Desde el antichavismo son muchas, pero no distintas, las reacciones y dudas en torno al nuevo dispositivo que intenta implementar la Administración Trump a través del diputado Juan Guaidó. Se trata de la llamada «Consulta Popular», cuyo propósito anunciado es indagar si los venezolanos «apoyan todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se celebren elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables».
Asimismo el supuesto acto electoral pregunta sobre el rechazo a las elecciones legislativas, convocadas para el próximo 6 de diciembre para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución venezolana. El antichavismo las ha tildado de «fraude» por no cumplir con las «condiciones exigidas».
¿Consulta o más de los mismos?
La fracción que controla Guaidó, autoproclamada también como Asamblea Nacional, aprobó el pasado 1° de octubre un acuerdo para promover una consulta popular y exhortar a instancias internacionales a continuar respaldándoles.
Su período vence el 5 de enero de 2021, según el artículo 219 de la Constitución.
Según Guaidó, la consulta está orientada también a «consultar los mecanismos y banderas de lucha», e hizo un llamado a todos los sectores a sumarse a la iniciativa del «Pacto Unitario» y expresar su descontento a través de protestas y movilización.
El pasado martes 13 juramentaron a los integrantes del Comité Organizador, a quienes Guaidó calificó de «ciudadanos emblemáticos en la historia de la política venezolana». El comité quedó conformado por:
Enrique Colmenares Finol (ex ministro del Ambiente de CAP)
Blanca Rosa Mármol de León (ex magistrada del TSJ)
Carolina Jaimes Branger (escritora)
Horacio Medina (de Gente del Petróleo)
Rafael Punceres (consejero UCAB)
Estefanía Cervó (consejera UCV)
Isabel Pereira Pizani (socióloga)
«Pudiera verse como un acto simbólico, también sabemos que no es suficiente, el manejo de la expectativa, la posibilidad de movilización en pandemia, sin gasolina, todo eso lo hemos sopesado, todo eso se ha sopesado para hacer esta propuesta al país y a la comunidad internacional para que la respalde», dijo el diputado saliente apoyado por el gobierno estadounidense, el mismo que bloquea la producción o compra de gasolina y de medicamentos para enfrentar la pandemia.
Tiempo de preguntas incómodas
Por su parte el economista Francisco Rodríguez, antichavista y director de la Fundación Petróleo por Venezuela, publicó vía Twitter una serie de reflexiones en las que afirma que el llamado del «Poder Legislativo» está facultado para llamar a la consulta y sugiere participar en ella.
1. Abro hilo con reflexiones sobre la #ConsultaPopular planteada por la @AsambleaVE. Comienzo por afirmar que el Poder Legislativo llama a esta consulta en pleno uso de sus facultades constitucionales, por lo que creo pertinente participar en ella. https://t.co/4SzE51AZj9
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) October 14, 2020
Sin embargo hace observaciones sobre la redacción de las dos preguntas que se someterían a consulta argumentando razones válidas para votar «No» en una o ambas. Veamos.
La pregunta Nº1 reza «¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?».
Al respecto Rodríguez argumenta que, al expresar su apoyo a «todos los mecanismos de presión nacional e internacional», podría leerse como un mandato de los ciudadanos el pedir más medidas coercitivas económicas que nos perjudican a los propios venezolanos.
La pregunta Nº2 plantea «¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?».
Sobre esta interrogante el economista argumenta que «un voto afirmativo puede ser interpretado como un mandato para descartar negociaciones sobre fecha y condiciones electorales como ha planteado la Unión Europea».
Este primer tramo de comentarios refleja lo que hace rato se hace evidente en varios sectores de la oposición: existe incomodidad en lo antipolítico que ha resultado el «plan Guaidó»; su renuncia a los distintos mecanismos de diálogo se ha sumado al engaño que han resultado las medidas coercitivas unilaterales, llamadas «sanciones», vendidas como una manera de arrinconar al liderazgo chavista.
En el plano real, tanto la antipolítica y las sanciones han afectado más a la ciudadanía que a los actores políticos convencionales. Por un lado se le ha negado, tanto a chavistas como a antichavistas el derecho a la participación y a la negociación en temas políticos por decisiones que evaden la política como escenario de confrontación de intereses instruidas por Washington, entre ellas la de no participar en la designación de nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además se le niega el derecho al bienestar social con los efectos que las «sanciones» han tenido en la salud, alimentación, entre otros, lo que induce a un permanente estado de confrontación y crisis que luego es atribuida a «fallas de gestión».
