de entre 9 y 7 años de cárcel, acusados de «integración» y «colaboración» con ETA, por poner en marcha las candidaturas Demokrazia 3 Milloi (D3M) y Askatasuna, que pretendían recoger el voto de izquierdas y abertzale en las elecciones al Parlamento de Gasteiz celebradas el 1 de marzo de 2009. Varios de ellos fueron arrestados el 23 de enero, recuperando la libertad tras los comicios. Al resto los citó posteriormente la Audiencia nacional española. Pero sobre todo esta operación policial sirvió de base para la sentencia emitida por el Supremo el 9 de febrero por la que ilegalizó ambas plataformas electorales y que fue ratificada posteriormente por el Constitucional.
Con ello, por primera vez en los últimos 30 años, la Cámara de Gasteiz no tuvo una representación de izquierdas y abertzale. Una anomalía producto de la política de ilegalizaciones que tendrá su continuidad con el juicio que se llevará a cabo, según las previsiones, los días 3, 4, 7, 8, 9, 17 y 18 de mayo.
Informes «ad hoc»
A juicio de la defensa, ejercida por Jone Goirizelaia y Kepa Landa, el proceso es consecuencia de la decisión del Estado de vetar a la izquierda abertzale e «impedir que tenga representación institucional».
Como es habitual en estos casos, Policía española y Guardia Civil elaboraron unos unos informes ad hoc con los que vinculan D3M y Askatasuna a Batasuna y que se presenten como si fueran análisis periciales. Unos documentos en los que luego se apoyarían el Supremo y el Constitucional para vetar las listas. «La única razón por la que estas personas van a ser juzgadas es por su intención de presentarse a unas elecciones», subraya Goirizelaia.
El contexto político ha virado radicalmente desde aquella macrorredada de 2009. La ilegalización sigue vigente, ya que Sortu está a la espera de la resolu- ción del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Parlamento de Gasteiz es ahora el único oasis de veto político donde la izquierda abertzale no tiene representación, después del éxito electoral de las coaliciones Bildu y Amaiur. A pesar de ello, el proceso contra estos 13 ciudadanos vascos sigue en pie.
«No tiene sentido político ni jurídico», denuncian desde la defensa, que en su escrito de conclusiones finales insta a la libre absolución de todos los imputados. «No se imputa a ninguno de los acusados más actividad concreta que la que tiene que ver con el estricto ejercicio de sus derechos fundamentales», argumenta, llamando la atención sobre el hecho de que toda la documentación incautada durante los registros domiciliarios es de «carácter político».
En la relación de pruebas facilitadas por los agentes se encuentra una abundante lista de manifiestos y textos sobre cuestiones como Educación, TAV, accidentes laborales o euskara. Además, se cita como evidencia la participación en reuniones o ruedas de prensa. Pruebas de que, en efecto, los acusados son personas activas en la vida pública y política de Euskal Herria. Dicho de otra manera: «La actuación de los acusados no ha sido controlada, ni auspiciada, ni ideada, ni financiada por ETA ni por ningún otro partido u organización que haya sido declarada ilegal por los tribunales».
Al margen de las motivaciones políticas, la defensa denuncia también las condiciones en las que llega el juicio. El lunes comparecieron todos los imputados (salvo Aitor Ligerzana, que actualmente se encuentra en prisión) para alertar sobre su «indefensión». En primer lugar, todavía no ha sido comunicada la composición del tribunal. Serán juzgados por la sala primera, pero la sustitución de Javier Gómez Bermúdez por Fernando Grande Marlaska como jefe de la Sala de lo Penal deja al primero fuera del juicio. Y sin sustituto conocido. Un hecho impide realizar recusaciones.
Además, la mayor parte de los testigos propuestos por los abogados defensores han sido rechazados. En total, solo tomarán la palabra seis de los 64 designados. La sala no ha explicado el porqué de esta decisión, que contrasta con la «manga ancha» con la que ha evaluado las pruebas de la Fiscalía, a quien ha aceptado todos los testigos.
El objetivo de estos últimos será vincular a D3M y Askasuna con Batasuna. Para ello, policías y guardias civiles que redactaron los atestados o participaron en seguimientos se presentan como peritos, esto es, supuestos expertos imparciales. Esto es consecuencia de la doble vía adoptada por el Estado a la hora de vetar las listas abertzales. Por una parte, por lo penal, donde los instructores elaboraban los informes presentados luego como peritajes. Por otra, por lo administrativo, donde el Supremo y el Constitucional avalaba estas tesis gracias a estos documentos. Una treta que ya se rechazó en el juicio contra Udalbiltza.
Fuente: Gara
