Por Pino Solanas.
Martín Fierro: ”algun dia habremos de llegar/ después sabremos adonde”.
El debate abierto en torno a la recuperación de YPF, y aún sin conocer el proyecto oficial, lo celebro como el triunfo de los que venimos instalando en la opinión pública la necesidad de recuperar nuestro petróleo y la soberanía energética. Han pasado veinte solitarios años desde aquel atentado que sufriera por denunciar la escandalosa privatización de YPF y Gas del Estado con sobornos y falsos diputados. Advertíamos que el modelo privatista nos llevaba al vaciamiento y al endeudamiento. No le erramos. Menem prometió multiplicar las reservas petroleras y desde el 2007 perdimos el autoabastecimiento: este año importaremos por mas de U$S 11.000 millones. No fue todo: Néstor Kirchner posibilitó la prorroga de las concesiones de Menem por 30 años y el vaciamiento de YPF al permitir que girara a Repsol el 90% de sus utilidades con la llamada “argentinización”.
En buena hora se quiera cambiar el rumbo, pero exige plantearnos para qué y cómo lo haremos. Somos el único país del mundo que sigue con un modelo privatizador que nos costó la mayor descapitalización de nuestra historia. ¿Qué se propone hacer el gobierno: un negocio para beneficios de nuevos Eskenazi o un acto soberano y responsable que le aporte al conjunto de la Nación? Cuando los consejeros del gobierno son los que destruyeron YPF –como Roberto Dromi- y los salvadores los beneficiados privados, parece cierto lo que afirmaba el gobernador Buzzi, de Chubut: “no se quiere estatizar sino recuperar las áreas para volver a privatizar” . Está licitando las áreas que le rescindió a Repsol y seguramente pasarán a Pan American, Techpetrol u Oil, de Cristóbal López. No nos asusta que se cancelen concesiones: todos los contratos tienen cláusulas de rescisión por incumplimiento o daño ambiental. Ningún gobierno le exigió a las petroleras que cumplieran con las inversiones para reponer las reservas extraídas.
Con el remanido argumento de que “hace falta mucha inversión y se necesitan socios” se quiere hacer de YPF una empresa mixta. Recordemos la penosa experiencia de las privatizaciones de los años 90 que incluyeron a los grupos económicos locales: la inversión y las pérdidas fueron para el Estado y los beneficios para las empresas. Hace falta invertir para mantener el nivel de reservas, pero es un mito que para hacerla haya que llamar a los privados o al capital extranjero. Los márgenes de ganancia de nuestra industria petrolera son holgados: YPF –según su balance- produce el barril a un costo de 6 a 7 u$s, lo vende a las refinerías a u$s 50 y el precio internacional supera los u$s 100.
De la nada, Argentina desarrolló la primera industria petrolera del hemisferio sur sin recurrir a la inversión extranjera: Mosconi invertía lo que ganaba o lanzaba un bono público, como lo hace hoy Petrobrás. Cuando Lula necesitó mas inversión para explotar la cuenca marítima, asoció a bancos públicos y los fondos de inversión de los jubilados y obras sociales. YPF puede comprarse de varias formas: 1) con un bono publico con aval del BCRA: el valor de mercado de YPF hoy es de u$s 9.000 millones; 2) tomando un crédito bancario con aval de las reservas, tal como lo hicieron los Eskenazi para comprar sin plata. Entre los proyectos de ley que presentamos en la HCDN esta un fondo de desarrollo con aportes el BCRA y la creación de Yacimientos Petrolíferos Federales, una empresa 100% pública con la participación de las provincias.
La nueva petrolera debe protegerse de la politiquería y las corruptelas: junto a los controles públicos, debe incorporarse el control social de los consumidores, trabajadores y técnicos. Hemos perdido 20 años: en la plataforma del Atlántico Sur, Argentina tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo: ¿la seguiremos regalando?¿No basta el ejemplo de Brasil o Noruega que explotando las áreas marítimas con sus petroleras públicas, produjeron un extraordinario desarrollo y bienestar para sus países? La creación de una nueva YPF es un asunto estratégico que debe surgir de una gran política de Estado para beneficio del conjunto del pueblo argentino.