Sobre el derecho a votar «No» y otros vacíos
Contando con la probabilidad de que hayan venezolanos interesados por votar «No», Rodríguez se pregunta sobre los mecanismos que garanticen sus derechos y «el derecho del país a un escrutinio transparente y justo».
Plantea la duda respecto a si los partidarios del «No» podrán estar representados mediante testigos en las mesas de escrutinio y en la sala de totalización, o si existirán mecanismos para auditar en tiempo real los resultados e impedir cualquier intento de alteración.
Agrega más interrogantes como la existencia de un mínimo absoluto de votos que se requerirá para considerar válida la consulta, si se aprobarán ambas preguntas si una mayoría vota «Sí» independientemente del nivel de participación. Además pregunta por qué están representados sólo los proponentes a favor de la «Consulta Popular» en el Comité Organizador a cargo del escrutinio.
Más preguntas:
5. Dada la probabilidad de que algunos venezolanos decidan votar “No” basándose en estos u otros argumentos, es pertinente indagar sobre los mecanismos que se usarán para proteger sus derechos así como el derecho del país a un escrutinio transparente y justo.
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) October 14, 2020
Es evidente que las dudas expuestas en el hilo de Twitter hecho por Rodríguez no sólo denota los vacíos organizativos que aún posee la «Consulta» que promueven Guaidó y el sector que lo apoya, además denota que no es un llamado democrático porque no garantiza igualdad de oportunidades para quienes promuevan el «No».
Sin embargo, sus «críticas» al Poder Electoral parecen tener mayor interés para ellos, por las cuales han justificado golpes de Estado, invasiones, magnicidio frustrado, quema de chavistas y demás delitos.
En el caso de la «nueva idea» de Guaidó no se avizoran garantías de ningún tipo para quienes no estén de acuerdo con la continuación de las «sanciones» y los demás «mecanismos de lucha» con los que han venido fracasando sistemáticamente.
El plan estadounidense no entiende el pensamiento y sentir de la población que vive en Venezuela, actuando de manera contraria, atacándola.
La verdadera motivación: Continuación del «plan Guaidó»
Analistas del mismo antichavismo interpretan que, más que un acto simbólico, se trata de una estrategia inconstitucional de ese sector del antichavismo para darse continuidad indefinida ante las instituciones venezolanas, en el marco de una organización (misérrima) que pretende reemplazar al Estado venezolano y la Constitución de facto.
Incluso el politólogo Dimitri Pantoulas, asiduo de la mediática globalizadora, declaró que «se está pidiendo algo inconstitucional en realidad, que se puede mantener el periodo de la Asamblea Nacional sin determinar cuándo termina o poniendo una fecha que no depende del pueblo venezolano», agregando: «¿Esto qué significa? Que la presidencia de Guaidó puede durar lo mismo que el régimen de Nicolás Maduro».
Según Pantoulas la motivación de la consulta está más en sintonía con la continuidad de Guaidó que con un cambio político. Por otra parte, al parecer ya se han generado rencillas en Primero Justicia mientras voceros de sectores que se autodenominan «resistencia» han interpelado la convocatoria calificándola de «payasada».
¿Ellos consultaron Oslo y Barbados?
¿Consultaron del 23 de Febrero?
¿Consultaron el 30 de Abril?
¿Consultaron el pacto de impunidad?
¿Consultaron la Operación Gedeón?Conmigo no cuenten para sus payasadas.
— Raymond K. Azar ???? (@AzarMaidana) October 1, 2020
Otros coinciden en que se trata de una nueva operación de captación de dinero proveniente de lo robado por el gobierno estadounidense al patrimonio nacional.
No hay garantías de que sea un acto democrático, no hay un árbitro que garantice imparcialidad, no hay transparencia en el uso de los recursos, se desconoce cuál es el origen de los mismos, no se sabe si se trata de pedir más sanciones, intervención militar o avalar más actos de corrupción.
Pareciera que pondrán en práctica lo que tanto han acusado al Ejecutivo y a otros poderes públicos. El naufragio de ese plan es evidente, y lo que no encuentran es una manera decente de cerrar el capítulo de otra derrota.
Fuente: Misión Verdad
