Por Dana Frank.
Es hora de reconocer el desastre que la política exterior de los Estados Unidos ha producido en Honduras, al haber apoyado la administración de Porfirio Lobo. Desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que derrocó al presidente democráticamente electo de Honduras, José Manuel Zelaya, el país ha ido descendiendo al abismo en materia de derechos humanos y de la seguridad ciudadana. Ese abismo, en buena medida, ha sido creado por el Departamento de Estado.
Los titulares noticiosos han estado llenos de historias de horror sobre Honduras. De acuerdo a las Naciones Unidas este país ahora tiene la mayor tasa mundial de homicidios, y San Pedro Sula, la segunda ciudad, es más peligrosa que Ciudad Juárez, en México, que ha sido centro para la violencia del narcotráfico.
Gran parte de la prensa en los Estados Unidos ha atribuido esta violencia únicamente al tráfico de drogas y a las pandillas, pero, en realidad, el golpe de Estado fue lo que abrió las puertas del enorme incremento en el tráfico de drogas y la violencia, y desató una ola continua de represión estatal.
El actual gobierno del presidente Lobo llegó al poder en noviembre de 2009, en unas elecciones administradas por los mismos personajes que perpetraron el golpe de Estado. La mayoría de los candidatos de la oposición se retiraron en señal de protesta, y los observadores internacionales más importantes boicotearon las elecciones, excepto el National Democratic Institute y el Instituto Republicano Internacional, financiados por los Estados Unidos.
El presidente Obama reconoció rápidamente la victoria del Sr. Lobo, aún cuando no lo hiciera la mayoría de países latinoamericanos. El gobierno del señor Lobo es, de hecho, un hijo del golpe de Estado: conserva la mayor parte de las figuras militares que perpetraron el golpe de Estado, y nadie ha sido encarcelado.
Esta cadena de eventos – un golpe de Estado que Estados Unidos no detuvo, por el contrario, aceptó unas elecciones fraudulentas – se ha convertido en un invernadero para la corrupción. El sistema judicial no funciona. Prevalece la impunidad. Al menos 34 miembros de la oposición han desaparecido o han sido asesinados y más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde el golpe de Estado, de acuerdo con la principal organización de derechos humanos COFADEH. Y al menos 13 periodistas han sido asesinados desde que el Sr. Lobo asumió el cargo, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Se cree que la policía, en Tegucigalpa, la capital, mató al hijo de Julieta Castellanos, rectora de la universidad más grande del país, junto con un amigo suyo, el 22 de octubre de 2011. Altos funcionarios de la policía rápidamente admitieron que los sospechosos eran policías, pero no lograron detenerlos inmediatamente. Algunas figuras prominentes habían denunciado que la policía está llena de escuadrones de la muerte y narcotraficantes, el acusador más famoso era un ex comisario de policía, Alfredo Landaverde, quien fue asesinado el 7 de diciembre. Ahora el gobierno ha comenzado a realizar detenciones de importantes agentes de policía.
Continúa la represión avalada por el Estado. Según Cofadeh, por lo menos 43 activistas campesinos que participan en luchas por la tierra en el Valle del Bajo Aguán han sido asesinados en los últimos dos años y medio a manos de la policía, el ejército nacional y el ejército de seguridad privada de Miguel Facussé. El señor Facussé se menciona en los cables wikileaks de la embajada de los Estados Unidos como el hombre más rico del país, un gran defensor del régimen post-golpe de Estado y propietario de tierras utilizadas para la transferencia de la cocaína.
Y, sin embargo, a principios de octubre, Obama elogió a Lobo en la Casa Blanca por el liderazgo de una “restauración de las prácticas democráticas.” Desde el golpe de Estado, los Estados Unidos ha mantenido y en algunas zonas incrementado el financiamiento militar y policial en Honduras y también ha ampliado sus bases militares allí, según un análisis realizado por el Movimiento de Reconciliación. El Congreso, sin embargo, finalmente ha comenzado a retroceder. En mayo pasado, 87 miembros firmaron una carta a la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton pidiendo una suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras. El Representante Howard L. Berman de California, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, escribió una carta a Hillary Clinton, el 28 de noviembre, cuestionando si los Estados Unidos estaba armando un régimen peligroso en ese país. Y en diciembre, el senador Patrick J. Leahy, demócrata de Vermont, y otros lograron reducir con condiciones una pequeña parte del presupuesto de 2012 de ayuda para la policías y los militares destinados para Honduras.
¿Por qué el Departamento de Estado da el espaldarazo a la administración de Lobo pese a la evidencia brutal de la corrupción del régimen? En parte porque se ha rendido ante el electorado cubano-americano de la representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana y presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, y sus aliados. Ellos han sido feroces contra Honduras utilizándola como primera ficha de dominó con la que pretenden contraarrestar la línea de los gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que han ganado elecciones en América Latina en los últimos 15 años. Con su base aérea estadounidense, Honduras también es crucial para la estrategia militar de Estados Unidos en América Latina.
Como Honduras se sumerge en un abismo trágico, es el momento para cortar finalmente toda la ayuda militar y policial. “Dejen de alimentar a la bestia” es la forma en la que la Sra. Castellanos, la rectora, cuyo hijo fue asesinado, se expresa. Ella, al igual que otros defensores de los derechos humanos, insiste en que el gobierno de Lobo no puede reformarse a sí mismo.
El Departamento de Estado está empezando a ayudar a resolver la situación detrás del escenario. Sin embargo en Honduras activistas de derechos humanos, junto con muchos de nosotros en los Estados Unidos que nos preocupamos por Honduras, no creemos que este gobierno puede o debe manejar la limpieza de la fosa séptica que Los Estados Unidos ayudó a crear mediante el apoyo a un gobierno que nació y llegó al poder en le marco de un golpe de Estado.
En su lugar, tenemos que respetar las propuestas de enfoques alternativos que en Honduras los defensores de los derechos y la oposición están empezando a formular. Estos provienen de personas que todavía están luchando contra el golpe de Estado y que continúan aun con el riesgo de pagar con su propia vida ese esfuerzo ya que pueden ser asesisinados a tiros por las fuerzas de seguridad del Estado.
Ellos, los hondureños y no el Departamento de Estado, tienen el derecho de conducir su país hacia adelante.
Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, está trabajando en un libro sobre la guerra fría, la AFL -CIO, la intervención en el movimiento obrero hondureño.
Traducción: Roberto Quesada.
Fuente original: http://www.nytimes.com/2012/
